(La casa de Videgaray)
Por Raymundo Riva Palacio
La rapidez con la que se movió el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para hacer control de daños sobre la revelación en The Wall Street Journal el jueves pasado que había adquirido una casa de descanso en una operación inmobiliaria con uno de los empresarios más cercanos al presidente Enrique Peña Nieto –que también le vendió en condiciones similares una casa a la primera dama, Angélica Rivera–, fue espectacular. El viernes acudió a los programas de radio y televisión que utiliza permanentemente como vehículos de comunicación, y como el tamaño del problema en que se encontraba era muy grande, amplió su calvario de explicaciones en otros espacios. Como siempre, muy articulado, pero como nunca, insuficiente. El problema no lo neutralizó, lo potenció.
Los detalles que aportó Videgaray arrojan dudas genuinas sobre la legitimidad de la operación, un evidente y contundente conflicto de interés. El conflicto de interés se refiere, en el caso de una figura pública cuyas decisiones afecten a una sociedad, a una situación en la cual tanto la valoración como la acción que realice, pueda estar influida por un interés secundario, personal y económico. Puede no concretarse, pero el sólo hecho que exista la posibilidad –la subjetividad siempre acompaña al conflicto de interés–, obliga a la persona pública a evitar ese tipo de situaciones.
El reportaje de The Wall Street Journal ve en este factor el interés público de la publicación. El corresponsal del diario subraya que no hay nada ilegal en esa operación, pero dado que la empresade Juan Armando Hinojosa, que vendió la casa a Videgaray en Malinalco, es el mismo que vendió una propiedad a la primera dama, Angélica Rivera, sea uno de los empresarios más cercanos al presidente Enrique Peña Nieto, es natural, como reconoce el secretario, que sea materia de interés de la opinión pública.
Videgaray niega que exista cualquier conflicto de interés. En una carta a la opinión pública difundida poco después de la publicación del reportaje en la página electrónica del diario –uno de los dos más influyentes del mundo en el ámbito financiero–, afirma: “La operación (celebrada el 10 de octubre de 2012) se realizó de manera plenamente legal, cuando yo no era servidor público y dentro de los parámetros de mercado, por lo que no existió conflicto de interés alguno”.
El secretario quiere jugar con la inteligencia de todos. No era funcionario, pero era algo más: uno de los dos jefes del equipo de transición del presidente electo, y el responsable del área económica. Su poder ya era, inclusive, mucho mayor que el del propio secretario de Hacienda en funciones. Pero además, como coordinador de la campaña presidencial, autorizó o avaló que la flotilla de aviones que se utilizó, fuera de la empresa de Hinojosa Cantú.
Decir que no era funcionario al momento de la adquisición de la casa es una trampa semántica. El conflicto de interés permanece. De hecho, al realizar una transacción inmobiliaria con un constructor que vive de la obra pública, se le podría preguntar, dentro de la muy tenue línea subjetiva que establece el dilema moral, si en algún momento no pensó la suerte que podría tener su amigo en los concursos de obra pública. Sólo por eso, que no implica delito alguno, debió haber evitado la operación de su casa de descanso con uno de los constructores querubines del grupo en el poder, porque inclusive si no pensó nada o si no actuó a favor de Hinojosa Cantú, el saberse de su cercanía, deja abierta la sospecha de consideraciones hacia él, lo que lleva al conflicto de interés.
La legitimidad no es lo único que rodea la venta de la casa. Videgaray incurrió en una mentira en su declaración patrimonial, al reportar que la propiedad había sido comprada al contado, cuando era un crédito hipotecario. ¿La mentira no es motivo de sanción por parte de la Secretaría de la Función Pública? En su carta pública, el secretario de Hacienda reconoce el dato falso, incorporado por él, al llenar personalmente la declaración, porque, dijo, hay una deficiencia en los formatos gubernamentales que no prevén créditos hipotecarios no bancarios. Pero la mentira ahí está.
Videgaray resolvió privadamente esa discrepancia con un anexo secreto en su declaración patrimonial, que se sintió obligado a explicar sólo después de la revelación del Journal. Ahí se menciona el crédito hipotecario a 18 años, y cuyo adeudo saldó en enero de este año. Como en su declaración patrimonial no reveló los fondos ni en 2012, ni en 2014, no se sabe de dónde salió el dinero.Tampoco se conoce cuántos impuestos se pagaron por la operación. Es decir, la opacidad continúa.
El secretario, muy golpeado por el mediocre crecimiento económico, está metido en un pantano donde su credibilidad está cuestionada por un asunto personal mal resuelto. Con esto arroja lastre adicional sobre Peña Nieto, que en menos de tres meses perdió el rumbo y cambió a negativo el legado de su presidencia. ¿Qué va a hacer Peña Nieto? ¿Videgaray? Renunciar no resuelve nada. Ilegalidad no existe, y la ilegitimidad es una ominosa característica de este gobierno. Si Videgaray se fuera, el problema se queda en la Presidencia, por el conflicto de interés en el que vive y la negación de su existencia. Así será, hasta que la ilegitimidad los inmovilice. A menos que el presidente lo asuma y corrija, con las consecuencia que signifique.
Fuente: Eje Central
