La Cruzada Nacional contra el Hambre, puesta en marcha hace un año como la política social insignia del peñanietismo, languidece por falta de atención y recursos. Cantada con estrépito por Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, esta iniciativa opera a medias en unos cuantos municipios, precisamente donde soldados y marinos la emplean como pantalla para acercarse a aquellas zonas en las que brotan inconformidades en forma de autodefensas y policías comunitarias.
Por Marcela Turati y Patricia Mayorga/ Proceso
Los habitantes de Guadalupe y Calvo aún recuerdan la fiesta del 16 de febrero del año pasado: 5 mil indígenas de distintos puntos del municipio chihuahuense colindante con Sinaloa y Durango festejaron el inicio formal de la Cruzada Nacional contra el Hambre. La Sierra Tarahumara fue elegida como escenario para el arranque de la estrategia peñanietista pues padecía una emergencia alimentaria: la hambruna era motivo de escándalo nacional.
Siete semanas después del acto encabezado por la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y el gobernador César Duarte, en el hospital del pueblo falleció el niño Irving Cruz Gutiérrez. Sólo vivió tres meses. En su expediente quedaron registradas como causas del fallecimiento neumonía y desnutrición severa.
La situación, según los médicos locales, no ha cambiado. Y la cruzada, de acuerdo con las autoridades municipales, tampoco ha llegado.
“Todo está exactamente igual, no ha habido cambios. Sigo viendo pacientes con las mismas condiciones de desnutrición porque no comen realmente, no tienen alimentos que los nutran.” dice a las enviadas de Proceso uno de los médicos, quien –debido a la inseguridad que afecta al personal hospitalario en esa región– pidió el anonimato.
En Guadalupe y Calvo no se aprecian obras nuevas o comedores comunitarios como los que el gobierno federal publicita en medios y redes sociales.
Para este municipio serrano (uno de los cinco de Chihuahua elegidos para el Programa Sin Hambre) apenas en diciembre llegó la instrucción de contratar estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua como representantes de la Sedesol para que visiten las comunidades más pobres y organicen asambleas a fin de elegir a los encargados de los comités comunitarios que definirán las acciones contra el hambre.
La regidora de salud de Guadalupe y Calvo, Paulina López, informa que a finales de noviembre se les dieron becas a los estudiantes para que visitaran los ranchos: “Ya se dio el primer paso”.
Uno de los estudiantes contratados muestra a las reporteras el equipo que le dieron: linterna, gorra, mochila y camiseta. “A cada uno nos toca visitar 10 comunidades, llegamos, pedimos que elijan representantes, que firmen y que hagan una lista con tres peticiones de obras. Por cada 20 personas que se junten se crea un comité, entre más, más comités se crean. Las propuestas que nos entregan las pasamos a la presidencia municipal y desconocemos qué pase después”, explica.
Mucha gente se sale de las asambleas al ver que no les darán despensas.
Hambre y violencia
En los días previos a la visita de este semanario fue asesinada una familia de Guadalupe y Calvo que había huido para refugiarse en la ciudad de Chihuahua. En el pueblo corría el rumor de que estaba por desatarse la venganza y todos, incluido el párroco, parecían asustados.
“Hay comunidades donde no formamos comités, nos dio mucho miedo entrar, nos las saltamos”, admite el estudiante.
Además la Sedesol no ha pagado los 5 mil 600 pesos que prometió a cada promotor por hacer en una quincena (del 15 al 30 de noviembre) el trabajo planeado para hacerse en dos meses.
La presidencia municipal se inundó de peticiones ciudadanas que solicitan a la Cruzada Nacional: granjas de pollos, de cerdos o de borregos, ganado, invernaderos, tiendas Conasupo, salones de actos, escuelas, estanques para peces o agua potable.
La única novedad es que desde agosto, 100 primarias fueron incluidas en el programa Tiempo Completo de la SEP y comenzaron a brindar alimentos a los alumnos. El resto de la población consume lo mismo de siempre.
En el campo de la salud la realidad contrasta con las promesas gubernamentales: en vez de mejorar, el hospital de alta especialidad dejó de serlo desde el año pasado, cuando los médicos huyeron a causa de las extorsiones y los asesinatos entre cárteles.
La organización Alianza Sierra Madre –la cual trabaja en la zona serrana de Baborigame habitada por ódames o tepehuanes azotados por la extrema pobreza– tampoco ha notado avances.
La Tarahumara tiene los municipios con los porcentajes más bajos de supervivencia infantil y materna y los más altos en desigualdad, acceso a servicios de salud y analfabetismo.
La Estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, presentada el 21 de enero del año pasado por Enrique Peña Nieto en Las Margaritas, Chiapas, y comenzada en febrero en Chihuahua, donde se firmó el primer acuerdo entre federación y gobiernos estatales, ha tenido que ajustar sus metas varias veces.
El primer año el gobierno federal redujo la meta de atención: en la primera fase ya no serían 400 municipios intervenidos con acciones, 80 serían los prioritarios (Proceso 1917).
Pura propaganda
El miércoles 8, Peña Nieto anunció la puesta en operación de 500 comedores comunitarios durante su visita al municipio guerrerense de Cochoapa el Grande, donde visitó un comedor de lujo: recién pintado, con mesas y sillas bien alineadas, grandes ollas de comida, tinacos nuevos y cocineras con mandiles, el pelo recogido y tapabocas.
Según documentos internos de la Sedesol, los comedores deben tener servicios básicos, ventilación e iluminación adecuadas, así como espacio para bodega, instalaciones hidráulicas y sanitarias que garanticen el manejo higiénico de los alimentos y medidas mínimas de seguridad e higiene.
En septiembre se constató que el comedor de ese municipio funcionaba al aire libre, en la calle bajo una lona. Las cocineras preparaban los alimentos en una fogata sobre el piso y carecían de ollas, utensilios de cocina, tanques de gas y alimentos (Proceso 1925).
Esa escena es común en Guerrero. El antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan visitó en diciembre el comedor instalado en Cozondiapa, municipio de Copanatoyac, y pinta un panorama muy diferente al mostrado por Peña Nieto, cuya visita, por cierto, dejó como saldo el fallecimiento del niño Hermelindo Pablo Moreno, de dos años, al ser atropellado por una camioneta de la Sedesol.
“El comedor estaba muy dejado a la mano de Dios: al aire libre, la gente cocinando sobre fogones, en la tierra, tenía algunas mesas y sillas, pero en las mismas condiciones de insalubridad de siempre”, asegura.
¿Cruzada o contrainsurgencia?
La información gubernamental menciona que en Guerrero fueron establecidos 500 comedores comunitarios para alimentar a 60 mil personas de 36 municipios de las zonas Montaña (la más pobre del país), Costa Chica, Centro, Costa Grande y Acapulco.
Según el documento Reporte de avance de 500 comedores comunitarios en el estado de Guerrero, fechado el 16 de diciembre, 476 comedores son operados por las secretarías de la Defensa y de Marina (54 con participación de la Sedesol); los 24 restantes son operados sólo por la Marina.
De los 36 municipios elegidos para ubicar los comedores operados por las fuerzas de seguridad, en 30 se tiene registrada la presencia y operación de civiles armados que fungen como policías comunitarias, si se contrasta con la ubicación de las autodefensas divulgada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En entrevista telefónica Barrera comenta que es claro el interés del Ejército para instalar comedores en zonas de siembra de enervantes, conflictivas o donde hay presencia de policías comunitarias o autodefensas que le facilitan hacer un trabajo de investigación y contrainsurgencia.
“Es un juego muy perverso el que se está implementado en esas regiones sin impulsar la producción de básicos ni potenciar la siembra de maíz criollo, introduciendo alimentos enlatados que ya no sabe la gente cómo llegan a la mesa”, dice. “Es la nueva forma de contrainsurgencia y contención social: antes era cortando pelo, enseñando oficios, dando dulces a los niños; ahora, entregando paquetes de alimentos y haciéndola de cocineros.”
Muchas manos, poco avance
El diario El Universal detectó –por diversas solicitudes de información pública– que en 2013 las dependencias que con la Sedesol forman parte de la cruzada fracasaron en sus metas: la cobertura de secretarías, como la de la Defensa y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, no alcanzaban 40% de avance; la de Energía sólo había realizado obras de electrificación en los dos municipios piloto del programa, aunque se había planteado llegar a 80; la de Medio Ambiente y Recursos Naturales no registraba ninguna acción de reforestación como se había acordado, y Gobernación, Relaciones Exteriores y Turismo ni siquiera tenían información.
La SEP logró un avance de 50% en su meta de abrir 8 mil 186 escuelas de tiempo completo en los 400 municipios, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas hizo la mitad de las 4 mil 746 programadas.
Aunque la Sedesol anunció que la meta para 2013 era crear 100 mil comités comunitarios que ayudarían a la planeación, ejecución y supervisión de acciones del Programa Sin Hambre y al menos 300 mil al final del sexenio, la dependencia formó 50 mil comités ciudadanos, la mitad de los planeados.
Según la propia Sedesol, esos comités serían el sello peñanietista de la nueva estrategia contra la pobreza y la diferenciarían de los programas sociales que la han antecedido porque incluiría a la población en la toma de decisiones, la implementación de acciones y obras y la supervisión.
Fuente: Proceso
