Por Darío Ramírez*
Siempre me he preguntado cuánto dinero se gastan los gobiernos en anunciarse en los medios de comunicación. Nunca he creído que ver a Lucerito anunciar carreteras del Estado de México o a Ana de la Reguera promocionando el estado Veracruz salga barato para el erario público, inclusive la pregunta podría ir más allá: ¿es necesario pagar millones de pesos para que anuncien logros del gobierno?
Hay aproximaciones sobre cuánto se gasta en publicidad oficial, pero a ciencia cierta resulta prácticamente imposible saberlo. Y no porque el cálculo matemático de suma sea complicado, sino por la opacidad de los gobiernos. A pesar de las leyes de transparencia todavía encuentran los argumentos más ilógicos para negar la información.
En el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno federal gastó alrededor de 30 mil millones de pesos (mmdp) en publicidad oficial. En aras de poner en contexto esta cifra se puede verificar que los presupuestos asignados a la CNDH y organismos públicos de derechos humanos de los estados, más el gasto destinado a entidades y unidades en derechos humanos del Gobierno federal en el año 2011 ascendieron a 2,344.6 millones de pesos, de acuerdo con el análisis “Nuestros caros defensores de los derechos humanos”, elaborado por el investigador Carlos Elizondo Mayer-Sierra. Si se toma en cuenta que cada familia está compuesta por 4.3 miembros y que 97.7% de la población total forma grupos familiares de más de un miembro, entonces el presupuesto para estos defensores humanos beneficiaría a 3,907,643 mexicanos.
Lo lamentable es que ahí no acaban los ríos de dinero público destinado a publicidad oficial. Debemos de sumarle todo lo que se gasta en las entidades federativas. Para dar una idea sobre el gasto en 27 estados, en 2011 ascendió a 4,518 mdp.
El otro lado de la moneda es el hecho que son la mayoría de los medios de comunicación quienes se rehúsan a informar sobre cuánto del dinero público reciben y cuánto representa en su porcentaje total para poder subsistir. Hay estudios que señalan que más del 80% de los medios depende en más de un 50% del dinero público. Lo cual nos lleva a concluir que gran parte de nuestros medios de comunicación dependen del dinero público para subsistir. De ser verídicas estas aproximaciones y señalando que no hay verdadera independencia editorial sin independencia económica, podríamos concluir que la gran mayoría de los medios que dependen tan comprometidamente del dinero público son víctimas de una censura sutil por parte de las autoridades que tienen su subsistencia en las manos. El uso arbitrario y discriminatorio de la publicidad oficial limita la libertad de expresión y se ha considerado como un instrumento de censura indirecta.
Recién electo, Peña Nieto se comprometió a presentar una iniciativa de reforma para crear un organismo ciudadano que vigile y controle la contratación de publicidad oficial. La ligera promesa era obligada por el descrédito con el que el Presidente electo llegó a la silla presidencial. Todo parece indicar que después de siete meses dejó de ser prioridad para Los Pinos. Esto a pesar que en el moribundo Pacto por México la promesa está inscrita en el compromiso 95.
La iniciativa de reforma política y electoral del PAN y PRD que se presentó en la Cámara de Senadores el día de ayer incluye un apartado sobre la regulación de la propaganda gubernamental. La iniciativa establece las bases constitucionales (artículo 134 CPEUM) para una ley de propaganda gubernamental que forma parte del paquete de iniciativas de reforma política y que permitirá garantizar el uso imparcial de recursos a disposición del gobierno.
De entrada, la iniciativa vale la pena porque vuelve a poner el dedo en la llaga de un tema de importancia nacional. A pesar de que existen más de una decena de iniciativas, esta última bipartidista recupera aspectos importantes tales como: a) Que se obliga a los entes públicos a planear sobre el gasto en publicidad oficial anualmente. Esto evitaría los sobrejercicios millonarios que hay actualmente (en 2011, 24 estados sobrejercieron 1,380 mdp). El gasto anual en la propaganda gubernamental contenida en el programa no deberá exceder del cero punto cinco por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. b) No se puede contratar una sola empresa, grupo o medio de comunicación cuyo costo total se mayor al 25 por ciento del gasto total destinado para cada tipo de servicios y no se concentrará en un solo servicio de comunicación más de 50 por ciento del gasto total destinado a cubrir la propaganda. Ambas cosas fomentan la pluralidad. c) Se prohíbe la contratación de espacios publicitarios para entrevistas pactadas, infomerciales (propaganda encubierta). d) Es una Ley General y por tanto pone el piso mínimo obligatorio para todos los niveles de gobierno, para todos los poderes.
Algunos de sus aspectos faltantes y de corto alcance son: e) No se establecen los criterios de distribución de la pauta. Es necesario que haya criterios objetivos para la contratación porque si no su uso seguirá siendo arbitrario aunque el pago sea menor. f) No se establecen mecanismos para transparentar la asignación de la pauta. g) Se establece un sistema de información que contenga el Padrón Nacional de Prestadores de Servicio de Publicidad y Comunicación. Los medios de comunicación que no estén debidamente registrados no podrán ser considerados para contratar la realización de propaganda gubernamental federal o local (pero no se establecen los requisitos para ingresar al Padrón).
La iniciativa es perfectible sin lugar a dudas, sin embargo, la intención de contar con una reglamentación que dé un piso mínimo podría reducir los montos millonarios que hasta ahora se gastan. Al mismo tiempo, podría brindar seguridad jurídica a los medios de comunicación al poder denunciar actos discrecionales ante el Consejo Ciudadano.
Es claro que el sistema actual beneficia a las autoridades porque tienen pleno control discrecional y sin rendición de cuentas. Esa discrecionalidad se convierte en un arma poderosa para regular contenido incómodo. Al mismo tiempo, los medios que cuentan con jugosos contratos tampoco quieren transparencia en la materia, prefieren negociar en lo oscurito. Lo cierto es que transparentando el gasto público en los medios de comunicación ganaremos mayor rendición de cuentas y transparencia y, nada menor, también fortaleceremos de manera profunda el periodismo en nuestro país.
(Agradezco la información para esta columna a Ana Cristina Ruelas.)
* Darío Ramírez. Director de Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión.
Fuente: Sin Embargo
