Información obtenida por este semanario, vía la plataforma Méxicoleaks, indica que al menos en la Secretaría de Gobernación se contó con reportes sobre las actividades que realizaba Joaquín El Chapo Guzmán Loera durante su reclusión en el penal del Altiplano. A saber, las conversaciones que tenía en las salas familiares, las visitas íntimas, los locutorios y los juzgados; los negocios que seguía controlando, las alianzas que instrumentó con capos rivales, las encomiendas secretas a sus abogados, la aparición de una empresa denominada Systemtech que solicitó los planos del penal y hasta detalles de su vida privada que lo revelan como padre de 18 hijos procreados con siete mujeres, entre ellas Devany Vianey Villatoro López, diputada local del PAN en Sinaloa.
Por Jorge Carrasco/ Proceso/MexicoLeaks
Con la “disciplina del silencio”, como la describió a Proceso un alto funcionario del gabinete de seguridad, Joaquín El Chapo Guzmán Loera operó su fuga sin descuidar el control de sus negocios desde el penal del Altiplano. Las distintas autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) encargadas de su vigilancia lo dejaron actuar a pesar, incluso, de que su evasión fue advertida cuando se supo de su interés por obtener los planos de ese reclusorio federal.
Apoyado por dos de sus abogados que se encargaron de contactar a funcionarios de la Segob y a dirigentes de otras organizaciones delictivas, El Chapo logró además una tregua con un grupo del Cártel de los Zetas en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), Número 1, El Altiplano, en el estado de México.
Información de inteligencia obtenida por este semanario a través de Méxicoleaks y ratificada por un representante del gabinete de seguridad y funcionarios penitenciarios revela que la Segob dejó actuar al líder del Cártel de Sinaloa a pesar de la información detallada que tuvo de sus operaciones mientras estuvo en el penal.
Policías estatales, soldados y federales vigilan el penal del Altiplano después de la fuga del Chapo el 11 de julio de 2015. Foto: Eduardo MirandaDe Guzmán Loera, las autoridades policiales y penitenciarias lo supieron todo mientras estuvo preso. Sus contactos con el exterior y negociaciones con otros internos no fue lo único de lo que estuvieron al tanto. Su expediente carcelario, el 3578, registró parte de su historia personal que lo revela como padre de 18 hijos.
Identificado con la clave R-5 en el expediente, Joaquín Guzmán Loera, de 58 años, procreó a su descendencia con 7 mujeres. Una de ellas, Devany Vianey Villatoro López y/o Lucero Guadalupe Sánchez López, la diputada local del PAN por el distrito XVI de Sinaloa.
Ese distrito electoral corresponde a Cosalá, municipio que en semanas recientes ha registrado la llegada de decenas de desplazados de las comunidades ubicadas en la frontera serrana de Sinaloa y Durango, donde infantes de Marina han concentrado la búsqueda de El Chapo. La diputada evitó responder al requerimiento de Proceso.
El mismo Guzmán Loera parece dispuesto a dar su propio testimonio de las mujeres con quienes ha procreado. Según información detectada mientras estuvo preso en El Altiplano, en sus primeros meses en ese penal calificado como de máxima seguridad, consideró la publicación de una biografía autorizada titulada El Ahijado.
De acuerdo con otras versiones policiales conocidas por este semanario, El Chapo fue apadrinado por Roberto Ornelas López en el mundo del narcotráfico y quien lo introdujo con Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del desaparecido Cártel de Guadalajara que también se encuentra prófugo.
Ornelas, además, coincidió en el penal del Altiplano con Arturo, El Pollo, hermano de El Chapo, quien fue asesinado en ese reclusorio en 2004.
En los códigos penitenciarios, Joaquín Guzmán Loera era identificado también como “Benito”, el preso de la estancia número 20, ubicada en el pasillo 2 del área de Tratamientos Especiales de El Altiplano, de donde se escapó el 11 de julio de 2015.
La fuga fue un escenario que advirtieron en distintas ocasiones los policías federales encargados de su vigilancia en el penal. A través de las escuchas de sus conversaciones, supieron que con la ayuda de sus abogados, de otros internos de El Altiplano, y contactos con funcionarios de la Segob estaba tras los mapas de ese penal.
Los reportes de los agentes federales desde El Altiplano se recibían en la dirección general del Centro de Monitoreo y eran entregados para su análisis al entonces comisario de Inteligencia, Ramón Eduardo Pequeño García. La evaluación era entregada al entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido García, quien debía pasar el producto de inteligencia al titular de laSegob, Miguel Ángel Osorio Chong.
La información producida por todas esas instancias de la Segob en torno a Guzmán Loera en el penal del Altiplano existía y era extensa. Lo que se hizo con toda ella no se sabe.
Concretada la noche del sábado 11 de julio, los encargados de la vigilancia del líder más conocido del cártel de Sinaloa reportaron cinco días después: “el área a cargo de dicho seguimiento se hizo cargo de informar a los mandos que correspondía, la intención de dar un seguimiento puntual de las relaciones que el capo iba consolidando mientras se encontraba en reclusión. Por ello se realizó (un) documento… en el que se enfatizó las intenciones desde finales de 2014 que tenía el exlíder de planear una fuga, por supuesto con el apoyo de funcionarios”.
El primer intento por obtener los planos ocurrió el 14 de marzo de 2014, cuando Guzmán Loera apenas llevaba un mes preso en el Altiplano. Según reportaron sus vigilantes, ese día ingresaron al penal José Rodolfo Ordoñez Arce y Miguel Ángel Razo Quevedo, representantes de la empresa Systemtech quienes recorrieron diferentes áreas del Cefereso para ver si era factible instalar un sistema de monitoreo georreferenciado que se activaría por medio de radiofrecuencia. Ordoñez Arce fue funcionario de prisiones en el Distrito Federal en la década pasada.
El sistema consistiría en colocar un dispositivo en el tobillo o muñeca de “Benito”, que emitiría una alarma audiovisual en caso de que se utilizara en una ruta diferente al momento de desplazarse hacia los juzgados o las áreas de visita.
Los técnicos pidieron un croquis del penal. El entonces director del Cefereso 1, Valentín Cárdenas Lerma, actualmente detenido, les dijo que la petición la debían hacer al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Seis días después de ese recorrido, el 20 de marzo, el técnico de la empresa Mario Alberto Portela Gil, entró a la celda del Chapo, la número 20 del pasillo 2 de la zona de Tratamientos Especiales, donde estaban concentrados varios de los principales jefes del narcotráfico en México.
El técnico colocó un contacto para que Guzmán Loera pudiera cargar el brazalete, por lo menos durante dos horas al día. El propósito era que lo usara como reloj, según dijo el director del penal. El brazalete le fue colocado ese mismo día. Pero sus vigilantes reportaron que el dispositivo le tuvo que ser cambiado en tres ocasiones.
Los funcionarios gubernamentales aseguraron a este semanario que el brazalete fue del todo inútil durante su vigilancia. Dijeron también que las investigaciones por la evasión incluyen a Systemtech.
En los registros de la CNS sobre empresas de seguridad privada autorizadas está registrada como Systemtech Sistemas Tecnológicos SA de CV, con permiso para operar en todo el país hasta junio de 2016.
Fundada por mexicanos de origen israelí, la firma tiene autorización para la instalación de alarmas y monitoreo electrónico, así como para la venta y montaje de equipos, dispositivos, aparatos y sistemas de posicionamiento global (GPS), entre otras capacidades. Proceso buscó a los representantes de la empresa. No contestaron.
Systemtech Sistemas Tecnológicos también ha sido contratada por el gobierno del Distrito Federal para el monitoreo electrónico de preliberados. Uno de los contratos más recientes data de enero de este año.
De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, su principal accionista fundadora fue la firma Asiagro Private Limited. Su actual administrador es Manuel Calderón Correa. Uno de sus comisarios ha sido Samuel Fridman Goldberg, quien aparece en la lista de Swiss Leaks sobre los mexicanos que ocultaron dinero en Suiza, según los registros del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), de Washington.
La información reportada a la División de Inteligencia se refiere a esa misma razón social como la encargada de instalar un sistema de identificación por radiofrecuencia, conocido como RFID, mediante un brazalete “instalado en el Centro de Control la estación de monitoreo”. Desde el inicio aclaró que el dispositivo sólo iba aoperar en el área de Tratamientos Especiales.
El Centro de Monitoreo, ubicado dentro del penal, estaba a cargo de elementos de la Policía Federal que ahora están también acusados como corresponsables de la fuga. En total 12 elementos de la corporación comisionados en El Altiplano están bajo proceso penal por la evasión.
Pero la responsabilidad establecida por la PGR no va más allá de estos empleados, fuera del exdirector del penal, Valentín Cárdenas, y la coordinadora general de penales federales del OADPRS, Celina Oseguera Parra.
Su jefe inmediato, el titular del OADPRS, Ignacio Hernández Mora, sólo fue cesado sin que se abriera una indagatoria penal en su contra, según lo informado hasta ahora por la PGR.
Tampoco se inició proceso penal en contra del jefe de la División de Inteligencia, el comisario Ramón Eduardo Pequeño García, el primer responsable del seguimiento y vigilancia de El Chapo. Al contrario, sólo fue removido en espera de ser reasignado a una nueva área en la PF.
Ambos fueron protegidos por su jefe, el entonces titular de la CNS, Monte Alejandro Rubido García. Hernández Mora había llegado al OADPRS a instancia de éste pese a su falta de conocimiento penitenciario lo que generó diferencias con Celina Oseguera, quien tiene una experiencia de casi tres décadas en esa área.
Ante el escándalo internacional por la evasión, Pequeño García tuvo que salir de la División de Inteligencia, pero a instancia de Rubido se esperaba que fuera designado como titular de la Policía Cibernética. Su nuevo nombramiento sólo era cuestión de días.
Los funcionarios federales contaron a Proceso que su nuevo encargo se haría al mismo tiempo de la designación de Damián Canales como nuevo jefe de la División de Inteligencia, el 15 de julio pasado. Pero en la víspera, Pequeño fue captado por servicios de inteligencia de la propia Segob en una reunión con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna en un restaurante al sur de la ciudad de México. El titular de la Segob ordenó la salida definitiva de Pequeño de la PF.
Su hasta entonces jefe y viejo aliado, Monte Alejandro Rubido, también cercano a García Luna, terminó por renunciar a la CNS el 27 de agosto a pesar de que tras la fuga dijo que no dimitiría.
Fuera de Oseguera Parra, ningún colaborador cercano de Osorio Chong en el órgano carcelario ha sido considerado como probable responsable de la fuga (Proceso 2030).
Según la información, los encargados de vigilar a Guzmán Loera en el penal transcribieron las conversaciones que tenía El Chapo en las salas familiares, las visitas íntimas, los locutorios y los juzgados.
El contenido era enviado a la Dirección General del Centro de Monitoreo, adscrita a la Coordinación de Servicios Técnicos de la División de Inteligencia, en las instalaciones de la PF en Constituyentes.
Tan sólo entre el 5 de septiembre de 2014 y el 10 de julio de 2015, el día previo a la fuga, hubo cerca de 400 mensajes electrónicos dirigidos a 14 agentes de inteligencia en Constituyentes sobre lo que ocurría en el penal, en especial con los internos de Tratamientos Especiales. El contenido de los mensajes no fue revelado, sólo a quiénes estuvieron dirigidos, el asunto, la fecha y el tamaño del archivo. De los 390 mensajes enlistados en ese periodo, 249 eran sobre “Benito”.
Para sus operaciones dentro y fuera del penal, de acuerdo con la información, Guzmán se auxilió en dos de sus abogados: Andrés Granados Flores y Oscar Manuel Gómez Núñez. El Chapo complementó esa operación con lo que un funcionario del gabinete de seguridad describió como la “disciplina del silencio”.
La actitud “mesurada, de bajo perfil” que dan cuenta los reportes siguió a su pretensión inicial de buscar una negociación con las autoridades para no ser extraditado a Estados Unidos.
A pesar de su estrategia negociadora, estuvo “alerta ante señalamientos de la posibilidad de que algunos enemigos internos en dicho penal pudieran atentar contra su vida o la de sus familiares, por lo que mantuvo una conducta conciliadora y de no agresión”.
Los abogados fueron su principal contacto con el exterior. Según los reportes, llegó un momento en que ya estaba “relajado en cuanto a la comunicación que mantiene con sus abogados, a los cuales utiliza como mensajeros, al igual que a su pareja Emma Modesta Coronel Aispuro”.
De acuerdo con los reportes, Granados Flores se encargó de los contactos en la Segob no sólo para obtener “los planos, croquis e imágenes del penal”, sino beneficios para El Chapo mientras estuvo preso.
Agregan que el abogado tenía “conocimiento de la escala jerárquica de funcionarios relacionados con los Centros Penitenciarios en otras instituciones de gobierno”.
En particular, refirió en una ocasión “a un amigo que está por arriba de la licenciada Celina Oseguera Parra”. Por encima de Oseguera Parra sólo había tres personas: Ignacio Hernández Mora, Monte Alejandro Rubido García, y Miguel Ángel Osorio Chong.
La PGR detuvo a Granados Flores tras la evasión, pero el litigante obtuvo su pronta libertad porque a decir de la justicia federal el ministerio público no presentó suficiente evidencia en su contra al consignar su expediente.
La información entregada a la revista Proceso através de Mexicoleaks dice que el 23 de junio de 2014, Granados Flores mencionó a Hernández Mora, “probablemente con la finalidad de contactarlo y llegar a ciertos acuerdos, por lo que probablemente ofrecerá dinero a cambio de obtener beneficios para ‘Benito'”. Ese mismo día, de acuerdo con los reportes policiales, Celina Oseguera Parra acudió a El Altiplano.
Refieren que desde el 11 de julio de 2014, exactamente a un año de la evasión, se reportó “fuga de información sensible” porque “Benito cuenta con contactos en la secretaría de Gobernación”, que le adelantaron incluso que habría traslado de internos a otros centros federales.
De acuerdo con los reportes, El Chapo continuaba sus operaciones ilícitas a través de Gómez Núñez. “Con apoyo de dicho defensor se mantiene informado acerca de los nuevos grupos delictivos que están formando su gente al exterior del Centro Federal”.
Asimismo, lo señala como contacto con otros grupos delictivos, en particular con integrantes de Los Zetas, con el fin de “realizar un pacto entre organizaciones para mediar los intereses en común”. Según el seguimiento policial reportado en noviembre del año pasado, el propósito de ambas organizaciones era reducir los niveles de violencia en el exterior.
El acuerdo más importante lo alcanzó con los Zetas, o por lo menos con el grupo de Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, señalado como jefe regional en Tamaulipas de la organización delictiva de origen militar y quien murió en El Altiplano por causas aún no aclaradas en septiembre pasado.
La estrecha relación que tuvo con Nájera Talamantes, habría provocado molestia de Miguel Ángel Treviño Morales, El Z40, y su hermano Omar, El Z42. Nájera Talamantes falleció en el penal el 7 de septiembre y fue uno de los internos que declaró sobre la fuga de Guzmán Loera.
Fuente: Proceso/ MexicoLeaks/ Jorge Carrasco
