Por Pablo Gómez
Joaquín López-Dóriga, uno de los principales vendedores de spots y no sólo de gacetillas, se duele de que las campañas “anodinas y repelentes” hagan derroche de spots porque, según ese eminente politólogo, éstos son “gratis” (Milenio, 26.05.2015).
Sin embargo, las leyes y las cuentas no le resultan al conductor de noticias de Televisa: los spots de los partidos corresponden por entero al tiempo del Estado el cual está dividido en dos segmentos: el señalado por la ley que es una contraprestación a favor del fisco pagada por los concesionarios que usan un bien de la propiedad de la nación y no de ellos; y el lapso de origen fiscal que resulta de aplicar un derecho convertido en impuesto a cargo de los anunciantes que debe ser enterado al fisco por parte de los concesionarios, es decir, es el pago en especie de un gravamen. En total se trata de menos de 50 minutos diarios pero no son gratuitos.
El Congreso modificó la Constitución en 2007 para eliminar el sistema de compra-venta de tiempos de radio y televisión con propósitos políticos y electorales, tanto para impedir la intervención de agentes adinerados que no fueran participantes directos en la lucha política, tales como los conglomerados empresariales, como para eliminar un mercado monopolizado de anuncios políticos en radio y televisión.
El sistema de Estados Unidos ya casi no existe más que en ese país. La mayoría de las democracias pluripartidistas del mundo ha optado por un modelo regulado de comunicación político-electoral en los medios electrónicos mediante el cual a cada partido se le otorga un determinado tiempo. Que en México se haya optado por el espoteo es algo ajeno al modelo pues podrían ser mensajes de tres o cinco minutos a pesar de la eventual protesta de los concesionarios que verían “ensuciada” su programación. Lo mejor sería optar por mensajes más largos, pero esa es otra discusión.
López-Dóriga se ha unido una vez más a la lucha en contra del sistema constitucional de comunicación política en radio y televisión porque el negocio consiste en vender anuncios. En realidad quienes están en la conducción de esa campaña que no ha parado desde 2007 son la mayoría de los concesionarios. Eso de no poder vender spots políticos cuando éstos abundan ha de ser el peor mundo posible. Es ver pasar miles de millones sin poder tocar un solo peso. Cualquiera podría imaginarse el estado de ánimo de los frustrados vendedores. Pero hay que recordar que ellos venden lo que no es suyo: el espacio radioeléctrico que es propiedad de todos.
El problema es aún más complejo. Cuando los partidos políticos y el gobierno dependen de medios de comunicación extremadamente monopolizados tienen que someterse a sus dictados. En la medida en que los políticos encuentren mayores espacios propios de comunicación en esa misma medida tendrán mayor independencia respecto del duopolio televisivo que aún predomina. Ese fue el otro propósito de la reforma de 2007. Pero López-Dóriga, como fiel exponente de Azcárraga, nos dice que la gratuidad de los spots (ya vimos que gratuitos no son) lleva a que sean muy malos al grado de que nadie por ellos ha de cambiar el sentido de su voto y ni siquiera decidirse a votar.
El aspirante a politólogo una vez más se equivoca: el deterioro de la lucha política no se debe a los spots, terreno que es el suyo, sino a otros factores que nos llevarían a escribir mucho más y en eso estamos. Suponer que la pobreza en el discurso político obedece a que la propaganda electoral en radio y televisión no es negocio de los concesionarios es debilitar el análisis al grado de simplificar tanto todo que nada de lo real puede ser en verdad criticado.
Y esto es justamente el objetivo: la televisión mexicana está conformada para evitar el pensamiento crítico. López-Dóriga puede lanzar todas las piedras que quiera y le permitan pero nunca podría hacer una crítica a fondo de un sistema injusto, corrupto y antidemocrático como el que vivimos.
Al contrario, todo lo que no sea de su interés mercantil es repudiable. Pues sí, para él. Por lo pronto, los spots electorales no son mercancías.
Fuente: Proceso
