La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investigarán por su cuenta el origen de los 88.5 millones de pesos asegurados al extesorero del gobierno de Tabasco, José Saiz Pineda, lo que colocaría al exgobernador Andrés Granier Melo en la mira.
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera de la dependencia que encabeza ya participa en las investigaciones relacionadas con el decomiso de más de 88.5 millones de pesos, que le fueron incautados al ex tesorero de Tabasco, José Saíz Pineda.
Videgary dijo en un encuentro con medios en Querétaro que será la Procuraduría General de la República la que informará sobre el curso de la investigación, pero que esta unidad ya colabora con la PGR.
“Es una investigación que conduce la Procuraduría General de Justicia del Estado, también participa la Procuraduría General de la República; a la Secretaría de Hacienda, particularmente a la Unidad de Inteligencia Financiera le corresponde asistir los trabajos de la PGR. Dar información sobre el curso de la investigación, esto lo dará la Procuraduría General de la República seguramente en breve”, dijo Videgaray.
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, señaló por separado en Colima que el caso de los señalamientos que involucran a ex funcionarios de Tabasco se está investigando a fondo desde el principio.
Entrevistado al término de la Primera Sesión 2013 de la Conferencia de Procuración de Justicia de la Zona Occidente celebrada en Manzanillo, Colima, pidió a los medios de comunicación aguardar ya que la investigación está en curso.
“Si les adelanto algo puedo echar a perder la investigación. Generalmente nunca adelanto nada sobre averiguaciones. Déjenme que me mantenga así, primero para cumplir con la ley, (segundo para) mantener los principios fundamentales de presunciones que nos obliga la ley, y el tercero es (ser) eficiente y llegar a conclusiones”.
Murillo Karam detalló que el dinero incautado fue puesto a disposición de las autoridades locales; si fuera el caso de un operativo y aseguramiento en el fuero federal el dinero se depositarían en forma inmediata y la custodia le correspondería a las autoridades fiscales.
Por otra parte, al preguntarle sobre un supuesto aumento de violencia durante el año, respondió: “Yo diría que más que una escalada de violencia hay una disminución, según las cifras”.
Precisó que el caso de Colima “es más claro que ningún otro, aquí se acaba de hablar del 65 por ciento de disminución en algunos delitos y hemos estado dando los datos en cada una de las reuniones que tenemos los gabinetes de seguridad con los gobernadores.
“El propio Secretario de Gobernación está dando las cifras claramente de disminución, muy poco, desde luego, y con la anticipación de que no estamos festinando ni tratando de establecer como un éxito definitivo el hecho de que hayan disminuido, sino que es un reto para mantenerlos a la baja”, apuntó.
Con información de Apro y El Universal
