La Fiscalía General de la República (FGR) integra 17 indagatorias en las que Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de 2012 a 2018, se considera responsable de diversos delitos, como operaciones con recursos de procedencia ilícita, desvío de fondos, peculado y ejercicio indebido del servicio público, revelaron funcionarios del gobierno federal.
El colaborador de Rosario Robles Berlanga en las dependencias mencionadas, quien busca que la FGR le conceda un criterio de oportunidad a cambio de información para no ser llevado a juicio, mantiene negociaciones con el Ministerio Público Federal (MPF), pero no ha acreditado su inocencia en el desvío de más de 5 mil millones de pesos, refirieron las fuentes.
Las pesquisas en las que es considerado probable responsable se relacionan con investigaciones y denuncias surgidas de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2015 a la Sedesol, y posteriormente al resultado de las revisiones administrativas y patrimoniales que ha llevado a cabo la Secretaría de la Función Pública (SFP), explicaron las autoridades entrevistadas.
Zebadúa, quien ha solicitado la protección de la justicia federal por medio de recursos de amparo, recientemente perdió uno de los procedimientos presentados ante el juzgado tercero de distrito con sede en Tapachula, Chiapas, con lo cual sus bienes pueden ser confiscados por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Seido), y permitirán que en caso de una orden de captura, este mandamiento pueda cumplimentarse, aunque por estrategia jurídica, el MPF está a la espera de los documentos que acrediten que los desvíos de recursos fueron autorizados y propiciados por otras autoridades, entre ellas su ex jefa Rosario Robles.
Sin embargo, los funcionarios consultados sobre el tema refirieron que los expedientes que se encuentran en curso contra Zebadúa, al igual que algunos testigos de estas investigaciones, señalan que tuvo participación directa en la elaboración y asignación de contratos con universidades y empresas privadas que inclumplieron la prestación de servicios, los cuales fueron detectados por la ASF como irregularidades y aún no son solventadas.
Fuente: La Jornada
