La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) interpuso una demanda de amparo indirecto contra el magisterio disidente, en la que también incluyó a las secretarías de Gobernación (Segob) y de Comunicaciones y Transportes (SCT), y al comisionado general de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo Ceballos.
En rueda de prensa, el presidente de la Concanaco-Servytur, Enrique Solana Sentíes, detalló que la demanda presentada ante el Poder Judicial de la Federación es por el bloqueo, secuestro y toma ilegal de las vías de comunicación, carreteras, calles, avenidas y vías principales de los estados afectados, por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
También por el despojo de diversos bienes propiedad de los comerciantes y prestadores de servicios, y por el desabasto que han ocasionado en insumos básicos para el desarrollo integral de los comercios y actividades de servicios y turismo.
Asimismo, por la toma ilegal de instalaciones y el cierre de comercios, centros comerciales y empresas en los estados donde se ha impedido el acceso a la sociedad en general y a que los comerciantes ejerzan de manera libre y plena sus actividades.
Y finalmente por la violación al derecho de propiedad, dado que a raíz de las manifestaciones, cierres, bloqueos y demás actos realizados se han visto dañadas materialmente algunas propiedades de los comerciantes del país.
Solana Sentíes precisó que la demanda contra la Segob es por la omisión de garantizar la libertad de tránsito y mantener el orden en las vías federales.
Contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el comisionado general de la Policía Federal, agregó, “por las omisiones de garantizar la libertad de tránsito y mantener el orden en las vías federales”, y por no aplicar el Reglamento de Tránsito en carreteras y puentes federales para garantizar la seguridad pública y la fluidez vehicular.
La Concanaco confió en que se analice de manera exhaustiva y certera su demanda para que ésta sea resuelta en los mejores términos y regrese a la normalidad la vida social y económica de las entidades afectadas.
De no ser así, advirtió, agotaremos todos los recursos legales para que las autoridades restablezcan de inmediato el orden y la paz social, siempre en el marco de respeto a los derechos humanos y anteponiendo el bienestar de los mexicanos.
“Es imperante que las autoridades actúen de conformidad con sus atribuciones y competencias, dado que advertimos que hemos entrado a una etapa más crítica, ante la amenaza de los maestros disidentes de no iniciar el ciclo escolar el próximo 22 de agosto, donde está en riesgo la educación de al menos 3.5 millones de niños en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán”, apuntó.
Enrique Solana recordó que han pasado tres meses desde que la CNTE intensificó sus medidas de presión para que los distintos niveles de gobierno cumplan sus demandas, actuando –dijo– con una persistente y clara violación a la ley, sin que ninguna autoridad los responsabilice y, por ende, los sancione.
Por el contrario, reprochó, en días recientes y tras la liberación de algunos de los principales líderes, “ahora vemos que este grupo de inconformes no solo se ha desviado de su principal objetivo, sumando más demandas a su lista y con un propósito franco de alargar el conflicto, sino que además han llevado al extremo sus acciones”.
Fuente: Apro
