Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señaló a 21 ex funcionarios como responsables de las violaciones a los derechos humanos de la ciudadana francesa Florence Cassez, y pidió a las autoridades ejercer acción penal en su contra.
La CNDH anunció que interpondrá esta semana una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se investiguen las irregularidades cometidas por los entonces servidores públicos contra Cassez durante su arresto, el 9 de diciembre de 2005.
Por medio del Informe Especial sobre las fallas que ubicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la investigación contra la francesa, Plascencia identificó como responsables a cuatro altos mandos encabezados por Luis Cárdenas Palomino, entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro, el director de Investigación Policial, y el director de Operaciones Especiales, además de 15 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación(AFI), y dos agentes del Ministerio Público.
Evitó dar nombres y el informe no los contiene, pero incluye a Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública federal durante el sexenio de Felipe Calderón. El titular de la CNDH dijo que las violaciones están relacionadas con el trato digno, la seguridad jurídica, y particularmente en lo referente a la presunción de inocencia.
“Hubo un engaño a la sociedad en general, hubo un actuar indebido por parte de los servidores públicos”, dijo en la presentación del informe.
Plascencia recomendó a la Procuraduría General de la República (PGR): investigar los delitos o faltas cometidos por los servidores públicos señalados, ayudar en la presentación de la denuncia para deslindar responsabilidades, emplear medidas para reparar integralmente el daño a las víctimas de secuestro, además de capacitar en materia de derechos humanos a su personal.
“La impunidad es el peor mensaje que se puede enviar a la sociedad mexicana, porque genera decepción, frustración e incertidumbre, e impide que quienes han cometido un delito sean castigados con todo rigor por la justicia mexicana”, insistió al término de la conferencia.
El propósito es que “se tomen las medidas conducentes para investigar los probables delitos y las faltas administrativas en que incurrieron los servidores públicos de la PGR, esto es, 15 agentes que integraron las dos células de operaciones especiales”, agregó.
“De igual manera, dos agentes del Ministerio Público de la Federación, así como de los mandos medios y superiores que con sus acciones y omisiones toleraron en el ámbito de sus atribuciones y dentro de la cadena de mando, la permitieron y convalidaron. Entre ellos el entonces titular de la AFI, el entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación al Secuestro, el entonces director general de Investigación Policial y el entonces director de operaciones Especiales”, dijo.
El Informe llega después de que la Procuraduría General de la República (PGR) había prometido una investigación, de la cual no ha anunciado su resultado. El 23 de enero pasado, la SCJN ordenó la liberación inmediata de Florence Marie Louise Cassez Crepin, quien estaba sentenciada a 60 años de cárcel por el delito de secuestro, después de las irregularidades detectadas en el debido proceso.
En 2005, Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna presentaron a la francesa y a una banda de secuestradores durante un montaje televisivo que simuló el arresto “en vivo”.
Esta y otras violaciones fueron evaluadas por los ministros de la Corte, que decidieron liberarla en 2013. Inmediatamente después de su liberación, Procurador Jesús Murillo Karam dijo que analizaría el fallo de la Segunda Sala de la SCJN para fincar responsabilidades contra quienes realizaron la averiguación previa y la consignación.
Fuente: Sin Embargo
