Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), prófugo de la justicia desde mayo de 2019, será entregado a las autoridades mexicanas de forma inminente, previsiblemente antes del próximo viernes.
La justicia española dio su autorización para su extradición inmediata, sin previa autorización del Consejo de Ministros del gobierno español, en virtud de que el inculpado decidió volver a México de forma voluntaria.
La Audiencia Nacional citó en el auto judicial que el ex titular de Pemex está siendo investigado por varios casos de corrupción, blanqueo de capitales, cohecho y apropiación indebida, en los que habría tenido entre otros cómplices a Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (Ahmsa), y a la filial mexicana de la empresa constructora brasileña Odebrecht, vinculada a centenares de casos de fraude y corrupción en el mundo.
Lozoya Austin, de 47 años, fue detenido en el sur de España el pasado 13 de febrero, en un fraccionamiento de lujo llamado La Zagaleta. Desde aquel día ha estado encarcelado; primero, en una comisaría de policía, después en la prisión de Alhaurín de la Torre, en Andalucía, y finalmente en la cárcel Madrid IV, situada en la localidad de Navalcarnero. De ahí será llevado directamente al aeropuerto de Madrid-Barajas en los próximos días para ser entregado a las autoridades mexicanas.
Los procedimientos
Según el procedimiento establecido por la legislación española, al tratarse de una entrega voluntaria se permite la extradición directa. En un plazo de tres días la resolución será firme, es decir, el próximo miércoles, y a partir de entonces se comunicará la orden a Interpol para que se haga la entrega lo antes posible.
Si los tiempos se cumplen, a partir del próximo jueves el ex director de Pemex podría ir volando hacia México.
Los magistrados españoles explicaron en su auto los numerosos casos de corrupción por los que es reclamado por la justicia mexicana, sobre todo dos grandes ramas de investigación: sus negocios con Alonso Ancira, de Ahmsa y quien está a la espera de que se formalice su petición de extradición tras haber perdido el juicio, también en la Audiencia Nacional de España. La segunda, sus negocios con la filial en México de la constructora Odebrecht, a través del superintendente
de la empresa, Luis Alberto de Meneses Weyll.
En el auto judicial también se señala que la constructora brasileña amplió sus intereses en México en 2012, sobre todo en tres estados de la República: Veracruz, gobernado entonces por Javier Duarte; Hidalgo, cuyo mandatario era Francisco Olvera Ruiz, y Tamaulipas, que encabezaba Egidio Torre Cantú. Todos eran gobiernos del PRI.
Fuente: La Jornada
