(Y la iniciativa energética de Peña Nieto)
Por Víctor Flores Olea
El gobierno de Enrique Peña Nieto se propone con su reforma eliminar los artículos 27 y 28 constitucionales que prohíben la participación privada en la propiedad y usufructo de los hidrocarburos. Lo que pretende es otorgar manos libres a los empresarios privados, también extranjeros, sobre un recurso que desde 1938 –fecha de la nacionalización del petróleo por Lázaro Cárdenas–se considera un bien de la nación. Entre sus ofertas de mercadotecnia están los contratos de utilidad compartida con empresas petroleras privadas, con base en el control que ejerce su partido sobre una mayoría del Congreso de la Unión y de los Congresos de los estados.
Los hidrocarburos tienen importancia estratégica para cualquier plan de desarrollo, crecimiento e industrialización. Nos encontramos entonces con el hecho innegable hoy de que 90 por ciento de las reservas mundiales de petróleo están en manos de petroleras estatales, lo que significa que las todopoderosas grandes petroleras internacionales de otro tiempo (las siete hermanas) concentran hoy sus reservas en pocas regiones del mundo (mayormente en el Golfo de México y en el mar del Norte), o bien deben limitarse a operar como socios minoritarios de las petroleras estatales. En tal circunstancia, Peña Nieto pretende que México se abra a las empresas internacionales.
Además, debe considerarse que las grandes petroleras estatales incursionan en nuevos sectores del mercado energético mundial mediante la compra de empresas. Esto significa que ya no se limitan a la extracción de hidrocarburos, sino que efectúan los rentables negocios de distribución, refinación, petroquímica y generación eléctrica, en lugar de concederlas a empresas privadas. Esto último hace que las compañías petroleras soberanas sean cada vez más importantes y rentables en los mercados energéticos mundiales.
Al contrario de lo anterior, las reformas de Peña Nieto plantean el retiro del Estado de la economía o su severa autolimitación, abandonando al mercado los rentables negocios de la distribución, refinación, petroquímica o generación eléctrica, y renunciando a una tremenda posibilidad de valorar recursos en beneficio de la nación. Desde luego se trata del neoliberalismo, que ha propiciado desde hace 30 años en el mundo desempleo, marginalidad, y exclusión, y que se ha convertido en la más eficiente fábrica de pobres y pobreza.
Ahora en México, los hidrocarburos se convierten en uno de los principales objetivos de este plan desindustrializador y dependiente. Como puede sospecharse, el FMI y el Banco Mundial son fichas esenciales en la presión política y económica para lograr estas reformas, que llevan a la privatización (total o parcial) de las empresas estatales, otorgando carta blanca a las privadas, especialmente a las internacionales, a fin de que obtengan ganancias extraordinarias.
La filosofía privatizadora es el telón de fondo de estas reformas que le quitan todo valor estratégico al petróleo y a la energía en general. Su valor primordial ha de ser el valor de cambio, desconociendo sus características de recurso natural no renovable e insumo económico básico. A los hidrocarburos se les quita todo valor estratégico y se les transforma en meros commodities para su exportación.
Habría que añadir que la creciente escasez del petróleo como recurso no renovable tiende a exacerbar las tensiones ya conocidas en el siglo XX. De todos modos, los grandes actores de la industria petrolera mundial parecen dispuestos a iniciar la extracción del petróleo en las aguas profundas del Golfo de México, que parece ser la motivación esencial de Enrique Peña Nieto, pensando que las empresas privadas mundiales se precipitarán a solicitar alguno de los contratos de utilidad compartida que ofrecería el gobierno mexicano.
El Presidente nos ha dicho que si aprovechamos esta oportunidad se crearán miles de nuevos empleos con mejores salarios, que bajará el precio de la luz y del gas, y que bajará el precio de los fertilizantes, en consecuencia nuestro campo producirá más, habrá más alimentos y a mejores precios. No podemos olvidar que los mexicanos hemos sido ya víctimas de estas tomaduras de pelo, por ejemplo, cuando la privatización de los bancos y su posterior venta a empresas extranjeras. Hoy sabemos que la realidad fue la contraria: costos y servicios más altos y deficientes en la banca extranjera que en tiempos de la nacionalizada.
En palabras de David Brooks, corresponsal de La Jornada en Estados Unidos: “aun cuando las empresas petroleras extranjeras y la derecha internacional vio ‘con buenos ojos’ esta iniciativa de Peña Nieto la misma no ha causado que se ‘precipiten’ por ahora las petroleras internacionales a obtener los beneficios del petróleo mexicano, ya que no se les concede inmediatamente la propiedad de los hidrocarburos; parecen entonces esperar el ‘detalle’ de las leyes secundarias para externar su decisión”.
El problema a que se enfrenta México es el de una reducción mundial de la producción del petróleo y el de una mayor competencia por esos recursos crecientemente escasos en el que reaparecen los límites del crecimiento y en el que los planteamientos pragmáticos en las relaciones internacionales cobran mayor fuerza que los llamados liberal-institucionalistas. Todos sabemos que los enfoques pragmáticos en materia petrolera, dominante en Estados Unidos, se han orientado por el camino bélico (la invasión a Irak y a Afganistán), sin atender la voluntad de la comunidad internacional expresada en Naciones Unidas.
Nuestra vecindad con Estados Unidos, el mayor consumidor de hidrocarburos en el mundo, nos coloca en una situación de participantes inevitables en su estrategia geopolítica petrolera, que por lo pronto parece ser aumentar sus reservas, en las que México y sus nuevos yacimientos jugarían papel fundamental. Sobre todo si resultan probados los yacimientos de las aguas profundas en el Golfo de México, principal ambición de las empresas petroleras internacionales que se aprovecharían de la apertura mexicana y de las concesiones que les otorgaría el gobierno de nuestro país, y hasta personalmente Enrique Peña, según sus nuevas atribuciones. Serían entonces tremendas sobre México las presiones políticas y económicas. ¿Las soportaríamos?
Fuente: La Jornada
