El grupo interdisciplinario de expertos independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunió este día con diputados de la Comisión de Seguimiento del caso Ayotzinapa, a quienes manifestaron que la desaparición forzada es una práctica que debe ser erradicada de México.
Durante la reunión, donde se exhortó al Congreso a aprobar a la brevedad una Ley para tipificar el delito de desaparición forzada, la especialista Claudia Paz y Paz dijo que el grupo recomendaría “la unificación e integración de normas frente a estándares internacionales. El tema real de la desaparición forzada es un flagelo que hay que erradicar”.
“Creo que la normatividad debe ser muy precisa en términos de la amplitud significa la participación de estas personas [agentes del Estado]en delitos de desaparición”, refirió Paz Paz.
La especialista dijo que esta Ley debe contener bien definidos los protocolos de búsqueda y las acciones inmediatas a seguir luego de la desaparición debido a que las 24 y 72 horas siguientes al evento son cruciales para el éxito de encontrar a las personas.
En entrevista con la prensa, la Diputada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, dijo que los expertos les dijeron que se debe considerar un delito de lesa humanidad y que en estos casos México se atenga a los protocolos de desaparición forzada y acepte la participación y recomendación de organismos internacionales.
“Nosotros vemos mucha disposición en estos expertos (de la CIDH) y nos da gusto, pero además vemos también que son personas que tocaron temas muy claros”, refirió la legisladora.
El pasado 5 de marzo, el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la situación de violencia y de violación de los derechos fundamentales en 38 países, entre ellos México y Venezuela.
Con respecto a México, el alto comisionado dijo que el país es “un cruel ejemplo de como la violencia criminal puede amenazar ganancias democráticas logradas con esfuerzo”. “La desaparición de 43 estudiantes en Iguala está lejos de ser un caso aislado, pero desafía a las autoridades a que tomen acciones decisivas para acabar con la impunidad y evitar estos crímenes en el futuro”, refirió.
“He expresado en repetidas ocasiones mi preocupación respecto a la violencia generalizada en partes de América Central y en México, y los vínculos con el crimen organizado, las fuerzas de seguridad y las autoridades locales y centrales”.
Consultado sobre los acercamientos que ha tenido el grupo y la documentación que ha recibido, el especialista chileno Francisco Cox, abogado en derecho constitucional, dijo que eso prefería no contestarlo “porque todavía estamos en el proceso de instalación y recabar la información”.
“Al final de nuestra visita sí informaremos sobre cada una de las reuniones que hemos tenido y los antecedentes que hemos revisado”, agregó.
Francisco Cox expuso que todas las reuniones que han sostenido hasta ahora han sido útiles para cumplir con los distintos puntos de su mandato. Dijo que las recomendaciones que emitan los expertos van a estar alineadas con estándares internacionales y de acuerdo con tratados que el propio gobierno mexicano y ha ratificado.
El pasado 12 noviembre la CIDH formalizó un acuerdo con el gobierno mexicano y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre para brindar asistencia técnica e integró el grupo interdisciplinario de expertos independientes en materia de derechos humanos, el cual llegó a México el pasado 2 de marzo.
El grupo tiene las atribuciones de elaborar planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos, a fin de asegurar que se brinde la atención y reparación integral necesaria.
Fuente: Sin Embargo
