Los tres gobernadores priistas de los que el presidente Enrique Peña Nieto se sentía orgulloso en 2012: César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge, dejaron sus estados hundidos en la crisis financiera y la inseguridad. Además de enfrentar actualmente procesos legales por corrupción, los tres –al igual que el gobernador electo mexiquense Alfredo del Mazo Maza– son investigados por desviar miles de millones de pesos del erario al PRI en campañas electorales.
Por Jenaro Villamil/ Proceso
Los tres exgobernadores caracterizados en 2012 como representantes de la “nueva generación del PRI” por el presidente Enrique Peña Nieto –César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge– son investigados por la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por presunto desvío de recursos públicos a las campañas del tricolor de 79 millones, mil 300 millones y 201 millones de pesos, respectivamente.
No sólo ellos están en la lista de investigaciones de la fiscalía encabezada por Santiago Nieto Castillo. Desde el pasado martes 11 la Fepade abrió una carpeta para seguir la pista de al menos mil 600 millones de pesos que fueron desviados del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (Saascaem) a la campaña de Alfredo del Mazo, según confirmaron fuentes de la fiscalía a Proceso.
Este caso involucra a la empresa constructora OHL y al Ejecutivo federal, que el 14 de diciembre de 2014 firmó un “convenio de transacción” con el gobierno del Estado de México, encabezado por Eruviel Ávila, para pagar 3 mil 566 millones de pesos como “indemnización” por el monto original de 50 millones de pesos que aportó la administración mexiquense en 1992 para cubrir el costo de liberación del derecho de vía de la autopista Chamapa-Lechería.
Ese monto de 3 mil 566 millones fue determinado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), cuyo director general era entonces Alfredo del Mazo Maza, después candidato priista a la gubernatura en 2017. El gobierno federal transfirió mil 500 millones meses antes de la elección de 2015 y mil 600 millones meses antes de la elección a gobernador a través del Saascaem, sin dejar rastro del ingreso ni del egreso correspondiente.
El pasado 11 de julio, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó la denuncia presentada por la organización Ahora, encabezada por el exombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza, sobre presunto financiamiento ilegal de la campaña de Alfredo del Mazo, con el PRI y la empresa OHL coludidos.
Sin embargo, el INE dio vista a la FEPADE, a la Auditoría Superior de la Federación y a las contralorías internas de Banobras y el Estado de México. La FEPADE ha iniciado su investigación, pero se encuentra atorada por la falta de información que debe proporcionar Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2124, ya en circulación
