El jueves 5, luego de una reunión en la que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa entregaron una carta a los presidentes de los poderes Ejecutivo y Judicial, Andrés Manuel López Obrador y Arturo Zaldívar, respectivamente, en la que piden terminar con los pactos de silencio y actuar contra varios exfuncionarios peñanietistas presuntamente implicados en ese caso, ambos funcionarios y el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, firmaron un convenio de colaboración. De inmediato la fiscalía giró una orden de aprehensión contra Tomás Zerón de Lucio, quien construyó la “verdad histórica” cuando Jesús Murillo Karam era procurador general de la República.
Por Álvaro Delgado/ Proceso
Nuevas evidencias acreditan la participación activa de miembros del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en presunta complicidad con narcotraficantes, por cuyo ocultamiento y manipulación la Fiscalía General de la República (FGR) ya ejerció acción penal contra Tomás Zerón de Lucio, quien fue el director de la Agencia de Investigación Criminal que construyó la “verdad histórica” del entones procurador Jesús Murillo Karam.
Zerón de Lucio, quien armó la hipótesis de que los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron incinerados en el basurero de Cocula, es uno de los “actores clave” en la nueva investigación, por lo que los padres de los normalistas solicitaron proceder penalmente contra él, “no sólo por el ánimo de que rinda cuentas, sino ante todo para romper los pactos de silencio, de suerte que colabore en el esclarecimiento”.
Y luego de que los padres presentaron personalmente esta petición a los presidentes de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, en la reunión del jueves 5, Proceso confirmó que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, solicitó a un juez la orden de aprehensión contra Zerón.
Esta decisión se deriva del “convenio de colaboración” firmado ese mismo día entre los poderes Ejecutivo y Judicial, así como por la FGR, para esclarecer el caso Ayotzinapa y, “en su oportunidad, hacer del conocimiento de la sociedad la verdad” de lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
“Esta ha sido siempre la exigencia de los padres y de las madres: Para romper el pacto de silencio que existe deben ser detenidos el exprocurador Jesús Murillo y Tomás Zerón, quienes fueron los encargados de distorsionar la investigación con su verdad histórica”, subraya Felipe de la Cruz, representante de las familias de los 43 normalistas.
Luego de la reunión del jueves 5, que considera “un hecho inédito en la historia de México”, De la Cruz confía en que se llegue a los más altos responsables del encubrimiento de la desaparición forzada de los jóvenes, incluyendo el expresidente Enrique Peña Nieto.
“Peña Nieto tuvo una velada protección a quienes cometieron este crimen. Él afirmó que los jóvenes habían terminado sus vidas en el basurero de Cocula, cuando científicamente se ha comprobado que eso es mentira. Los implicados son él, Miguel Ángel Osorio Chong y todo el gabinete de seguridad en ese momento”.
–¿Hasta ese nivel se llegará si se rompe el “pacto de silencio”?
–Sí, precisamente. Dice el presidente López Obrador que él no tiene compromisos con nadie y caiga quien caiga. Esperemos que esa frase no se quede en el aire, como cuando Peña Nieto dijo lo mismo.
En un escrito que entregaron a López Obrador, Zaldívar y Gertz, así como a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al subsecretario Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), y a Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, los padres de los normalistas también pidieron ir contra los militares que participaron en la noche de Iguala.
En el escrito de tres fojas, del que Proceso tiene copia, los padres de los 43 también exigen “proceder penalmente contra elementos del 27 Batallón de Infantería que incurrieron en falsedad en sus primeras declaraciones y/o que incurrieron en delitos por sus omisiones la noche de los hechos: al menos el capitán José Martínez Crespo, (el) teniente Joel Chávez (y el) soldado Eduardo Mota”.
Le exigen a López Obrador que “reitere sus instrucciones a las Fuerzas Armadas para que colaboren proactivamente, entregando toda la información vinculada directa o indirectamente con el caso y el contexto en que ocurrió, sin encubrir a ningún elemento que haya estado involucrado en la desaparición de nuestros hijos, en la irregular investigación que lo subsiguió, o más ampliamente en la red criminal que operaba en Guerrero al momento de los hechos”.
Y reprochan: “Nosotros hemos tenido la disposición de acudir a la Secretaría de la Defensa Nacional y al 27 Batallón de Infantería para escuchar a los mandos castrenses, pero no sentimos que en reciprocidad el Ejército y la Marina estén apoyando proactivamente los trabajos de esclarecimiento”.
Fragmento del texto publicado en la edición 2263 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
