Por Héctor Tajonar
México ha pasado de la expropiación a la expoliación petrolera. Por ello es indispensable que el combate frontal a la escandalosa corrupción en Pemex sea parte integral de la reforma energética. Esa es la condición ineludible para garantizar que los recursos generados por la riqueza petrolera impulsen el crecimiento económico del país en beneficio de esta y futuras generaciones de mexicanos. De lo contrario, la necesaria modernización de la industria petrolera nacional se convertirá en multiplicado botín para contratistas nacionales y extranjeros, funcionarios rapaces encargados de administrar dicho patrimonio, y, desde luego, para engrosar los haberes del incólume magnate sindical.
Es preocupante que el problema de la corrupción no represente una prioridad en la propuesta de reforma energética del gobierno. La corrupción patente y creciente en Pemex, como en muchos otros ámbitos de la vida nacional, es ignorada, encubierta o lavada con el agua maldita de la impunidad. Permitir y fomentar la impunidad es apostar por la restauración de un salinismo bien peinado, ávido de reformas estructurales sin sustento ético (y de dudosa racionalidad económica), que no ve ni oye el clamor de la desconfianza ciudadana. Mala señal, camino errado. Afrenta.
En la bien argumentada iniciativa de decreto para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución no se menciona la palabra “corrupción”. La omisión puede tener tres explicaciones: que se piense que no hay corrupción en Pemex (lo cual es irreal, aunque sabemos que la arrogancia patrimonialista suele ser ciega); que se quiera ocultar la podredumbre que corroe a Pemex (labor imposible), o que se pretenda evadir el tema por considerarlo irresoluble (“si no puedes con el enemigo, únetele”).
El quinto de los seis “ejes estratégicos” de la iniciativa señala: “Transparencia: Garantizar a los mexicanos el adecuado acceso a la información sobre la administración del patrimonio energético nacional”. El octavo de los “10 beneficios que traerá la reforma”, publicados en la página de Presidencia dedicada a la reforma energética, se ofrece que los ciudadanos podrán vigilar las operaciones e ingresos petroleros derivados de los nuevos contratos, los cuales estarán a la vista para ser consultados en todo momento.
Se dice que cada año serán auditados todos los contratos vigentes en México, aunque no se informa quién realizará dicha auditoría. Así mismo, se promete que habrá más transparencia y mejores instrumentos de control sobre la industria petrolera, aunque no se especifica la forma de lograrlo. Y algo muy interesante, dicho casi en secreto: “Un objetivo fundamental de la reforma es acabar con la corrupción y los privilegios especiales”. Tampoco nada indica cómo habrá de realizarse esa hercúlea hazaña, ni sabemos si el señor Romero Deschamps se dio por aludido.
En el rubro “Mitos” se afirma: Es falso que la reforma energética hará que los gobernantes se queden con las ganancias del petróleo. “La reforma plantea nuevos mecanismos de transparencia, para que las ganancias de la industria petrolera estén al servicio del desarrollo de México, bajo la vigilancia de los ciudadanos”. No encontré dicho planteamiento en los documentos revisados.
El sector petrolero es particularmente propenso a la corrupción, debido a las características de la industria, a su complejidad tecnológica y a los elevados montos de sus transacciones. Remito al paciente lector a un texto en el que expongo una tipología de este fenómeno, con base en un estudio del Banco Mundial (Proceso 1896). De esa y otras investigaciones, experiencias e instituciones pueden extraerse los elementos para elaborar una estrategia sólida de prevención y combate a la corrupción en el sector energético nacional. Aún es tiempo.
La empresa petrolera noruega Statoil es un ejemplo a seguir, por su compromiso con la transparencia, la apertura y la tolerancia cero a la corrupción en sus operaciones. Dicho compromiso está sustentado en un riguroso y detallado código de ética y en un estricto programa al respecto, de acuerdo con en el Código Penal contra la Corrupción y el Tráfico de Influencias de Noruega, que es uno de los más severos del mundo. Las penas van desde multa hasta sentencia de tres a 10 años de prisión.
La corrupción debe ser tipificada como delito grave en México. Así acaba de hacerlo el Senado de Brasil, presionado por las manifestaciones multitudinarias durante la Copa Confederaciones. La ley brasileña establece que los delitos de peculado, así como la corrupción activa y pasiva, deben ser castigados con una pena de cuatro a 12 años de prisión sin derecho a fianza.
También sería deseable que, siguiendo el reciente ejemplo de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, México se afiliara a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), cuyo propósito es promover la transparencia y la rendición de cuentas en las industrias petrolera, minera y de gas a escala mundial.
La impunidad es burda manifestación de la prepotencia del poder podrido que burla la ley y desafía a la ciudadanía, espetándole: “Sí, somos corruptos, ¿y qué?”; niega la esencia del servicio público al hacer del gobierno un instrumento para evadir la justicia, eximiendo de castigo al corrupto o al criminal mediante la maleabilidad jurídica, el disimulo judicial y la manipulación informativa, además de desdeñar la capacidad intelectiva de la sociedad y humillar la confianza ciudadana.
Al hermanar la simulación con la complicidad y hacer del cinismo virtud, la impunidad convierte el estado de derecho en mera entelequia. No es esa la vía adecuada para hacer viables y creíbles las ambiciosas reformas propuestas por el gobierno actual para “transformar a México”. Por más energía que se invierta en dicho propósito, no se puede construir el edificio de la modernidad industrial sobre el terreno fangoso de la corrupción impune. Evitemos una renovada expoliación petrolera.
Fuente: Apro
