En el regreso del PRI a la presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) busca “una sana relación” con el gobierno de Enrique Peña Nieto, luego de dos años de confrontación con Felipe Calderón por las presiones del expresidente al Poder Judicial de la Federación (PJF).
El PJF está abierto a mantener las mejores relaciones posibles, de plena colaboración constitucional y en la que no haya la preeminencia de un poder sobre otro u otros, dijo el ministro Juan Silva Meza en su segundo informe como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“En cada poder del Estado tenemos responsabilidades bien definidas”, aseguró ante Peña Nieto y los presidentes del Senado, Ernesto Cordero, y de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra.
La mención del ministro presidente de la Corte remitió a los dos años de desencuentros públicos y privados con Calderón, quien fue insistente en sus críticas a los jueces por liberar a personas que su gobierno acusaba de delincuentes e incluso lanzó acusaciones de corrupción.
“No toleraremos que por unos cuantos se desprestigie el trabajo de todo el Poder Judicial. La inmensa mayoría no somos así y no los queremos entre nosotros, pero de igual forma no toleraremos que se denigre el trabajo de jueces, magistrados, ministros… algunos ponen en riesgo su vida o la han perdido.
“La gran mayoría de los jueces federales podemos de ver de frente a la sociedad”, aseguró al informar sobre la destitución de cuatro jueces de distrito, la inhabilitación de un magistrado de circuito y la suspensión de cinco magistrados de distrito.
Silva Meza dedicó gran parte de su discurso al tema de los derechos humanos. Aseguró que ante las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos, el PJF no permitirá restricciones o vulneraciones: “En estos temas no habrá regresión. Habrá expansión”, subrayó.
Pidió al Ejecutivo y el Legislativo concluir la nueva Ley de Amparo para que sea congruente con las reformas al nuevo régimen constitucional en derechos humanos, en el que “la violación a los derechos humanos sea siempre vista como una anomalía indeseable”.
El ministro presidente aludió al sistema de justicia penal que debe entrar en vigor en 2016 y dijo que en los próximos años deberá darse un proceso “ordenado y homogéneo” para construir el nuevo cuerpo de jueces protectores de los derechos de las personas, por lo que anunció un programa de capacitación para los siete mil juzgadores que existen en el país.
En la sesión también estuvo el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
Fuente: apro
