Por Jorge Carrasco Araizaga
Felipe Calderón fue a la ONU a buscar trabajo o refugio. No se puede entender de otra manera su esquizofrénico discurso del jueves 26 ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Carente de autoridad moral, su propuesta para que la ONU “se comprometa” y revise a fondo el “actual enfoque prohibicionista en materia de drogas” más que sorprender, ofende.
Durante todo su sexenio, fue determinante en rechazar la legalización de algunas drogas y mantuvo la violencia como “estrategia” para combatir a la delincuencia organizada, en particular el narcotráfico.
En búsqueda de la legitimidad que no le dejó la elección presidencial del 2006, con la etiqueta de “presidente valiente” abrazó el enfoque estadunidense de “guerra a las drogas”; y como comandante en jefe de las fuerzas armadas desplegó a tontas y a locas al Ejército, la Marina y la Policía Federal.
Aunque después ajustó su discurso a una “estrategia por la seguridad”, mantuvo la reacción represiva como la principal política pública de su gobierno. El resultado fueron, por lo menos, 60 o 70 mil muertos, miles y miles de desplazados y desaparecidos, y la multiplicación de graves violaciones a los derechos humanos, tanto por parte de agentes del Estado, como de los integrantes de las organizaciones delictivas que dijo combatir.
Su propósito central fue descabezar a las organizaciones delictivas. Según pregona, detuvo o ejecutó a 23 de los 37 más buscados; excepto, claro, el gran protegido del PAN, Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa.
Pero el resultado de la acción contra los cabecillas fue la atomización del narcotráfico en México. Además de las miles de muertes, la multiplicación de los grupos del narcotráfico en México es la herencia de Calderón.
Grupos más pequeños y violentos sucedieron a otros más grandes. Tejieron nuevas alianzas pero no desaparecieron. Al mismo tiempo, el cártel de Sinaloa y el cártel de Los Zetas, se consolidaron como las principales organizaciones de delincuencia organizada en México.
El negocio sigue floreciente en México y el Estado mexicano sigue perdiendo control de la violencia, de porciones del territorio y de la voluntad de un creciente número de sus habitantes.
Ahora, peor aún, Enrique Peña Nieto se hace de los servicios de un extranjero para combatir el narcotráfico, el general de policía colombiano Oscar Naranjo, una pieza más en la estructura de poder que estableció el gobierno de Estados Unidos en México durante el sexenio que acaba.
Calderón habló ante la comunidad internacional que ha sido testigo del fracaso de su “guerra contra el narcotráfico”. Las embajadas extranjeras establecidas en México reportan cada día a sus cancillerías los horrores de la violencia en México y la consolidación de algunos cárteles como poderosas organizaciones transnacionales.
La comunidad internacional escuchó el triunfalismo de Calderón, pero la realidad es más testaruda. El que se va, habló de combatir la criminalidad para que no se asiente en el territorio como si fuera un Estado nuevo. Sinaloa, Durango, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, Guerrero, por mencionar algunas entidades, lo desmienten.
El fortalecimiento de las leyes y dependencias encargadas de aplicar la ley, la depuración de las policías y de los ministerios públicos que mencionó Calderón en la ONU queda en el discurso con una PGR que fabrica culpables y una Policía Federal inmersa en escándalos de narcotráfico.
El mundo también sabe que “la restauración del tejido social” es mera retórica. El informe de Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano, los informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, también de la ONU, y otras agencias del organismo internacional reflejan la pérdida en la calidad de vida de los mexicanos.
La comunidad internacional también es consciente de los efectos negativos de la “estrategia” de Calderón en los derechos humanos de los mexicanos y de los magros resultados de su administración en materia de lavado de dinero.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU sometió a México, ya en el gobierno de Calderón, a una revisión sobre los efectos de su “guerra a las drogas”. En sus informes, el Consejo dio cuenta de la reiterada negativa de Calderón a reformar el Código de Justicia Militar.
Más todavía, distintos relatores del organismo internacional fueron impedidos por el gobierno de Calderón para dar cuenta de las ejecuciones extrajudiciales y la tortura.
Ante la comunidad internacional y de cara a los mexicanos, Calderón carece de autoridad moral para pedir una revisión de la “guerra a las drogas”.
Al siguiente día del ofensivo discurso, el director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNDOC, por sus siglas en inglés), Yury Fedotov, desestimó la propuesta de Calderón.
Diplomático, dijo que la revisión de la Convención Internacional sobre las Drogas que aboga por la prohibición de las drogas no le corresponde promoverla a la ONU o a un solo país. En el fondo, la ONU tampoco le creyó.
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