La Corte Suprema de Estados Unidos revisará esta semana una ley que desde hace más de un cuarto de siglo protege a las empresas tecnológicas de demandas por contenido publicado por sus usuarios, y su decisión podría revolucionar internet.
El alto tribunal dedica dos audiencias, martes 21 y miércoles 22 de febrero, a casos presentados por víctimas de atentados yihadistas que acusan a Google y Twitter de haber “ayudado” al grupo Estado Islámico (EI) mediante la difusión de su propaganda en internet.
La Corte Suprema, que debe dictar sus sentencias antes del 30 de junio, deberá definir el alcance de una ley que data de 1996, conocida como Sección 230 y vista como un pilar del auge de internet.
El texto establece que las empresas del sector tecnológico no pueden ser consideradas “editoras” y gozan de inmunidad legal por los contenidos publicados en sus plataformas.
La idea de los congresistas era proteger al sector, entonces embrionario, de la cascada de demandas judiciales, para permitirle florecer, mientras lo animaban a eliminar los llamados contenidos “problemáticos”.
Pero esta disposición legal ya no goza de consenso legislativo: en los sectores más hacia la izquierda del Partido Demócrata se critica a los gigantes tecnológicos por esconderse detrás de esta inmunidad al permitir que circulen mensajes racistas y conspirativos; de su lado, desde la derecha, indignada por el destierro del expresidente Donald Trump (2017-2021) de varias redes sociales, se los acusa de “censura” al amparo de su derecho a la moderación de los contenidos.
Dadas estas perspectivas divergentes, los esfuerzos legislativos para modificar el texto nunca llegaron a buen término.
La reforma podría en cambio venir de la mano del máximo tribunal que, por primera vez, accedió a examinar un expediente cuestionando el alcance de la Sección 230. La perspectiva preocupa a los actores del sector.
“Una decisión que socave las protecciones de la Sección 230 podría tener un impacto catastrófico en todos los servicios web”, dijo a la AFP el presidente de presidente de la Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones, Matthew Schruers. “Podría cambiar radicalmente nuestras experiencias en línea”, justificó.
En concreto, la Corte examinará este martes una denuncia presentada por los familiares de un joven estadounidense muerto en los atentados de noviembre de 2015 en París, contra Google, empresa matriz de Youtube, a la que acusan de haber apoyado el crecimiento del grupo EI al sugerir sus videos a ciertos usuarios.
Su denuncia ha sido hasta ahora rechazada por los tribunales en nombre de la Sección 230. Pero en su apelación ante la Corte Suprema, creen que Google no es un “editor” protegido por este dispositivo ya que “recomendó” videos del grupo yihadista a través de sus algoritmos.
Youtube “aborrece el terrorismo”, replicó Google en un argumento enviado a la Corte.
Las recomendaciones son, sin embargo, “indispensables” para ordenar los “500 millones de tuits, 294.000 millones de correos electrónicos, 4 millones de gigabytes de datos en Facebook y 720.000 horas de contenido de Youtube que se generan cada día”, agregó, negando que se trate de un trabajo editorial.
Prueba de la importancia de lo que está en juego, cada lado obtuvo muchos apoyos.
Google puede contar con asociaciones de defensa de las libertades civiles, tanto de izquierda (ACLU) como de derecha (Cato Institute), además de todo el sector tecnológico, incluidos sus rivales.
“Exponer los servicios en línea a demandas por sus recomendaciones los expondría a quejas permanentes”, advirtió Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) en un documento dirigido a la Corte.
En la vereda de enfrente, una treintena de estados, demócratas y republicanos, asociaciones de protección de la infancia y policías han pedido a la Corte que ponga a las empresas de Internet a asumir sus responsabilidades.
El miércoles, la máxima corte abordará un caso que enfrenta a Twitter contra la familia de una víctima de un ataque a un club nocturno de Estambul el 1° de enero de 2017, pero plantea una pregunta diferente.
Sin entrar en el debate de la Sección 230, un tribunal de apelaciones dictaminó que la red social podía ser procesada bajo las leyes antiterroristas y considerada “cómplice” del ataque, porque sus esfuerzos para eliminar contenido del grupo EI no habían sido lo suficientemente “vigorosos”.
Twitter ha recurrido a la Corte Suprema para revocar esa decisión. De lo contrario, “uno se pregunta qué podrán hacer las empresas para evitar ser procesadas en nombre de las leyes antiterroristas”, según plantearon sus abogados.
Fuente: AFP
