A ciencia cierta, el procurador Jesús Murillo Karam no sabe cómo o dónde buscar a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Sus peritos van por ahí, dando bandazos en la incertidumbre, tropezándose con los agentes de la procuraduría guerrerense y con el equipo de forenses argentinos y, al mismo tiempo, tratando de remediar las pifias de las autoridades locales y montando espectáculos fallidos para los medios. No saben si buscar más fosas, si revisar cuevas, cárceles o bodegas. Y ante el airado reclamo de los familiares de los estudiantes, el discurso cambió: los buscaban muertos y ahora los buscan vivos, pero con los mismos resultados.
Por Marcela Turati/ Proceso
Quienes lo han visto en estos días describen al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, como un hombre preocupado, con los ojos rojos por las horas robadas al sueño, que maneja casi de memoria los datos clave de las declaraciones de los detenidos -a quienes en ocasiones él mismo ha interrogado- relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Tiene en la pared de su oficina diagramas y mapas para darle sentido a la información.
La búsqueda de los estudiantes guerrerenses detenidos por policías municipales de Iguala y Cocula, quienes los entregaron a criminales y -según han declarado- éstos a su vez a otros y éstos a otros, tiene a Murillo, a su equipo de trabajo y al Gobierno de Enrique Peña Nieto contra las cuerdas y bajo el escrutinio internacional.
Pese a que “toda la fuerza del Estado mexicano” está dedicada a la búsqueda -6 mil 800 soldados, 900 marinos, 110 peritos, 300 investigadores, mil 870 agentes de fuerzas federales y 50 ministerios públicos federales- a cinco semanas de la desaparición ninguno de los estudiantes ha sido hallado.
La numeralia gubernamental es que hubo mil recorridos y 142 vuelos de rastreo, la revisión de 110 lugares, 13 cateos, la detención de 54 personas, 26 órdenes de aprehensión, 20 mil volantes repartidos y la oferta de un millón de pesos de recompensa para informantes (de una bolsa de 64 millones).
Se sabe que revisaron el paraje de Pueblo Viejo y Lomas de Zapatero, el Batallón de Infantería y la Zona Militar, los separos de la Policía y la cárcel municipal (en Iguala). Los operativos, según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se han hecho en Mayanalán (“donde había movimiento de gente”), cuevas y minas antiguas de Huitzuco y Taxco; ríos, casas, una iglesia en Cocula; una presa en el Alto Balsas…
Desesperadas ante la ineficiencia gubernamental, las familias manifestaron que si sus hijos están muertos únicamente aceptarían los resultados de las identificaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense. Rechazaron a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) -la cual presume más de 900 diligencias en Ayotzinapa-, instancias de las cuales desconfían.
El miércoles 29 de octubre, día 33 de la desaparición, cuando no había indicios del paradero de los estudiantes, los familiares reclamaron a Enrique Peña Nieto y a su Gabinete de seguridad en Los Pinos la desastrosa búsqueda.
Mismo equipo, vicios repetidos
La tragedia de Ayotzinapa contradice la puesta en escena del PRI que intentó silenciar la violencia en México; este escándalo sacó del clóset la magnitud del fenómeno de la desaparición de personas, cometida a la vista de todos por funcionarios públicos en colusión con narcotraficantes.
Los desaparecidos fueron borrados: la lista de casi 27 mil desaparecidos heredados por el calderonismo fue reducida por la Secretaría de Gobernación a ocho mil de una forma que no convenció. Y no sumó a los otros nueve mil desaparecidos desde que Peña Nieto asumió el poder.
Ayotzinapa dejó en evidencia a la PGR, que ha dado magros resultados en la búsqueda de los miles de desaparecidos desde el sexenio pasado (el reporte del ex subprocurador Ricardo García Cervantes fue de 73 encontrados en un año).
El frecuente hallazgo de fosas comunes ha cobrado relevancia. Durante el primer mes del operativo fueron revisadas 10 fosas y un tiradero relacionados con el caso, donde se encontraron preliminarmente 38 cadáveres; otras tres fosas fueron halladas en otros puntos del estado. No se ha confirmado que los estudiantes estén en ellas.
En el caso Ayotzinapa el Gobierno federal repite vicios, como los que le valieron una recomendación de la CNDH por las fallas durante el proceso de identificación de cadáveres de los 72 migrantes asesinados en Tamaulipas en 2010. Otra vez la Federación se involucró tarde (10 días después del suceso) y la tardanza impidió cuidar la calidad de la exhumación de los restos en las primeras cinco fosas, en la colonia Pueblo Viejo, donde únicamente trabajaron peritos de Guerrero.
“Se hizo mal porque no hay personal capacitado para el levantamiento, para obtener pruebas, se desconocen las técnicas fundamentales del cuidado del lugar y la ubicación de cuerpos. Hubo problemas porque los cuerpos no correspondían, en parte por el descuido; eso generó más problemas para ordenar las piezas, clasificar cuál correspondía a cuál cuerpo y eso causó más trabajo”, dijo Abel Barrera, director del Centro Tlachinollan.
Una vez que la Federación se involucró, las identificaciones forenses quedaron a cargo del mismo equipo de la PGR (encabezado por la química Sara Mónica Medina Alegría) que equivocó los restos de las víctimas de las masacres de San Fernando, mandó a fosas comunes más de 30 cuerpos de migrantes que podían haber sido identificados y ha enviado a fosas comunes a 15 mil personas no identificadas.
La Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada por Murillo como el cuerpo de expertos que el Gobierno federal presume ante organismos internacionales, no fue convocada a participar en Ayotzinapa.
La renuncia de Rodrigo Archundia en plena crisis, quien era titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y desde el sexenio pasado se encargaba -pese a las quejas de las familias- de la búsqueda de personas capturadas por grupos criminales, resulta más que elocuente.
Los familiares de los estudiantes señalan la misma falla: las autoridades sólo buscan en fosas, no buscan gente con vida.
Traspiés y contradicciones
Funcionarios de la PGR dicen que han seguido todas las pistas que han podido, los han buscado vivos (en cárceles, instalaciones militares, iglesias, bodegas, cuevas… pero sin resultados), también muertos; además han acudido a los lugares que les han indicado los detenidos.
El director de Tlachinollan señala que la búsqueda ha estado plagada de fallas que han hecho perder la confianza a los padres: “Es muy básica, muy limitada, le ha faltado investigación e inteligencia previa; todo es muy rudimentario, sin mapeo, sin estudio previo de las zonas. Llegan con operativos aparatosos, muchas camionetas como anunciando su llegada y cuando los padres señalan que les dijeron que podían estar en una bodega o en una iglesia abandonada, decían que no tenían órdenes de cateo para entrar. Y al día siguiente decían que ya habían ido ellos por su cuenta y no habían encontrado nada.
“No se fue con todas las condiciones legales para acceder a los lugares. Además se informaba primero a la TV de las detenciones de personas, de lo que habían encontrado”, enfatiza.
Las contradicciones por los cuerpos surgieron desde el inicio. A ocho días de la desaparición de los estudiantes la Procuraduría estatal encabezada por Iñaki Blanco, entonces a cargo de las investigaciones, anunció el hallazgo de seis fosas en el paraje Pueblo Viejo. Murillo corrigió luego y dijo que eran cinco las fosas, pero en rueda de prensa posterior volvió a mencionar seis.
También hubo enredo en los cuerpos: primero eran 28, después se informó que había dos más que se descubrieron después. Y el Gobierno de Guerrero impidió a la PGR presenciar las exhumaciones y no presentó evidencias fotográficas.
La búsqueda que hizo el estado, confía uno de los 80 policías ministeriales llevados a Iguala para buscar a los estudiantes, se basó en peinar sitios donde era obvio que no estarían los normalistas.
“No tenía objeto buscar donde nos mandaban. Nos pedían caminar a cualquier punto y de ahí pa’rriba en el monte a ver si veíamos tierra removida. Era ilógico, porque nos llevaban a zonas donde tanto movimiento de muchachos se hubiera notado”, afirma.
A finales de octubre los tres encargados de las investigaciones -el procurador Blanco y los vicefiscales Ricardo Martínez Chávez y Víctor Jorge León- fueron citados a declarar ante la SEIDO después de que el líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, señaló que había pagado 300 mil dólares por favores del fiscal estatal.
El 9 de octubre, cuando la PGR había atraído el caso, Murillo Karam anunció el hallazgo de otras cuatro fosas cercanas; no precisó la cantidad de cadáveres pero indicó que los cuerpos fueron calcinados, con el mismo modus operandi de los 28 anteriores. La Procuraduría local y la Policía estatal tuvieron el acceso vedado a las fosas.
El abogado Vidulfo Rosales, de Tlachinollan, denuncia que esos días hubo un bloqueo inicial al trabajo del equipo de forenses argentinos en ambas fosas. “Hubo un problema para acreditarlas legalmente y no se los permitían porque no traían documentos originales que respaldaran su experiencia, y cuando se destrabó el punto no estaba el Ministerio Público que tenía que hacer los trámites para que pudieran trabajar en la Normal (tomando muestras de ADN) y en el Semefo. Fueron dos días de martirio y complicaciones, y hasta el tercer día se normalizó” la situación.
Cuando el equipo argentino apenas preparaba las muestras genéticas de los primeros 28 cuerpos para enviarlas al laboratorio, Murillo Karam anunció que los estudios de la Policía Federal y la PGR apuntaban a que no eran los estudiantes; días después cambió y dijo que esperaría los resultados de las pruebas argentinas. En ese momento declaró que en el segundo grupo de fosas (el que antes había mencionado que tenía cuerpos quemados) no se hallaron cuerpos. Los argentinos no pudieron comprobarlo porque también les bloquearon el acceso a ésas.
“Las descartó el propio Gobierno antes de que nosotros pudiéramos saber nada, nosotros en ésas no trabajamos”, señala un portavoz del equipo argentino quien pidió no ser identificado pues aún trabaja en Guerrero.
El 28 de octubre, cuando la presión iba en aumento, Murillo anunció que había un tercer lugar a analizar, al cual se llegó tras la declaración de los últimos cuatro detenidos. Invitó a la prensa a visitarlo.
Los fotógrafos fueron llevados al basurero de Cocula y desde arriba de lo que parece un cráter vieron a una docena de forenses enfundados en trajes blancos nuevos peinando el terreno para ubicar tierra removida, plantando banderines, y a los perros olfateadores en acción. Nunca se explicó a la prensa cuál había sido el hallazgo.
Esa misma tarde, cuando las imágenes de la visita al tiradero ya estaba en las noticias, Murillo trató de matizar los hallazgos, pidió esperar para dar por cierto que los restos pudieran ser de los estudiantes (no aclaró cuántos o en qué estado) y pidió a la prensa basarse en hechos, no en fantasías. “(Aún) no podemos hacer nada al respecto mientras no tengamos una evidencia clara y plena de lo que sucedió ahí; en ese sentido es en el que están trabajando los peritos y en el momento en que tengamos resultados se los informaremos”.
Era la décima fosa
En las imágenes tomadas por fotógrafos y camarógrafos en los alrededores del basurero, cerca del río Cocula, se observa al jefe de la Agencia de Investigación Criminal y coordinador de la búsqueda, Tomás Zerón, preocupado, junto a un detenido traído en helicóptero -con el rostro escondido bajo una chaqueta negra y custodiado por un judicial con metralleta- quien señaló un punto donde supuestamente quemaron a algunos jóvenes; sus cenizas las arrojaron al agua.
En ese momento familias igualtecas de seis detenidos durante los operativos de la PGR acusaron al Gobierno de fabricar responsables mediante torturas, detenciones y cateos ilegales e invención de delitos. Antes las mismas protestas habían sido de familiares de Carrizalillo.
El hartazgo hizo que los padres de los 43 normalistas rompieran con la PGR y la Secretaría de Gobernación y exigieran un encuentro con Peña Nieto, el cual se concretó el día 33 de la ausencia de sus hijos.
Tras escuchar las quejas, Peña Nieto prometió un búsqueda renovada. Tras el regaño cambió la narrativa: Ahora sí, a buscarlos con vida.
Fuente: Proceso
