Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron su preocupación por las amenazas a las garantías fundamentales que representa la promulgación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) en México.
De igual manera, se comprometieron a apoyar la solicitud de organizaciones civiles para pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) una opinión consultiva y entregarla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), órgano al que corresponde determinar si el ordenamiento viola la Constitución mexicana.
Los comisionados Esmeralda Arosamena, Luis Ernesto Vargas y Flavia Provesan, así como el relator especial sobre la Libertad de Expresión, Edison Lanza, cuestionaron la LSI durante la audiencia pública solicitada por organizaciones que integran el colectivo #SeguridadSinGuerra, y en la que participaron –a través de un video– la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nashieli Ramírez, en representación de los 33 organismos públicos de derechos humanos, así como el ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.
Los defensores de derechos humanos presentaron cifras reveladoras sobre las secuelas de la “guerra contra el narcotráfico”, que puso a las fuerzas armadas en el centro del combate al crimen organizado, lo que confirmaría que la militarización de la seguridad pública, como lo establece la LSI, no es la respuesta para acabar con la violencia en el país.
La representación del Estado mexicano, encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, consideró que la LSI responde a una tendencia en el continente e incluso en Europa, donde hay presencia de fuerzas armadas en aeropuertos y para “cuidar monumentos”.
Ante la preocupación del comisionado Vargas de que la aplicación de la ley derive en abusos por el uso de la fuerza, “como ocurrió en el caso Ayotzinapa”, Ruiz Cabañas aseguró que la desaparición de los 43 normalistas en Iguala “no fue un caso de exceso en el uso de la fuerza, sino que fue el crimen organizado que ha penetrado la policía local; fue el crimen organizado con su poder corruptor que ha penetrado a las policías locales”.
Durante la audiencia, el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, resaltó que la LSI, promulgada el 21 de diciembre pasado, es sin duda la más impugnada en los últimos tiempos, con 14 controversias constitucionales, nueve acciones de inconstitucionalidad y 700 demandas de amparo, además de que ha recibido el rechazo de mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la propia CIDH.
José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), ofreció datos duros de lo que ha significado el despliegue de tropas desde diciembre de 2006, cuando se lanzó la guerra contra el narcotráfico: 80 mil personas detenidas “sin base legal por personal castrense”.
Además, agregó, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertas 2 mil 800 denuncias por tortura contra miembros de fuerzas armadas.
“Sin contar con base legal para hacer uso de la fuerza”, elementos castrenses han intervenido en 4 mil enfrentamientos que han dejado 4 mil 200 muertos y, de acuerdo con registros de la CNDH, “militares y marinos han torturado a 389 personas, desaparecido por la fuerza a 118 y ejecutado sumariamente a 91”.
El defensor solicitó a la CIDH “haga una visita oficial a México para elaborar un informe sobre las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas al desempeñar tareas de seguridad”, y que se dé “trato prioritario a las peticiones individuales de México vinculadas a violaciones a derechos humanos por las fuerzas armadas en tareas de seguridad”.
Ernesto López Portillo Vargas, académico de la Universidad Iberoamericana y exdirector del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), puntualizó que hasta ahora no hay pruebas oficiales que confirmen que recurrir a las fuerzas armadas para combatir la inseguridad haya significado una disminución de la violencia.
Por el contrario, señaló, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) ha demostrado que en los municipios donde la seguridad está a cargo de autoridades civiles, los homicidios han crecido 6%, en tanto que aquellos que están bajo el control militar, el porcentaje es de 9%.
López Portillo advirtió que en tanto se han publicado protocolos de uso de la fuerza, persiste un hermetismo por parte de las autoridades castrenses para dar a conocer las cifras de fallecidos y heridos civiles en los enfrentamientos.
En nombre de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), la presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez Hernández, destacó que la LSI afecta la autonomía de los organismos públicos “porque las fuerzas armadas pueden exigirles información, incluida la relativa a datos de víctimas de violaciones a derechos humanos protegidas por la legislación de datos personales”.
Alertó que la negativa a proporcionar dicha información “puede ser motivo de solicitar la destitución de las o los presidentes de las comisiones o defensorías públicas de derechos humanos, contrario a lo que establecen los Principios de París en la materia”.
Durante la audiencia se presentó un mensaje del ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien alertó que la LSI representa la “subordinación de las autoridades civiles a las militares”, y es, subrayó, un instrumento del Ejecutivo para “ordenar el uso discrecional de las fuerzas armadas”.
González Pérez recordó que antes de que se diera luz verde a la legislación recomendó públicamente al Congreso de la Unión y al Ejecutivo abrir una discusión amplia, pero ante la aprobación de la LSI, el 19 de enero, en uso de sus atribuciones legales decidió recurrir a la SCJN para interponer una acción de inconstitucionalidad.
Tras señalar que la CNDH no actúa en contra de las instituciones, el ómbudsman puntualizó que los mexicanos tienen derecho a una “mejor seguridad, pero no a cualquier costo”, y que la prevención y persecución de los delitos son compatibles con el respeto irrestricto a los derechos humanos.
La relatora especial para México, Esmeralda Arosamena, cuestionó a los representantes del Estado mexicano sobre las medidas para fortalecer las policías federales y los mecanismos de rendición de cuentas de las fuerzas armadas.
A su vez, Luis Ernesto Vargas evaluó que la tendencia regional por poner a los militares al frente de la seguridad se encamina a “la criminalización de la protesta social”, y se comprometió de manera entusiasta “a impulsar una opinión consultiva”.
Al preguntar sobre las medidas para garantizar que “los medios logísticos sean compatibles con el derecho internacional humanitario”, Vargas apuntó que en el caso Ayotzinapa lo que se vio fue la “brutal agresión de la policía contra estudiantes que lo único que tuvieron a la mano para defenderse fueron piedras”.
En tanto, la comisionada brasileña Flavia Provesan resaltó que “la formación castrense tiene otra lógica, otra racionalidad” a la policial, y por tanto no tienen la experiencia necesaria ni la preparación adecuada “para el desarrollo de este rol de seguridad”.
Provesan apuntó que el 4 de diciembre la CIDH ya había expresado públicamente su preocupación por la aprobación de la LSI, por lo que respaldó solicitar a la Corte Interamericana una opinión consultiva.
A esas inquietudes se sumó el relator especial sobre Libertad de Expresión, Edison Lanza, quien apuntó que, durante la visita de trabajo conjunto con el relator de Libertad de Expresión de la ONU, David Kaye, en octubre del año pasado, alertaron sobre los riesgos de la aprobación de la ley.
En las recomendaciones preliminares, puntualizó, ambos hicieron énfasis en que la ley significaba un retroceso en materia de acceso a la información de al menos 15 años, dado que la LSI contempla que todas las acciones que lleven a cabo las fuerzas armadas en el contexto de esta legislación estarán clasificadas como de seguridad nacional y no se podrá tener acceso a ella.
Criticó que, sin controles judiciales, la ley faculte a las fuerzas armadas a hacer tareas de inteligencia, lo cual “sólo ocurre en regímenes totalitarios”.
Añadió: “Lo que inspira esta ley es la amenaza real, y es que lamentablemente el narcotráfico y el crimen organizado no puede identificarse como protesta social”.
En su oportunidad, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, desdeñó los cuestionamientos e insistió en que será la SCJN la que determine si la LSI viola la Constitución. Mientras tanto –subrayó– se mantendrá vigente el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto a no emitir una declaratoria que ponga en operación la legislación.
“No creo que en el caso de México se pueda hablar de criminalizar la protesta social; la amenaza real lamentablemente es el narcotráfico y el crimen organizado. La situación es que en Estados Unidos hay 9 mil armerías en la frontera (…) como se sabe venden rifles de asalto en los Walmart, en todos lados a jóvenes”, soltó el funcionario federal.
Y señaló que a partir de 2005, cuando se levantó el embargo de venta de armas en Estados Unidos, “se inundó de armas al país, siendo el mayor beneficiario el crimen organizado”.
Ruiz Cabañas descartó que lo ocurrido en Iguala la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 esté relacionado con un exceso de uso de la fuerza pública, como lo consideró el comisionado Vargas Silva.
“El crimen organizado que ha penetrado la policía local”, insistió.
Al negar la subordinación civil a las fuerzas armadas, Ruiz Cabañas emplazó a quienes cuestionan el despliegue militar en funciones de seguridad pública a preguntar a la población lo que piensa.
Según él, “los habitantes no quieren que se vayan las fuerzas armadas y eso sale consistente en las encuestas del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), que ven al Ejército y a la Mariana como las instituciones con mayor reputación del país”.
Fuente: Proceso
