La desaparición forzada de personas es un fenómeno en aumento en México. Los casos se cuentan por miles y han concitado las condenas de numerosas organizaciones internacionales. Sin embargo, la CNDH no sabe nada al respecto: cuántos son, quiénes son, dónde desaparecieron ni quién se los llevó. “Estamos procesando la información”, dice un representante del ómbudsman nacional. Pero éste se pasea en foros internacionales para promover su imagen con vistas a la reelección en el puesto, que le reditúa jugosas remuneraciones aunque no sea capaz de dar resultados.
Por Marcela Turati/ Proceso
La desaparición masiva de personas en México ha dado pie a severos informes de organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, visitas del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja y llamadas de atención de parte del Sistema de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y pese a los más de 20 mil reportes sobre desapariciones que acumula desde 2005, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no ha emitido un informe especial ni una recomendación general al gobierno.
De las 2 mil 443 quejas que ha recibido desde 2009 sobre la presunta participación de uno o más servidores públicos en las desapariciones forzadas, la CNDH sólo ha efectuado siete recomendaciones. Dos por año.
La institución –una de las organizaciones de derechos humanos más caras del mundo y cuyos directivos ganan más que el presidente de la República– tampoco ha podido precisar el perfil de los desaparecidos en México o los modus operandi de los perpetradores, pues la base de datos que dice tener es desconocida para todos.
En cambio ha dedicado tiempo a emitir recomendaciones con alto rating, como en el caso de la francesa Florence Cassez.
Cinco meses después de que el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, en un foro de familiares de víctimas, anunciara en Saltillo que en 2 mil 443 casos se sospechaba de la participación de servidores públicos en las desapariciones forzadas y había 24 mil 800 personas no localizadas, la institución sigue sin presentar esos datos al público.
No pueden
Proceso solicitó una entrevista con Plascencia Villanueva para conocer esos supuestos registros. El ómbudsman nacional le encargó al primer visitador, Luis García, atender a este semanario, lo cual hizo el pasado 11 de junio.
“Nos mandaron llamar de todas las áreas para atender los miles de casos rezagados”, confiaron a la reportera empleados de la institución. El cálculo extraoficial interno del rezago es de 40 mil expedientes.
En la entrevista, Luis García, encargado entre otros del programa de Presuntos Desaparecidos, no atinó a mencionar los estados (menos los municipios) donde se cometen las desapariciones; su frecuencia, los sexos o edades de las víctimas o si entre ellos hay extranjeros, ni pudo dar datos de las corporaciones a las cuales pertenecen los sospechosos de ser perpetradores.
Pese a que desde 2007 el número de desaparecidos en México ya era alto y desde 2010 se habían organizado familiares de víctimas en lugares como Tijuana o Coahuila, el funcionario dijo que aún están creando un registro (“no es un directorio” basado en nombres sino en averiguaciones previas) para generar esos resultados.
“Estamos trabajando al ciento por ciento para presentarle a la opinión pública un pronunciamiento sobre el estado que guarda el tema de las desapariciones y la procuración de justicia en el país (…) No va a terminar en un informe, ni siquiera en una recomendación”, respondió al ser cuestionado acerca de la tardanza en emitir un análisis global.
Para mostrar el enorme trabajo que –arguyó–, tienen encima, colocó en su escritorio los pesados tomos del expediente con las investigaciones de un solo caso de desaparición forzada. Mencionó la dificultad de pedir información a 150 autoridades a la vez, pelear por respuestas que muchas veces son negativas y procesar la información. En un año, dijo, pueden ser más de 50 mil respuestas.
Señaló la posibilidad de que cada investigación se lleve hasta seis tomos, esfuerzo que pesa sobre un equipo de 50 abogados dedicados al tema.
–¿Cuándo vamos a ver el informe? –se le preguntó en esa oportunidad.
–Esperamos tener un análisis muy claro sobe la problemática en materia de procuración de justicia y las desapariciones en un periodo de entre tres y cuatro meses a partir de ahorita –dijo.
Era junio.
Sobre si tienen sistematizados ya los casos de desaparecidos en carreteras aseguró: “Lo estamos haciendo…” Y en torno a las identificaciones defectuosas o erróneas en los servicios forenses y la facilidad con la cual se arroja a la gente a fosas comunes, dio la misma respuesta.
–¿Puede adelantarnos cuántos son hombres y cuántas mujeres?, ¿cuántos extranjeros?, ¿en qué estados ocurrió? –se le insistió.
–Esa información es parte de lo que seguimos sistematizando.
–¿De los más de 2 mil 400 casos por desaparición forzada, puede decir cuántos son (víctimas) del Ejército, de la Marina y de las policías?
–En este momento no y le voy a explicar por qué: hay quejas que refieren que llegó un comando vestido con uniforme tipo militar, por ejemplo, o llegó un grupo de personas vestidas de negro y se llevaron a la persona. Estamos tratando de delimitar los patrones de conducta en materia de desaparecidos, para que no quede duda de que sí hay intervención de un agente del Estado.
Luego añadió que el patrón de conducta de los agentes del Estado implicados en ese delito de lesa humanidad es negar los hechos. En algunos casos los testigos mencionan que los comandos llegaron uniformados, encapuchados, vestidos de negro, con armas de alto poder, lo cual “da la idea de que son agentes del Estado”.
Esto va junto con cateos ilegales por parte de las fuerzas de seguridad –algunas veces motivados por denuncias anónimas– y en lugar de poner a los detenidos a disposición del Ministerio Público los retienen en instalaciones militares o en casas de seguridad donde son objeto de maltratos, torturas, y de los que nunca salen. O posteriormente lo que se encuentra son sus huesos.
De 2005 a 2012 la CNDH comprobó que en 12 casos se cumple ese patrón, pero en lo que atañe a los 2 mil 443 restantes afirma tener sólo “indicios”, y no ha podido probar la participación del Estado.
Al respecto, la oficina de Comunicación Social de la CNDH envió a este semanario un enorme legajo con las 12 recomendaciones impresas y un archivo con tres hojas escaneadas, con el título “indicio de desaparición forzada”, sin logotipo, donde se mencionan los estados de la república donde ocurrieron e incluso se menciona a California, Guatemala y Texas, seguidos del número de casos pero no las dependencias perpetradoras, el número de víctimas ni qué tienen que ver los otros países.
Según esta lista 358 casos corresponden a Tamaulipas, 211 a Nuevo León, 184 a Zacatecas, 153 a Michoacán, 152 a Guerrero, 142 a Veracruz, 121 a Chihuahua, 108 a Coahuila, 63 a Jalisco, 98 a Sinaloa, 42 a Sonora, 41 a San Luis Potosí, 45 a Durango, 40 al Distrito Federal, 39 al Estado de México y 25 a Baja California.
Agregó que entre los testimonios no ha encontrado menciones a los campos de trabajo forzado o indicios de que los desaparecidos están vivos y esclavizados, pese a ser una hipótesis aceptada por los familiares de las víctimas y que comienza a ser tomada en cuenta por las organizaciones de búsqueda (Proceso 1914).
–¿Por qué estos casos quedaron en el limbo? –se le insistió.
–No podemos decir que están en el limbo, no lo aceptaría porque se le están destinando recursos, personal y tiempo. Tengo abogados viajando por todo el país haciendo actuaciones, revisando.
–¿Cuánto se gasta en esta área?
–No lo sé porque es parte de la labor que hace la CNDH. Hay un área, una dirección general de esto; aquí participamos abogados de todas las áreas, del Programa de Atención a Víctimas del Delito, de las visitadurías, peritos forenses. Es parte del presupuesto mismo de la Comisión. Si me pide una cifra, no la sé.
Cara e inútil
En 2010, según el informe Nuestros caros defensores de los derechos humanos: El caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, la CNDH contaba con un presupuesto proporcionalmente superior a los de organismos similares de Guatemala, Perú, Colombia, Holanda, Australia, Inglaterra, Bolivia, Costa Rica, Irlanda e incluso de la Unión Europea.
Y ese presupuesto aumenta cada año.
El ómbudsman nacional, junto con los ministros de la Suprema Corte y los directivos del IFE, es uno de los funcionarios públicos mejor pagados del país, incluso por encima del titular del Ejecutivo.
Para 2014 se prevé un aumento de 3% en el presupuesto de la CNDH, el cual pasaría de mil 375 millones 127 mil 220 pesos a mil 416 millones 381 mil 46, según el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Más de 70% será para la nómina. Plascencia recibirá 201 mil 762 pesos mensuales en salario y prestaciones, sin considerar bonos.
En Saltillo, tras su participación en el Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México, el funcionario señaló que “la desaparición de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos y representa uno de los retos importantes para las autoridades del Estado mexicano”; añadió que es inadmisible dejar “un solo asunto sin investigar”.
Refirió que desde 2005 la CNDH había lanzado 30 recomendaciones, cuando en realidad han sido 12 (las 9/2005, 15/2005, 7/2009, 44/2009, 78/2009, 34/2011, 40/ 2011, 43/2011, 34/2012, 38/2012, 39/ 2012, 55/2012). Fue cuestionado por varias reporteras sobre su discurso –exigente con el gobierno pero sin reconocer su propia tardanza– y explicó lo difícil de probar la participación del Estado en los ilícitos.
Tras escucharlo, el abogado chileno Roberto Garretón (emblemático durante la dictadura de Pinochet por su lucha contra las desapariciones forzadas) dijo al micrófono estar preocupado: “Me quedé preocupado con las cifras de la CNDH porque, ¿qué pasa con esos casos?”.
Luego, en entrevista, señaló: “Oírlo me dejó frito en la mañana, oír que dice que tienen 2 mil 400 casos identificados pero no dice qué paso con ellos, ¿siguen trabajando igual si tienen tantos?”
En la página de internet de la CNDH hay un comunicado, fechado el 9 de noviembre de 2010, en el cual se anuncia un futuro Informe Especial sobre Feminicidios y Desaparición de Mujeres, pensado para ayudar a disminuir el fenómeno, esclarecer crímenes, localizar víctimas y castigar a responsables. Ese informe sigue sin ver la luz.
Por otra parte la CNDH permitió que la Procuraduría General de la República (PGR) calcinara los restos de 10 migrantes exhumados de las fosas comunes de San Fernando, Tamaulipas, el último día de gobierno de Felipe Calderón, pese a que organizaciones de familias de migrantes víctimas le solicitaron dos veces por escrito su intervención (Proceso 1886).
El sexenio pasado la CNDH y el gobierno federal rechazaron la propuesta de crear una comisión forense con expertos internaciones que pudiera dictaminar, de manera independiente, las identidades de los cadáveres de San Fernando.
En noviembre de 2012, ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el ómbudsman nacional dijo que hizo la recomendación general por los cateos ilegales, preocupado porque en siete años había recibido 5 mil 568 quejas y era necesario erradicar ese delito. En esa ocasión señaló que investigaba 2 mil 126 casos por desaparición forzada de personas y tenía un registro de 24 mil 91 extraviados o no localizables, pero no habló de ninguna medida especial para atajar el problema.
Temas de impacto
En plena campaña para la reelección de Plascencia Villanueva como ómbudsman nacional, la agenda de la CNDH parece centrarse en los asuntos más mediáticos. Cada día un comunicado anuncia que el organismo investigará los casos más llamativos aparecidos en los medios en ese momento, como el de la mujer que parió afuera de un hospital en Oaxaca.
En la página de internet de la CNDH se anuncia el nombramiento de Plascencia como presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman pero no se habla de las críticas que se le hicieron en Ginebra por haber formado parte de la delegación sometida al Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, donde México recibió 188 recomendaciones (el doble que en la evaluación de 2009).
Según una nota publicada por Animal Político, “los días previos a la participación de la delegación mexicana ante el Consejo de Derechos Humanos hubo señalamientos: que el ómbudsman representa a un órgano autónomo y no forma parte de los poderes de la unión, por lo que no tendría que formar parte del grupo oficial y menos ocupar un lugar en la tribuna”.
“Solamente en el EPU de Venezuela se vio ese caso. Trajo al defensor del pueblo a hablar de las políticas del gobierno. Pero en otras ocasiones jamás un ómbudsman ha estado en la tribuna con el Estado examinado”, declaró el director de la Red Internacional de Derechos Humanos, Ramón Muñoz.
Varios medios atribuyeron la presencia del ómbudsman en el espacio de la delegación oficial a su campaña de reelección.
Fuente: Proceso
