Con la exigencia al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de la pronta localización de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado mexicano formalizaron un nuevo convenio de asistencia técnica esclarecer el caso de desaparición forzada que marcó al sexenio de Enrique Peña Nieto.
A cien días del inicio de gobierno de López Obrador, la presidenta de la CIDH y relatora de México para el organismo, Esmeralda Arosamena de Troitiño, entregó al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, el Informe de Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, con el que se concluyó la etapa anterior de la asistencia técnica del organismo, que inició con el otorgamiento de las medidas cautelares MC409-14 a las víctimas de la desaparición forzada, por las que se instruye al Estado mexicano a localizar a los jóvenes y sancionar a los responsables de los hechos.
Con la presencia de algunos de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, así como de sus representantes, el responsable de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y funcionarios que forman parte de la Comisión Presidencial para la Verdad en el Caso Ayotzinapa, presidida por Encinas, Arosamena reconoció que a cuatro años, seis meses y once días de los acontecimientos, persisten “grandes pendientes y desafíos” para alcanzar verdad y justicia en el caso.
Visiblemente conmovida, la comisionada originaria de Panamá alentó a descartar de una vez por toda la llamada “verdad histórica”, impuesta en el sexenio pasado, por la que se daba por ejecutados y calcinados a los 45 jóvenes, en el basurero de Cocula, y sus cenizas vertidas en el río San Juan.
“Es importante que se deje atrás la llamada ‘verdad histórica’, que ya el (Primer) Tribunal Colegiado (del Decimonoveno Circuito) de Tamaulipas, GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) y la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos ya la han cuestionado; debe haber una nueva narrativa, la mal llamada ‘verdad histórica’ está descartada”, dijo la comisionada presidenta, quien durante los últimos dos años encabezó el Mecanismo Especial del Seguimiento del Asunto Ayotzinapa (MESA), instrumento de supervisión que logró revisar 618 de los 660 tomos con que cuenta el expediente.
Entre los pendientes enlistados por la comisionada, se encuentran ahondar los análisis de balística y telefonía celular para determinar con claridad cómo ocurrieron los hechos y quiénes intervinieron; esclarecer la participación de los cuerpos de seguridad que tuvieron responsabilidad en los hechos, “por comisión u omisión, se debe investigar a los elementos castrenses que intervinieron en la noche de Iguala”.
Al señalar que se deben investigar las irregularidades en las investigaciones, y sancionar a los funcionarios responsables, Arosamena urgió a ejecutar las órdenes de aprehensión de “personajes claves que participaron la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014”.
Esmeralda Arosamena llamó a los representantes del Estado mexicano a “armar el rompecabezas” de la investigación del caso de la desaparición así como indagar a funcionaros claves “para dar con lo que ocurrió” hace más de cuatro años.
Aplaudió que el gobierno de López Obrador esté en proceso de diseñar herramientas para el esclarecimiento en materia de política criminal, como lo es el ofrecimiento de beneficio e incentivos a personas privadas de libertad que quieran cooperar con el caso, política que se espera quede establecida a finales del mes de marzo.
Luego de llamar al gobierno mexicano a dar “un fuerte impulso” en el esclarecimiento del caso “para romper con la impunidad y dar derecho a la verdad y justicia”, Arosamena resaltó que ya se encuentran trabajando en México dos miembros de la CIDH para supervisar la indagatoria y dar apoyo técnico, en tanto que se acordó la colaboración de al menos cuatro de los cinco miembros del GIEI, que colaboraran en momentos específicos, de acuerdo a avance del cronograma que se establecerá en próximos días.
Esmeralda Arosamena. Foto: Miguel Dimayuga
Esmeralda Arosamena hizo un reconocimiento a los familiares y amigos de los 43 normalistas desaparecidos por “la fortaleza, por el aliento a seguir impulsando al Estado a o a cumplir con sus compromisos internacionales, y sobre todo su obligación de alcanzar justicia, verdad y garantías de no repetición”.
Alejandro Encinas, presidente de la Comisión Presidencial para la Verdad, reconoció que a más de cuatro años de los acontecimientos “la única verdad es que no hay verdad”, por lo que la encomienda del presidente López Obrador es esclarecer este caso emblemático, como un paso alcanzar la “pacificación del país”.
El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, agradeció la disposición de la CIDH para colaborar con el Estado mexicano en el establecimiento de “líneas de investigación, que no se llevaron a cabo por la PGR, y en el marco de incentivos para informadores, proponer proyectos de asesoría técnica para la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada”.
Encinas destacó que en esta nueva etapa de asistencia técnica de la CIDH para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, el equipo del organismo contará con acceso total a la indagatoria así como para acudir a los centros de privación de la libertad, y contarán con inmunidad diplomática como garantía de protección.
“El mecanismo podrá ingresar a toda la información documental vinculada con el caso y nos asistirá en las diligencias relacionado con el mismo”, dijo Encinas, tras comprometerse a no criminalizar a víctimas y a sus familiares.
En el evento protocolario, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado Peralta, explicó que el convenio de colaboración fue resultado de un trabajo intenso de autoridades, la CIDH y los representantes de las víctimas.
Dijo que la CIDH colaborará con el Estado mexicano aportando asistencia técnica y apoyando en el desarrollo de capacitaciones institucionales en materia de derechos humanos, así como en la búsqueda de personas desaparecidas.
El personal que la CIDH designe como parte del mecanismo, y que será coordinado por la Secretaría Ejecutiva del organismo, asesorará y acompañará en las investigaciones que le competen al Estado mexicano, con lo cual se le dará “certidumbre” ya que podrá “brindar una visión imparcial en materia penal como en acciones forenses, integración de expedientes, definición de líneas de investigación”, entre otras actividades.
Al insistir que la responsabilidad de la indagatoria estará a cargo del gobierno mexicano, resaltó que serán las instancias de procuración y administración de justicia las responsables de sancionar a los responsables de los hechos.
Foto: Miguel Dimayuga
El abogado de las familias de las víctimas, Vidulfo Rosales Sierra, reconoció la voluntad política del gobierno de López Obrador, contrario a la actitud de su antecesor en cuya administración “se regateó” la verdad a los padres y madres de los 43 normalistas.
El abogado, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, admitió que gracias al GIEI de la CIDH, “el gobierno no pudo imponer una mentira que tanto lastimó a los padres de los 43”, por lo que consideró que con la nueva etapa de colaboración se abre “la oportunidad histórica para avanzar en el esclarecimiento pleno, para que las madres y padres puedan alcanzar la verdad y saber el paradero” de los jóvenes desaparecidos.
Rosales Sierra hizo votos porque en próximos días, durante la visita de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se alcance un convenio de colaboración similar.
En nombre de los padres y madres de los normalistas desaparecidos, la señora Hilda Leguideño, madre de Jorge Tizapa, admitió que “gracias a los organismos internacionales”, los familiares de los jóvenes “seguimos caminando”.
Breve en su discurso pero contundente, Leguideño insistió en que por el respaldo de la ONU-DH, del GIEI y de la CIDH, los familiares de los jóvenes desaparecidos han mantenido vivo el caso.
Aunque reconoció la disposición de López Obrador para crear la comisión presidencial y renovar el convenio con la CIDH, la madre de Jorge Tizapa, puntualizó que lo que los padres y madres quieren es saber la verdad.
“La lucha ha sido muy dolorosa pero aquí estamos: le queremos pedir al nuevo gobierno resultados, porque ha mostrado voluntad, pero queremos resultados, no nos detendremos hasta saber de nuestros hijos”, advirtió.
La CIDH informó que los objetivos del nuevo mecanismo de supervisión consiste en “cooperar y monitorear en la elaboración de planes de búsqueda de las personas desaparecidas”; dar asistencia técnica para el establecimiento de las líneas de investigación criminal del caso Ayotzinapa; “apoyar en el diseño de un marco de incentivos para colaboradores eficaces”; brindar apoyo técnico en “la atención integral y reparación a las víctimas y familiares”; formular recomendaciones para hacer cambios estructurales necesarios para evitar su repetición, y respaldar en el diseño de planes de fortalecimiento institucional para atender el problema de la desaparición en México.
Al informar que el Mecanismo contará con un Grupo de Acompañamiento Técnico (GAT), conformado por personal de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, el organismo destacó que durante un año que dura el convenio, susceptible de ampliación, se realizarán tres visitas oficiales por parte de los comisionados, aunque habrá personal establecido en el país de manera permanente.
Entre las actividades que tendrá a cargo será el monitoreo de avances de la investigación; asesorar a la instancia que seguirá la investigación a propuesta de la Fiscalía General de la República (FGR); realizar reuniones con autoridades para “cumplir los objetivos de la asistencia técnica, incluida la entidad que adelante la investigación criminal”; realizar visitas de “documentación y verificación a instalaciones estatales o lugares determinados, incluyendo centros de privación de libertad del país y en coordinación con la Comisión de la Verdad”; acceder a todo el expediente del caso; asistir a las diligencias; sostener reuniones con familiares de los 43 y sus representantes, así como con otros miembros de organizaciones civiles, entre otras actividades, todas financiadas por el Estado mexicano.
Fuente: Proceso
