Un grupo de trabajadores de Aldesa, la compañía que erigió con graves irregularidades el Paso Exprés de Cuernavaca, llegó a Jojutla, Morelos, para sumarse a las tareas de reconstrucción luego del sismo del martes 19. Proceso entró en contacto con ellos, quienes portaban gafetes de la empresa y emprendieron de inmediato las maniobras de demolición ante la incertidumbre, angustia y desinformación de los damnificados.
El socavón del Paso Exprés
Por Jaime Luis Brito/ Proceso
Jojutla. Aldesa, la compañía responsable del Paso Exprés de Cuernavaca donde el 12 de julio murieron dos personas que cayeron en un socavón, se encuentra a cargo de la reconstrucción de casas derrumbadas por el sismo del martes 19.
A menos de 24 horas de ocurrido el terremoto, el presidente Enrique Peña Nieto visitó este municipio, uno de los más afectados de la entidad. Minutos después de marcharse se presentaron aquí cerca de 200 trabajadores de Aldesa, señalada por la Secretaría de la Función Pública de haber incurrido en irregularidades en la construcción del Paso Exprés, cuyas obras de reparación aún no han terminado.
Proceso platica con algunos de estos trabajadores, quienes piden que se reserve su identidad. Portan casco y chaleco fluorescente, así como gafetes e insignias que los identifican como empleados de la constructora.
–¿Cuándo llegaron a Jojutla?
–Ayer en la tarde. Estábamos en (la Ciudad de) México, pero nos mandaron para acá –responde uno de ellos.
–Ah, son de México.
–No. Yo soy de Cuernavaca, pero la empresa nos mandó para acá. No sé si porque somos de Cuernavaca, pero nos mandó para acá.
–¿Y cuántos vinieron?
–Calculo que como 200.
–¿Cuánto tiempo estarán aquí?
–No sabría decirle.
Otro empleado refiere que también es de Cuernavaca y que vino desde la Ciudad de México a sumarse a las labores de reconstrucción a cargo de Aldesa, contratada, dice, “por el gobierno”, aunque no aclara si se trata del federal o el estatal.
También en el municipio hay maquinaria pesada, con distintivos del mismo grupo constructor, que desde el jueves 21 es utilizada para demoler los restos de una decena de viviendas de la calle 20 de Noviembre, cuyos propietarios miran desolados las maniobras de limpia.
Demoliciones a toda prisa
En el camellón de la calle 20 de Noviembre está una mujer con el rostro enrojecido por el calor y los ojos irritados por las lágrimas. Su nombre es Martha y utiliza un sucio tapabocas.
“A mí nunca me dijeron nada. Sólo llegaron y comenzaron a tumbar mi casa. El temblor tiró el segundo piso donde vivíamos seis familias, y éstos (los trabajadores de la constructora) están tirando el otro piso que habitaban más familias. Perdí todo. No me dejaron entrar nunca más a mi casa”, se queja.
Añade: “Ayer vinieron al estado los del gobierno (se refiere al presidente Peña Nieto y al gobernador Graco Ramírez), pero no llegaron hasta aquí. Se quedó por allá en el centro. Allá ¿pa’qué? Nadie me dice qué vamos a hacer, qué voy a hacer. Nomás me dan algo de comer, pero ¿y mis cosas?, ¿y mis papeles?, ¿y mi casa?”
Entre tanto, a lo largo de la calle van y vienen máquinas pesadas rotuladas con el nombre de Aldesa, responsable de construir el Paso Exprés a un costo de 2 mil millones de pesos y que hoy opera a medias.
La prisa de las autoridades por levantar los escombros es seguida por reclamos de grupos de abogados y empresarios locales en favor de que se extienda el tiempo para buscar sobrevivientes.
El jueves 21, grupos de damnificados denunciaron que el DIF Morelos retuvo 90 toneladas de ayuda en sus bodegas de Cuernavaca mientras la demanda de ayuda persistía en municipios afectados.
Enardecidos, centenares de ciudadanos obligaron al gobierno de Graco Ramírez a abrir las bodegas para que ellos mismos repartieran víveres a quienes los requerían. Por este motivo dijeron ya basta y han difundido a través de redes y otros medios la necesidad de coordinar comunitariamente las tareas de emergencia y apoyo, así como las estrategias de reconstrucción.
Por su parte, la Coordinación de Protección Civil del estado responsabiliza a los municipios de la desorganización existente, puesto que, afirma, carecen de atlas de riesgos.
El año que entra habrá elecciones y los morelenses desconfían de un gobierno que guarda en sus bodegas ayuda para los damnificados y que, de acuerdo con líderes de organizaciones civiles, usa programas sociales para apuntalar a Rodrigo Gayosso, hijastro de Graco Ramírez, rumbo a la gubernatura.
Desesperación y desinformación
Todo el primer cuadro de Jojutla será demolido. Sus edificios comerciales están inservibles y detrás del centro, por el rumbo de la Alameda, sólo se observa destrucción. Los damnificados esperan en las aceras la llegada de las autoridades, pero éstas no vienen. En el fraccionamiento Reforma, al sur de la colonia Emiliano Zapata, hay casas y edificios de departamentos cuarteados.
Rosa vive en la última parte de la calle 20 de Noviembre. Aborda al reportero pensando que es integrante de Protección Civil. Desconsolada, cuenta cómo esta parte de la ciudad también se encuentra afectada y no está siendo atendida: “Yo entiendo que hay prioridades. La gente de allá (la colonia Emiliano Zapata) está muy amolada, pero nosotros también tenemos necesidades”.
Relata que 48 horas después del sismo ninguna autoridad ha llegado al lugar. “Sólo necesito que me digan si puedo vivir en mi casa o si debo buscar otro lugar”.
En otra parte de la zona, que luce como si hubiera ocurrido un bombardeo, hay grupos de jóvenes llevando agua, haciendo tortas. Otros cargan picos y palas para apoyar en la remoción de escombros.
Algunos de esos muchachos son estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), que habilitó todas sus sedes como centros de acopio para después repartir la ayuda con sus propios medios. Otros jóvenes, como Félix y Darío, provienen de Pachuca. Al enterarse de lo ocurrido, ambos pidieron permiso a su patrón para trasladarse a Morelos y brindar ayuda. Duermen a cielo descubierto; están cansados, pero no desanimados.
Hasta el cierre de esta edición se contabilizaban en la entidad 73 muertos, entre 20 mil y 30 mil casas afectadas en los 33 municipios, daños en 200 sitios históricos y afectaciones en 45 edificios de la UAEM.
Este reportaje se publicó el 24 de septiembre de 2017 en la edición 2134 de la revista Proceso
