Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió indefinidamente cualquier investigación o imputación penal de la Fiscalía de Chihuahua contra del presidente Enrique Peña Nieto y su Gabinete por el caso del desvío de 250 millones de pesos al PRI.
Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una suspensión que frena de manera indefinida cualquier investigación o acción legal que pretenda ejercer el gobierno de Chihuahua contra el presidente Enrique Peña Nieto durante su cargo o al término de éste, así como de su propio gabinete.
Ante las advertencias de Javier Corral, gobernador de Chihuahua, de que llevará Peña Nieto ante la justicia una vez que termine su mandato, el titular del Ejecutivo Federal presentó una controversia constitucional.
La controversia es la primera en su tipo que se presenta y admite en el máximo tribunal de justicia de la nación, con la que se busca protegerse de posibles actos futuros.
En el recurso presentado por Misha Leonel Granados Fernández, consejero jurídico de la Presidencia, se pidió la protección contra las investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información,
órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relaciones a actuales o anteriores
funcionarios públicos federales, que se relaciones directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones.
“La emisión de citatorios existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”. Asimismo, la emisión de
órdenes de detención.
De igual manera, se busca proteger a Peña Nieto y a su gabinete de cualquier citación judicial, órdenes de aprehensión, presentación o arraigos respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones.
El ministro de la Corte señaló que siguiendo los precedentes del Tribunal Pleno en la materia, se dio admisión, ya que se plantea una invasión a la esfera competencial de la Federación, consistente en determinar si los funcionarios federales pueden ser sujetos a procesos penales del orden local. La admisión no prejuzga sobre si lo que se ha demandado es o no inconstitucional.
“Hasta este momento no se tiene conocimiento de quienes podrían ser, en su caso, los funcionarios federales que
son investigados por el Gobierno de Chihuahua. Esta es una cuestión que se sabrá en el momento en que esta Suprema Corte reciba las constancias correspondientes.
“Se otorgó la suspensión en contra de los actos de investigación y procesamiento, ya que de no suspenderse se podría generar una situación grave de impunidad generalizada, al no tener certeza de cuáles son los fiscales y jueces competentes para procesar las investigaciones en contra de los funcionarios federales”, detalla el
acuerdo del ministro.
La suspensión concedida no prejuzga sobre la constitucionalidad de las normas y actos reclamados, ni sobre la probable responsabilidad de los servidores públicos que pudieran encontrarse, en su caso, sujetos a investigación o proceso.
“Esta medida cautelar únicamente suspende las investigaciones y procesos hasta en tanto se determina por esta
Suprema Corte si las conductas delictivas que pretenden investigar y perseguir las autoridades de Chihuahua deben ser conocidas por las autoridades federales o autoridades locales.
“La controversia constitucional será resuelta por el Tribunal Pleno después de agotarse la instrucción, en la que las partes presentarán sus argumentos e informes correspondientes”, detalló el ministro.
Además de advertir de que llevará ante la justicia al presidente Peña por la presunta protegección al ex gobernador César Duarte, “por toda la operación del gobierno federal” para evitar que Duarte comparezca ante
tribunales, Corral ha señalado que Peña podría ser llevado ante los tribunales internacionales por obstruir la justicia y proteger la corrupción política.
Fuente: Milenio/ Reforma
