Por Alfredo Acedo*
En época de crisis alimentaria, la disputa por el maíz se recrudece y la importancia de esta gramínea, base de la alimentación de México y buena parte del mundo, se revela en toda su magnitud. El escenario es el combate entre una cultura que gira en torno a la producción material y simbólica del maíz, valioso patrimonio agrogenético, social e histórico de la humanidad, y el entramado de intereses mercantiles y políticos que ven en este grano prodigioso sólo otro elemento para aumentar sus ganancias y poder mediante el saqueo.
Hay un ataque imperial al maíz en su centro de origen, sobre todo a partir del Tratado de Libre Comercio que profundizó la dependencia alimentaria del país, y hay una defensa de los pueblos del maíz, en una pugna geoestratégica exacerbada por los desequilibrios climáticos resultado del calentamiento global y por la decadencia del modelo de producción agroindustrial.
¿Por qué les atrae el maíz a las trasnacionales? Porque es el grano más eficiente productor de biomasa. Se puede tener una idea de esto si se compara la planta de maíz con la de trigo. Un grano de trigo producirá una sola espiga esbelta mientras un grano de maíz dará origen a dos mazorcas robustas. El rendimiento por hectárea del maíz puede ser el doble del trigo. La producción mundial anual es de más de 850 millones de toneladas.
A diferencia de los demás cereales, hay variedades de maíz para casi todos los climas, desde el valle hasta la montaña, y para casi todos los tipos de suelo. Su ciclo es breve y las familias campesinas han creado métodos sencillos para su almacenamiento, conservación y preparación.
El Nobel Octavio Paz observó agudamente que el invento del maíz por los mexicanos sólo es comparable con el invento del fuego por la humanidad. A partir de la grama no comestible del teocintle, los antiguos mexicanos crearon el maíz, lo difundieron a Mesoamérica y de ahí pasó al mundo entero. Las alrededor de 60 razas y las miles de variedades nativas de México son reserva genética y uno de los bienes estratégicos de importancia crucial para la alimentación y la economía mundiales, expresada en escala de miles de millones de dólares anuales. El maíz ha devenido en sustento de las familias de comunidades rurales y alimento accesible de las familias urbanas pobres (representa el 60 por ciento de la ingesta calórica de los mexicanos) y es materia prima fundamental de la ganadería y la industria alimentaria mundial debido a su versatilidad y gran cantidad de derivados y aplicaciones.
El maíz es resultado y sustento de la historia y la cultura popular de México. Ambas historias, la del grano y la del pueblo, han corrido entrelazadas, tanto que han podido ser documentadas las relaciones entre la curva de precios del maíz y las vicisitudes de la economía y la política mexicanas del siglo XVIII y principios del XIX. El alza de precios del maíz provocó pobreza, carestías, desabasto, hambrunas, epidemias, emigraciones, desempleo, delito y mendicidad. Esos trastornos generaron la tensión social que propició el estallido de la Guerra de Independencia.[1]
Actualmente el maíz es el cultivo más importante de México, ocupa un poco más de la mitad de la superficie sembrada y representa el 30 por ciento del valor total de la producción. El país es el quinto productor mundial, con alrededor de 21 millones de toneladas anuales, pero importa casi 10 millones —un tercio de lo que consume. Los otros grandes productores en orden de importancia son Estados Unidos, China, Brasil y Argentina.
Por sus cualidades, el maíz fue convertido rápidamente en mercancía codiciada, introducida al mercado con una clara tendencia a la privatización. La transformación de la semilla en una mercancía a partir de un recurso de uso social comunitario ha sido posible mediante tres candados de una estrategia global cuyo objetivo es cerrar el paso a la autosuficiencia campesina para la producción local de alimentos.
El primero es la imposición de tecnologías para apropiarse de las características de las semillas y el conocimiento tradicional asociado. El segundo es el establecimiento de un marco jurídico que legalice el despojo mediante registros, certificados y patentes. El tercero: las políticas agroalimentarias que favorecen a las trasnacionales y perjudican a los pequeños y medianos productores. Según las investigadoras Adelita San Vicente y Areli Carreón, “Esto es claro si revisamos las ganancias y la concentración que en los últimos años han realizado las empresas semilleras en el mundo. Hace 20 años existían miles de empresas que vendían semillas, la mayoría de ellas pequeños negocios familiares. Después de varias décadas de fusiones y adquisiciones, en la actualidad unas cuantas compañías manejan las semillas comerciales, especialmente en los sectores industriales de maíz y soya. En el caso del maíz, cuatro compañías —Monsanto, Dupont, Syngenta y Dow— controlan más de tres cuartas partes del mercado, excluyendo a China. Estas mismas empresas poseen la mayoría de las patentes agro biotecnológicas.”2
La importancia global del maíz explica el interés de las trasnacionales por controlar la especie en su centro de origen y convertirla en patrimonio privado. Empezaron con el uso de variedades híbridas asociadas al uso de fertilizantes químicos y agrotóxicos. Ahora vienen con el maíz transgénico que además entraña enormes riesgos para la diversidad de las variedades nativas, y una vez destruidas por la contaminación genética, los productores de maíz quedarían inermes ante la crisis del clima.
Menos maíz, más caro
Ahora mismo, mientras el mundo padece la estampida de los precios de los alimentos, particularmente del maíz, por los eventos climáticos en Estados Unidos, las multinacionales como Monsanto se frotan las manos por la alta expectativa de ganancias debido a las alzas y a la fuerte demanda de semillas. Los reveses del clima en ese país han ocasionado una baja sensible en la expectativa para la cosecha próxima de maíz3 que ya impacta los precios del grano y está repercutiendo en otros alimentos. La peor sequía en Estados Unidos en el último medio siglo, ocasionada por las más altas temperaturas que se tenga registro, es atribuible a la crisis climática y ha destruido la sexta parte de la cosecha de maíz estadunidense, provocando una hiperinflación alimentaria, justo cuando se agrava la crisis financiera y energética global.
El alza de los precios del maíz4 y su repercusión en otros alimentos removió la memoria de la crisis de 2008 que generó revueltas en varios países y en México dio pie a la crisis de la tortilla. La ONU llamó inmediatamente a prevenir una catástrofe alimentaria.5 Urgió a los gobiernos a realizar “acciones rápidas y coordinadas” para asegurar que la subida de los precios de los alimentos no origine un desastre que perjudicaría a millones de personas probablemente a finales del año.
No sólo el maíz, también trigo y soya, otros dos granos básicos para la alimentación mundial, están siendo levantados por la espiral inflacionaria. Las agencias de la ONU definen acertadamente que los elevados precios de los alimentos son el síntoma y no la enfermedad, y llaman a atacar las causas profundas de la crisis de precios. Quién sabe qué entiendan ellas por esto pero desde la perspectiva campesina significaría cambiar el modelo de producción agroindustrial por otro basado en la soberanía alimentaria, orientado a los mercados locales, en una época de crecimiento de la demanda de alimentos y crisis climática.
Pero las medidas en curso de los gobiernos alineados no apuntan en esa dirección. De acuerdo con datos del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior dadas a conocer por el diario La Jornada, México batió récord de importaciones de maíz6 durante el primer semestre de 2012 respecto a igual periodo del año pasado, cuando cayó la producción nacional a causa de heladas y sequías, pero también respecto a la primera mitad de 2007, cuando ocurrió la crisis de la tortilla, e incluso durante sendos lapsos de 2008 y 2009 con la crisis financiera mundial. Según la misma fuente, en los primeros seis meses de este año se gastaron en este rubro mil 931 millones de dólares.
México pasó de importar 396 mil toneladas en 1992, antes de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a 9.8 millones de toneladas para el ciclo 2011-20127. Las medidas impuestas por el TLCAN desmantelaron las instituciones de apoyo a la producción agroalimentaria y generaron condiciones de mayor desigualdad respecto a los países socios. La dependencia alimentaria representa ahora casi el 50 por ciento de lo que el país consume y el gobierno reconoce la existencia de 28 millones de personas con hambre8, de las cuales 20 millones habitan en el campo.
El hambre que vino del norte
“¡Hambre, hambre!, ladran los perros de Urique”, decían los viejos repitiendo una conseja de la época Porfiriana, cuando la región habitada por los rarámuri en La Tarahumara fue presa de la hambruna y escenario de levantamientos precursores de la Revolución. El tiempo cerró el círculo y ahora esa región de Chihuahua, en el norte de México, sufre una catástrofe humanitaria por escasez de alimentos comparada por el semanario Proceso con lo que ocurre en países de África.9
La hambruna actual ha llevado a los hospitales a centenares de indígenas con cuadros de desnutrición aguda, cuyas enfermedades derivadas han causado la muerte de varias personas. Se trata de la manifestación más extrema de las consecuencias del modelo económico de libre mercado aplicado al campo, que desmanteló instituciones de crédito, insumos, seguros, almacenes y programas de apoyo a la producción campesina, generando una situación de insuficiencia alimentaria agravada por los desajustes climáticos.
El año pasado, una sequía atípica prolongada por más de 18 meses devastó las cosechas de maíz y frijol en la región y las bajas temperaturas de cerca de –20 grados Celsius empeoraron el problema. Ese año se dejaron de producir 20 mil toneladas de maíz para autoconsumo. De las 150 mil toneladas del cereal que se producen comercialmente en Chihuahua, sólo hubo 500 toneladas. De las más de 100 mil toneladas de frijol que se cosechan anualmente, apenas hubo 20 mil. La producción de avena se perdió en más de 80 por ciento. La falta de alimento afectó a un cuarto de millón de habitantes de 4 mil 478 comunidades de población indígena y campesina. Pero el problema no paró ahí.
Para el presente ciclo primavera verano se prevé una cosecha insuficiente pues los rarámuri sólo sembraron 4 mil de las 40 mil hectáreas que regularmente destinan para la producción de granos básicos, principalmente maíz.10 Quienes se atrevieron a sembrar lo hicieron sin humedad suficiente en algunas zonas de Guachochi, Urique y Batopilas, con semilla nativa.
Y es apenas el aviso de lo que vendrá. La situación de emergencia alimentaria no es privativa de las zonas indígenas del norte del país sino que se extiende prácticamente a toda el área rural —como lo muestran las cifras de pobreza alimentaria mencionadas arriba. Las políticas agropecuarias impuestas a la sociedad mexicana durante más de un cuarto de siglo han beneficiado principalmente a una minoría de grandes productores y a las trasnacionales en detrimento de la mayoría de la población. La insensatez del modelo que desmanteló los mecanismos e instituciones que regulaban el mercado interno para entregarlo en charola de plata (con subsidios y todo) a las empresas trasnacionales hace posible el absurdo de que mientras el hambre campea y los Estados Unidos anuncian la caída de sus cosechas de maíz, en el país hay problemas para comercializar más de un millón 200 mil toneladas del grano en Sinaloa y Jalisco debido a que los comercializadores se niegan a pagar el precio internacional, incumpliendo cuando les conviene las normas del TLCAN. Las trasnacionales ya dominan la comercialización y también la mayor parte de las ramas de la agroindustria, incluida la producción, almacenamiento y distribución de semillas.
El frente del maíz transgénico
Monsanto y las empresas que controlan el mercado de las semillas transgénicas en el mundo han convertido al maíz mexicano en su blanco preferido porque una vez conquistado se alzarían como dueñas absolutas de esta riqueza en el mundo.
Antes de que el gobierno mexicano rompiera en 2009 la moratoria a la experimentación con maíz transgénico, el maíz ya había sido genéticamente contaminado en su centro de origen. El estudio que presentó la evidencia fue realizado por el científico Ignacio Chapela y publicado por la revista Nature en noviembre de 2001. Chapela documentó la presencia de maíz transgénico en Oaxaca, una de las entidades con mayor diversidad del grano. El hecho fue confirmado meses después por investigadores mexicanos. Actualmente casi la mitad de los estados de la república han reportado presencia de contaminación transgénica y existe la convicción extendida de que ésta fue provocada intencionalmente. De cualquier modo, se trata de un crimen histórico.
El maíz transgénico no incrementa los rendimientos11 ni conlleva ningún beneficio en costos de insumos para los productores ni ventajas para el consumidor, pero si se aprueba la siembra comercial de los maíces de Monsanto, la trasnacional podría obtener utilidades cercanas a los 400 millones de dólares anuales, según calcula Víctor Suarez, presidente de la Asociación Nacional de Empresa Comercializadoras de Productores del Campo.12
Por eso los cabilderos de la firma estadunidense no reparan en invertir unos 5 millones de dólares al año para ablandar políticos, periodistas, científicos y dirigentes. También invierte en sus cabezas de playa en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de Irapuato y el Proyecto Maestro de Maíces Mexicanos que mantiene con la Confederación Nacional Campesina13.
De la mano de la destrucción de la economía rural de México, la contaminación clandestina llegó como una de las consecuencias directas del TLCAN. El maíz no etiquetado que sigue llegando de Estados Unidos es transgénico en su mayor parte y se introduce a ciencia y paciencia de empresas y funcionarios sin el menor cuidado. Con ello buscan enfrentar a quienes rechazan los cultivos transgénicos y a la opinión pública con una estrategia de hechos consumados.
La Ley Monsanto (Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados) fue aprobada por los legisladores mexicanos en 2004 y, como su apodo lo indica, favorece principalmente los intereses de la trasnacional. Abrió la puerta a los cultivos transgénicos y no garantiza la bioseguridad ni protege los cultivos y plantas originarios de México, ni a sus productores.
En el mismo tenor fue aprobada la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas en 2007, en tanto que la Ley Federal de Variedades Vegetales existía desde 1996.14 El nuevo marco legal fue diseñado para la expoliación mientras se iban derogando o reformando las leyes que protegían –a veces precariamente– los derechos de productores, campesinos e indígenas.
Hasta que en 2009 el gobierno federal, traicionando otra vez a la sociedad rural, rompió la moratoria de facto que había subsistido por 11 años, al empezar a otorgar permisos para siembra experimental y piloto de maíz transgénico, y ha puesto al país a un paso de la siembra comercial del maíz de Monsanto.
El uso de semillas transgénicas se agrega a la producción agroindustrial para profundizar la dependencia de los productores pero al mismo tiempo agudiza las contradicciones que apuntan al declive del modelo.15 Los daños comprobados a los ecosistemas y a la salud humana, sus efectos sobre el clima —porque refuerza el uso del petróleo en la agricultura— y el surgimiento de súper plagas que resisten los venenos asociados a las semillas transgénicas genera protestas, moratorias y prohibiciones. El maíz de Monsanto MON16 ha sido expulsado de 8 países de la Unión Europea y en todo el mundo se revaloriza la producción orgánica.
Como lo ha señalado la Red en Defensa del Maíz que reúne a más de mil comunidades y decenas de organizaciones en 22 estados de México, “los cultivos transgénicos son un instrumento de abuso corporativo contra el derecho a la alimentación y los alimentos sanos, contra la producción independiente, diversificada de alimentos, que ocurre en pequeña escala y en manos de campesinos en muchísimos rincones del planeta (al punto que son quienes proveen la parte más significativa de la alimentación mundial). (El uso de semillas transgénicas) es un ataque frontal contra la soberanía alimentaria.”
La lucha de los pueblos del maíz
La Red, a la par de movimientos como “Sin maíz no hay país” y organizaciones como la UNORCA, representante de La Vía Campesina en la región Norte de América, han enderezado campañas por expulsar del país a Monsanto y sus semillas Frankenstein, pero la Red se ha significado porque durante diez años ha declarado, por la vía de los hechos, una moratoria contundente a la invasión del maíz transgénico. Los campesinos saben que la mejor defensa del maíz es sembrarlo. Y custodiar sus semillas, seleccionándolas e intercambiándolas. Saben que la soberanía alimentaria empieza desde abajo y que la producción social y comunitaria de los propios alimentos es la mejor garantía del derecho a la alimentación.
Ellos saben o intuyen que las corporaciones y los gobiernos de los países dominantes han usado los alimentos como arma geoestratégica impidiendo el desarrollo agrícola de los países subordinados mediante tratados de “libre” comercio y la tecnificación de la agricultura controlada por empresas como Monsanto, que cumplen el doble propósito de maximizar las ganancias y mantener por tiempo indefinido el sometimiento, en este caso, de la agricultura mexicana a los intereses de la agricultura estadunidense.
Antes de la apertura comercial el maíz había sido protegido por las políticas agrícolas nacionales y el grano para consumo humano era abastecido en cantidad suficiente por la producción local, principalmente minifundista, en tierra ejidal o comunal de temporal. Tras la firma del TLCAN el gobierno mexicano fue retirando paulatinamente los apoyos a la mayoría de los productores del campo hasta abandonarlos.
En un escenario tan complejo como desfavorable, la Red en Defensa del Maíz y varias organizaciones de la sociedad civil mexicana, convencieron al Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) para sesionar en México. Promovieron una línea de enjuiciamiento al estado mexicano como responsable de la violencia hacia el maíz, la soberanía alimentaria y los derechos de los pueblos.
Apoyada en el prestigio moral del TPP, la gente del campo va contra el TLCAN y sus firmantes porque:
a) Entregaron la producción de alimentos a las trasnacionales, convirtiendo a México en un país dependiente.
b) La apertura comercial de granos provocó el retiro del cultivo de más de 10 millones de hectáreas y el éxodo rural de 15 millones de personas16.
c) Atentaron contra la vida en torno a la milpa de maíz, corazón de la propuesta civilizatoria de Mesoamérica.
d) Son responsables de un crimen contra la humanidad: destruir la fortaleza genética de uno de los cuatro pilares de la alimentación mundial.
Simultáneamente las campesinas y los campesinos mexicanos más concientes y organizados impulsan estrategias de resistencia como el establecimiento de zonas libres de maíz transgénico, uniones de pueblos y ayuntamientos democráticos en defensa del maíz, redes de tianguis orgánicos, festivales de gastronomía del maíz, bancos de germoplasma comunitarios, reservas comunitarias de alimentos, ferias de intercambio de semillas, y otras medidas en defensa de la vida campesina.
Es así como luchan quienes durante muchas generaciones recrearon la biodiversidad y hoy siguen siendo responsables de su preservación. Son herederos en línea directa de las culturas que domesticaron y desarrollaron el maíz –son la gente del maíz del siglo XXI– y están convencidos de que no se puede permitir que la voracidad de las empresas trasnacionales se apropie de ese legado milenario.
* Alfredo Acedo es director de comunicación social y asesor de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas. México
Fuente: http://alainet.org
