La próxima salida de Felipe Calderón de la Presidencia de la República representa para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la posibilidad de que se mejoren las relaciones entre el Poder Judicial Federal y el Ejecutivo Federal.
“Ha habido diferencias en temas concretos” entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. “Con la nueva administración esperamos una comunicación fluida, respetuosa e institucional. Esperamos una relación en la que nos podamos comunicar con absoluto respeto”, dijo el presidente de la Primera Sala de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Responsable hasta el próximo día 30 de la Sala encargada de los asuntos civiles y penales que llegan a la Corte, Zaldívar aseguró que los jueces no pueden ser sujetos a presiones ni acusados de manera generalizada de corrupción.
No se puede juzgar las resoluciones de los jueces sin conocer la manera en que están integrados los expedientes, agregó en alusión a las constantes críticas y presiones de Calderón contra el Poder Judicial por la liberación de personas detenidas por su gobierno acusadas de delincuencia organizada.
“Cuando hay pruebas contra un juez se procede conforme a derecho”, pero si no, se tiene que defender la independencia de los juzgadores. “Una garantía para los ciudadanos es la independencia y autonomía de los jueces”, añadió el ministro.
Las declaraciones de Zaldívar a la prensa siguieron al encuentro que tuvieron el miércoles el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, y el presidente electo, Enrique Peña Nieto.
En el encuentro, que tuvo lugar en la sede alterna de la SCJN, el presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal pidió una “sana relación” entre los Poderes Ejecutivo y Judicial y sus titulares.
La confrontación entre el gobierno de Calderón y la Suprema Corte se expresó a partir de la llegada de Silva Meza a la presidencia del máximo tribunal, en enero del año pasado.
Uno de los casos de mayor tensión fue el amparo solicitado por la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada por el secretario de Seguridad Pública de Calderón, Genaro García Luna, de pertenecer a una banda de secuestradores.
El caso aún está en espera de resolución luego de que en marzo pasado la Primera Sala dejara pendiente el amparo que el propio Zaldívar propuso que se le concediera a Cassez.
La resolución definitiva se entrampó porque los cinco ministros de esa Sala no se pusieron de acuerdo sobre los efectos del amparo, si era para liberación inmediata o para la revisión de las pruebas en contra de la acusada.
Ministro de la Corte desde 2009 a propuesta del propio Calderón, Zaldívar dijo que existe “una crisis de justicia” en el país, pero que en materia de derechos humanos la SCJN ha emitido resoluciones conforme a sentencias internacionales, a diferencia del Ejecutivo y el Legislativo que no han dado cabal cumplimiento a los fallos contra el Estado mexicano.
Entre los pendientes que mencionó están la reforma al Código a la Justicia Militar y la aprobación de la Ley de Amparo.
Fuente: www.proceso.com/mx
