El gobierno de Enrique Peña Nieto debe cumplir con la Comisión de la Verdad ordenada por la justicia federal y, sólo en caso de entrar en desacato, podrá intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, notificó a la Procuraduría General de la República (PGR) que el máximo tribunal del país carece de competencia para conocer las quejas que interpuso en contra de la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para investigar el secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
La PGR argumentó imposibilidad “real, jurídica y material” para cumplir con el fallo que ordenó al Ejecutivo gestionar ante el Congreso presupuesto para el funcionamiento de la Comisión.
Los magistrados del Tribunal determinaron, además, que esa Comisión de la Verdad deberá estar integrada por familiares de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quienes da la prerrogativa de fijar las líneas de la nueva investigación.
La PGR se quejó ante la SCJN por considerar que el fallo invade la facultad constitucional del Ministerio Público de encabezar la investigación de los delitos.
El ministro presidente de la Corte respondió que la PGR y el propio presidente de la República deben fundamentar al Tribunal Colegiado, con sede en Matamoros, Tamaulipas, si existe una imposibilidad jurídica para el cumplimiento del fallo. Les dio tres días para que le contesten. La decisión del presidente de la Corte se conoció este lunes 9.
En caso de que el Ejecutivo y la PGR incumplan con el fallo del Tribunal Colegiado, éste podría iniciar un juicio por inejecución y hacérselo saber a la Suprema Corte.
Sólo en esas condiciones el máximo tribunal del país podría intervenir si considera que debe atraer el caso y entonces analizar la constitucionalidad de la sentencia del Colegiado anunciada el 4 de junio pasado.
Fuente: Apro
