Un mes después de publicarse el reportaje sobre la llamada “Casa Blanca” en la colonia Lomas de Chapultepec, la primera dama Angélica Rivera Hurtado habría cancelado la operación al regresar su dominio a una empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista gubernamental que la construyó y se la financió.
No lo hizo en los términos en que lo anunció, cuando el 18 de noviembre de 2014 publicó un video “para defender su integridad, la de sus hijos y la de su marido” e informó que vendería los derechos del inmueble para que no se siguiera ofendiendo a su familia.
“Con la misma apertura con los que les he compartido los detalles de esta casa, quiero comunicarles que he tomado la decisión de vender los derechos derivados del contrato de compraventa, porque yo no quiero que esto siga siendo un pretexto para ofender a mi familia”, expuso en aquel entonces.
La información emitida hoy por la Presidencia de la República da cuenta de que no vendió los derechos, sino que canceló la operación y que el contratista Hinojosa Cantú le regresó el dinero y los intereses que llevaba pagados. No se menciona ninguna penalización como es habitual en este tipo de transacciones cuando una de las partes da por terminada la relación contractual.
“Por la terminación anticipada del contrato de compraventa, las partes pactaron que la señora Angélica Rivera Hurtado pagara el equivalente a una renta por el tiempo en que tuvo posesión del inmueble. Por su parte, la inmobiliaria reintegró a la señora Rivera los pagos que había realizado entre el 12 de enero de 2012 y el 11 de diciembre de 2014 más los intereses respectivos”.
Hoy, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto promulgó seis leyes que sustentarán el Sistema Nacional Anticorrupción, la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República emitió una ficha informativa sobre el convenio de cancelación de la compraventa relativo a la residencia de escándalo, que establece como fecha de finiquito el 11 de diciembre de 2014.
La Presidencia precisó que, si bien tenía la posesión del inmueble, la operación nunca se concretó en transmisión, debido a que era una compraventa con reserva de dominio.
Con lo anterior, la Presidencia declaró que Rivera Hurtado ya no tiene relación con ese inmueble.
Durante la promulgación de las leyes anticorrupción este lunes, el mandatario federal pidió “perdón” por haber generado inconformidad, aun cuando repitió como en otras ocasiones que no hubo nada ilegal. Inclusive, consideró que los servidores públicos además de cumplir la ley deben cuidar la percepción que se pueda tener de sus acciones. Y fue en ese sentido que dijo, “cometí un error”.
La investigación
El 9 de noviembre de 2014, el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui publicó un reportaje –en su portal de internet Aristegui Noticias y en la edición 1984 de Proceso— sobre la residencia que al inicio de la administración presumió la primera dama en una revista del corazón.
El reportaje mostró que en la construcción de la residencia ubicada en la calle Sierra Gorda 150 habían participado con opiniones e indicaciones, el presidente Peña Nieto y su esposa, de acuerdo con testimonios de trabajadores.
También demostró que el inmueble se comunicaba con la residencia de Angélica Rivera –adquirida presuntamente por su trabajo de actriz en Televisa– ubicada en Paseo de las Palmas1325, ambas en Lomas de Chapultepec, uno de los sectores más exclusivos y de mayor plusvalía del continente.
Pero sobre todo, el reportaje reveló que la construcción estuvo a cargo de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una razón social sin mayor actividad que esa operación y que dicha empresa era de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de numerosas empresas dedicadas a la proveeduría gubernamental y que, durante el sexenio de Peña Nieto como gobernador del Estado de México, consiguió unos 35 mil millones de pesos en contratos.
Más tarde, Proceso documentó que en dos años de gobierno federal Hinojosa sumó más de 60 mil millones en contratos de obra.
Días después, el 18 de noviembre de 2014, al regresar de una gira de trabajo por China y con el escándalo desatado inclusive en medios internacionales, Peña Nieto anunció que sería su esposa la encargada de explicar la forma en que se adquirió la propiedad. Entonces ella publicó en YouTube el video mencionado.
Fue hasta febrero de 2015 cuando Peña Nieto instruyó una investigación sobre el caso, para lo cual designó como secretario de la Función Pública a Virgilio Andrade. El resultado se dio a conocer en agosto siguiente, cuando el funcionario informó que el mandatario federal no incurrió en conflicto de intereses. Sin embargo, admitió que no se revisaron otros posibles actos ilícitos.
Fuente: Proceso
