Genaro Góngora Pimentel, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acaba de publicar sus memorias bajo el título de Los Supremos de la Corte. Entre los muchos episodios de su vida profesional, el autor narra algunos hechos relevantes para la historia reciente del país. En esta reseña se recuperan particularmente casos en que los presidentes y expresidentes de la República solicitaron “favores” a los integrantes del máximo tribunal o éstos cedieron ante ellos, a costa de la justicia y de la separación de poderes.
Por Jorge Carrasco Araizaga/ Proceso
Al menos desde el gobierno de Carlos Salinas, ningún presidente de la República se ha resistido a buscar los favores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Algunos para interceder por amigos en aprietos judiciales, otros en busca de beneficios políticos y no han faltado quienes han querido utilizar al máximo tribunal para pagar facturas, como ocurrió tras la elección de Felipe Calderón.
El señalamiento lo hace el ministro en retiro y expresidente de la SCJN Genaro David Góngora Pimentel en sus memorias de reciente aparición, en las que además expone casos de corrupción de jueces y magistrados antes y después de la reforma judicial de 1994, iniciada por Salinas y echada a andar por el gobierno de Ernesto Zedillo.
Esa reforma definió la actual composición de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), presididos ambos por Góngora entre 1999 y 2003, periodo en que fue el máximo representante del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Los Supremos de la Corte es el título que Góngora dio a la revisión de sus más de 40 años de carrera judicial. En 2009 pasó a retiro como ministro, pero se mantuvo en la vida pública. El actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo anunció como consejero jurídico de la Presidencia en caso de que ganara las elecciones presidenciales en 2012.
En la SCJN Góngora fue un fuerte opositor al desafuero de López Obrador cuando éste era el jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. El desafuero fue impulsado en 2005 por el entonces presidente Vicente Fox con el apoyo de quien era en ese momento presidente de la SCJN y del CJF, Mariano Azuela Güitrón.
A pesar de que en abril de ese año el gobierno federal se desistió de la persecución judicial contra López Obrador por haber violado una suspensión ordenada por un juez, desde Los Pinos y el PJF continuó la operación política en contra del entonces opositor y de ello da cuenta Góngora:
“Antes de que se dictara la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en relación a las elecciones presidenciales para el año 2006, todos los magistrados del tribunal se reunieron una noche en casa del presidente de la SCJN, don Mariano Azuela Güitrón. Una vez reunidos, llegó doña Marta (Sahagún, esposa de Fox), estuvo una hora con ellos. Hecho ya el trabajo sucio, llegó don Vicente Fox.
“Desde luego la finalidad que tenían los dos que cogobernaban México era que no se invalidara la elección presidencial. Afán en el que tuvieron un triunfo decisivo… Días después, el expresidente del Tribunal Electoral Federal (Leonel Castillo González) fue propuesto a los ministros de la Suprema Corte –de los que yo formaba parte activa– como consejero de la Judicatura Federal”.
El ministro en retiro, quien evita el nombre del entonces presidente del tribunal electoral, se opuso durante la sesión privada del pleno de la Corte, previa a la votación: “Los ministros no podemos pagar las facturas a cargo del señor presidente Calderón. Ésas le correspondían estrictamente a él y no a los ministros de la Suprema Corte”.
Cita entonces al ministro Azuela al recordar lo que pasó cuando Leonel Castillo le entregó la constancia de ganador a Calderón, en septiembre de 2006, en medio de fuertes impugnaciones: “El expresidente (Leonel Castillo), después de haberle entregado la constancia de presidente de la República a Felipe Calderón, con el tono más persuasivo que pudo, dijo: ‘¡Ahora lo único que me falta es que me hagan ministro!’”
Castillo, michoacano como Calderón, sólo tuvo dos votos y no pudo llegar al CJF. Después fue designado al frente del Instituto de la Judicatura Federal, del que salió en medio de escándalos por el tráfico de exámenes para ocupar plazas de jueces federales.
Dice Góngora: “Bastó una sola sentencia como aquella (la del TEPJF que le dio el triunfo a Calderón) para cubrir de ignominia todos los años del buen trabajo realizado (por nuestro alto tribunal). Esa fue, me decía otro de los ministros, el haiga sido como haiga sido del presidente Calderón”.
Al ministro Góngora le tocó durante dos años coincidir como presidente de la Corte con Fox como presidente de la República, de quien dice que además de desconocer el Poder Judicial, dejaba que muchas de las decisiones las tomara su esposa, “un elemento poco valorado que ayudó muchísimo en su presidencia al señor Fox”.
Asegura que el consejero jurídico “del señor de Guanajuato”, Juan de Dios Castro y Castro, contemporáneo de Góngora como profesor en la UNAM, tenía que estar muy atento a lo que firmaba el presidente, pues éste no sabía lo que hacía.
“Si llegaba una petición de una secretaría de Estado al presidente Fox, tan pronto como se la pasaban, sin leerla, la firmaba. Y en algunas ocasiones llegaba otra petición en sentido contrario a la anteriormente firmada, que tan pronto se la pasaban a Fox, también la firmaba.
“Entonces, por orden de don Juan de Dios, el jefe del Estado Mayor Presidencial tomaba las peticiones firmadas y se las pasaba a él, de esa manera pudo evitar una serie de problemas para toda la República Mexicana”.
Sin dar nombres cuenta que, en una cena en “la cabaña” –uno de los sitios que Fox y Sahagún se hicieron construir en Los Pinos– estuvieron el presidente de la República y los 11 ministros de la Corte.
En la cabecera de la mesa estaba el presidente y entre los ministros se sentaron los secretarios de la Defensa Nacional, de Gobernación y de Hacienda. En la conversación, dice, uno de los ministros le pidió al presidente un avión para los ministros, con el propósito de visitar todos los circuitos de amparo del país.
El presidente, indeciso, buscó con la mirada al secretario de Hacienda, quien dijo que implicaba gastos de tripulación, mantenimiento y muchos otros. “Aquí tomó de nuevo la palabra el señor presidente y dijo: ‘Bien, les daremos un avión, siempre que ustedes a cambio nos den sentencias favorables’. Fue cuando el ministro de la petición se sonrojó y dijo que no, que así no”.
En los dos primeros años de la presidencia de Góngora, el presidente de la República fue Ernesto Zedillo, quien lo propuso para ser ministro a partir de enero de 1995 y a quien califica como “el mejor presidente de la República Mexicana” porque “no tuvo que robar a la nación” y en su presidencia “se constituyó la nueva integración de la SCJN, y en este proceso… no metió las manos”.
En alusión a Óscar Espinosa Villarreal, quien fue regente de la Ciudad de México y secretario de Turismo del gobierno de Zedillo, dice que cuando estaba perseguido judicialmente por el gobierno de Rosario Robles, entonces del PRD, por el delito de peculado, el presidente de la República lo invitó a desayunar.
“Cuando el presidente de la Corte es invitado a Los Pinos es para pedirle algo; y así fue… Me pidió don Ernesto simple y llanamente que le hablara a la magistrada (a cargo del caso) y le pidiera que dictara sentencia favorable en el caso que preocupaba a don Ernesto, por estar su amigo preso”.
Asegura Góngora que le dijo no al presidente, que no le podía dar instrucciones a la magistrada, pues ella era independiente. “Se me quedó viendo asombrado… Con eso terminó el desayuno y salí del comedor caminando sintiendo que el piso se movía por haberle dicho no al presidente”.
Lo mismo asegura que le pasó con Carlos Salinas, ya como expresidente de la República y Góngora como presidente de la Corte. Después de describir la mirada de Salinas como estremecedora, apunta:
“El presidente Salinas habló con los abogados de un despacho muy importante, para que arreglaran una reunión conmigo… Frente al edificio del despacho de estos abogados importantes se encontraba una casa muy bien dispuesta para reuniones especiales. En esa casa me invitaron a desayunar con Carlos Salinas de Gortari.
“Me acompañaron algunos miembros del despacho y llegado el momento se retiraron discretamente… dejándome a solas con él”, quien “me pidió mi ayuda para cierto asunto que le molestaba”.
Eran los años en que su hermano Raúl se encontraba bajo asedio judicial del gobierno de Ernesto Zedillo.
“¡Claro, yo era el más adecuado! Pero, lo más educado que pude, ¡le dije que no lo haría! Después, en los desayunos que tenía con los señores ministros les conté aquel incidente. Pude notar que un ministro prestó mucha atención a mis palabras. Después supe que ese ministro ofreció sus servicios al presidente Salinas para solucionar su problema”.
El sucesor de Góngora en la presidencia de la SCJN y del CJF fue el ministro Arturo Azuela. Ambos representaban las antípodas en los debates públicos del pleno de la Corte. Góngora prolonga esa diferencia en sus memorias.
Cuenta que en 1995, cuando se hizo pública la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, a manos de policías estatales, él pidió que la SCJN ejerciera su facultad de investigación de violaciones graves a los derechos humanos, entonces prevista en la Constitución, pero que el Senado eliminó durante el gobierno de Felipe Calderón, después de que la Corte emprendiera investigaciones que implicaron a los gobiernos foxista y calderonista.
Entre esas investigaciones estuvo la relativa al incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, que dejó 49 infantes muertos y más de 100 heridos el 5 de junio de 2009. Pero la Corte limitó las responsabilidades a funcionarios medios estatales y municipales.
Góngora Pimentel asegura que, en el caso de la masacre de Aguas Blancas, el ministro Azuela “se opuso terminantemente” a la investigación de la Corte. “Con su peculiar estilo sarcástico, se refirió a la facultad del artículo 97 como algo que no deberíamos apoyar, por estar redactada, según decía, con los pies”. Góngora y el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, fallecido en 2010, se quedaron solos en la votación de 9 a 2 en el pleno de la Corte.
Pero ante el escándalo, Zedillo le pidió a la Corte que hiciera la investigación, apoyada en su facultad constitucional, “y con gusto don Mariano Azuela fue quien dio los argumentos necesarios para llevar a cabo la investigación… ¡Qué hábil resultó el ministro Azuela para obedecer al presidente de la República!”.
La represión de la policía del Estado de México, en mayo de 2006, a los pobladores de San Salvador Atenco que se oponían al aeropuerto de Texcoco promovido por el gobierno de Vicente Fox, es otro caso que refiere sobre el acercamiento del ministro Azuela con el Ejecutivo:
“La SCJN no tuvo más remedio que hacer una investigación por estimar que se violaban de manera grave los derechos fundamentales. Esa fue la conclusión. Lo asombroso fue que se hiciera caso al ministro Mariano Azuela, quien dijo que los responsables sólo podían ser los policías y los mandos medios. Con esto dejó a salvo a quienes ordenaron la invasión de San Salvador Atenco: el procurador general de la República, el gobernador del Estado de México y el secretario de Seguridad Pública federal”.
El ministro en retiro evitó los nombres de Daniel Cabeza de Vaca, entonces procurador y quien después fue designado consejero del CJF, el gobernador Enrique Peña Nieto, y el secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, ahora ministro de la Suprema Corte y actualmente envuelto en una acusación publicada en el periódico El Universal sobre millonarias transferencias de dólares, libras esterlinas y pesos al Reino Unido, donde fue embajador del gobierno de Calderón.
Continúa Góngora Pimental: “La proposición (de Azuela) tuvo éxito y fueron a su encuentro con la historia. Claro, todo esto es ficción, pues ¿acaso se tomaría una decisión de este calibre por los ‘mandos medios’ sin la orden de los titulares superiores? ¡Desde luego que no! Eso sería absurdo, tan absurdo como la proposición del ministro Azuela”, quien también dijo que los ministros “no tienen que ser francotiradores de políticos”, recuerda el ministro en sus memorias.
Otro caso que refiere sobre la autocontención de la SCJN en casos de graves violaciones a los derechos humanos es el de la activista y escritora Lydia Cacho. Además de señalar la intensa y costosa defensa que emprendió el entonces el gobernador de Puebla, Mario Marín, subraya el cambio de posición que tuvo la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, ahora secretaria de Gobernación del gobierno de López Obrador:
“A muchas personas se les hizo extraña la resolución de la Corte (que fue contraria a Cacho) porque la señora ministra Sánchez Cordero había sostenido, en la primera mitad de la sesión, su apoyo al proyecto. Y en la segunda mitad, después del breve intervalo que se acostumbra, cambió de opinión e inclinó la votación a favor del gobernador de Puebla. Pero así son las cosas, lo dice el adagio: ‘Es de sabios cambiar de opinión’”.
Góngora Pimentel se retiró en diciembre de 2009. Su lugar lo ocupó el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ahora presidente de la SCJN y del CJF, y quien acompañará durante cuatro años al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Fuente: Proceso
