Los grupos parlamentarios en el Congreso confrontaron posiciones por el reclamo del gobernador Javier Corral de que la Secretaría de Hacienda se negó a entregar a Chihuahua 700 millones de pesos como represalia por las investigaciones sobre el desvío y triangulación de recursos federales a las campañas electorales del PRI.
Por un lado, legisladores del PAN, PRD y MC defendieron la decisión de Corral de denunciar los desvíos a favor del tricolor y combatir la corrupción en la entidad, al tiempo de exigir la detención del exgobernador priista César Duarte.
Del otro lado, legisladores del PRI y PVEM descalificaron a Corral llamándolo “actor”, “mitómano” y un “peligro” para Chihuahua por los niveles de inseguridad en la entidad.
El senador del PAN, Daniel Ávila, expuso en tribuna que Corral recibió la entidad luego de que Duarte elevó la deuda pública de 12 mil millones de pesos, en 2010, a 41 mil millones de pesos en 2016.
“¿A dónde creen que se fue parte del dinero? A las campañas del PRI. En el 2016, el Gobierno de Duarte transfirió 250 millones de pesos; esa es la razón por la que el exsecretario general adjunto, Alejandro Gutiérrez, está en prisión y vinculado a proceso”, afirmó el yucateco tras asegurar que el PAN no dejará solo a Corral.
“El gobernador Corral está luchando contra la corrupción de manera contundente. Hay 10 órdenes contra el exgobernador, hay 23 vinculados a proceso, 5 condenas y de esto hay pruebas contundentes”.
Ávila agregó que Corral descubrió el modus operandi de César Duarte y que se ha replicado en otras entidades.
Acusó que el PRI se siente en deuda con el exgobernador Duarte y por eso se ha frenado su extradición.
“El PRI es el rostro de la corrupción, es un lastre para México. La mayor escuela de corrupción se ha comenzado a desmembrar”, aseguró el panista.
En tanto, la senadora priista Diva Gastélum tachó al gobernador chihuahuense de ser un actor al que le gusta decir mentiras y montar cortinas de humo.
“Y además de mentiroso es un peligro para el estado de Chihuahua, es un peligro”, lanzó Gastélum.
“Quiere consagrarse con el PAN y encontró una nueva chamba, ser activista de (Ricardo) Anaya, que es más peligroso que (Andrés Manuel) López Obrador. Éste paró Reforma, pero Anaya paró el Congreso y ahora quiere parar el país”.
Sin dar cifras de ningún tipo o algún otro argumento, Gastélum dijo que Anaya y Corral se parecen, pues tienen un buen discurso, pero son malos para ponerse a trabajar.
“Al PRI le importa la transparencia, que caigan quienes tienen que caer”, aseguró la priista, pero no se pronunció por pedir la extradición de César Duarte.
También del PRI, el diputado Ricardo David García Portilla cuestionó en qué ha utilizado Corral los recursos del Estado que gobierna, como son más de 3 mil millones de pesos adicionales en 2017.
“¿Qué hizo con los recursos extraordinarios quien dice gobernar Chihuahua? ¿Qué hizo con los más de 43 mil millones de pesos transferidos en su primer año? ¿Acaso lo utilizó para viajar en avión privado a jugar golf cuando en su entidad al mismo tiempo la delincuencia asesinaba a 14 personas? ¿Acaso lo utiliza para pagar una oficina de 8 personas, la de Gustavo Madero, que tiene asignados 80 millones de pesos sin ninguna función ejecutiva o social, pero tal vez electoral? ¿Acaso lo utiliza para pagar con recursos públicos el evento del Frente, el foro que realizó hace unos meses con boletos de avión y hospedaje a quienes, por cierto, algunos de ellos lo acompañaron en la presentación de su más reciente telenovela?”, cuestionó García Portilla.
La diputada del PRD, Cecilia Soto, advirtió que Hacienda miente en sus justificaciones de por qué no depositó el dinero, pues argumenta que se equivocó el Gobierno de Chihuahua en la cuenta bancaria pero también ha dicho que no había recursos.
Citó que el 14 de diciembre se firmó el convenio entre el Gobierno local y Hacienda, por lo que sí había suficiencia en el Gobierno federal
Mencionó que, un día después, el Gobierno estatal informó de sus cuentas bancarias en Bancomer e Interacciones, y que tanto Hacienda como Tesorería superaron de ello los días 20 y 21 de diciembre.
Ese mismo 20 de diciembre, recordó que se vinculó a proceso a Alejandro Gutiérrez, porque se documentó el desvío de 250 millones de pesos en 2016, a través de cuatro empresas fantasma que no prestaron servicios y cuyo dinero se fue a arcas del PRI.
Después de ello, ya no se entregó el dinero acordado, dijo Soto.
“La razón fundamental porque de repente se le desapareció el dinero a la Secretaría de Hacienda es porque por primera vez en México se va a poder iniciar un proceso semejante al de ‘manos limpias” en Italia y al del ‘Java Lato’ en Brasil. Se va a poder romper el pacto de impunidad entre quien corrompe y el corrompido”, advirtió la perredista.
El diputado Germán Ernesto Ralis, de MC, afirmó que lo que ocurre en Chihuahua no es un caso aislado, porque el manejo de recursos públicos y de corrupción en tiempos electorales es una realidad en todo el país.
“El incumplimiento de acuerdos y la retención de fondos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deja entrever el nulo interés que tiene el Gobierno federal en combatir la corrupción. Esta situación a la que nos enfrentamos en Chihuahua es una vergüenza, no es posible que el revanchismo político haga gala de presencia y ponga en riesgo las finanzas públicas y a la propia comunidad chihuahuense por un tema políticamente electoral”, afirmó Ralis.
Mientras que el senador por PT-Morena, David Monreal, expuso que la guerra de declaraciones entre el gobernador Javier Corral, el secretario de Hacienda y el precandidato del PRI han evidenciado que desde el Gobierno federal se pretende mantener el régimen de corrupción que impera en todo el País en todos los niveles de Gobierno.
“Por otro lado, es otro botón de muestra de que el dinero público sigue siendo una moneda de cambio para apaciguar a quienes pretenden contradecir al mandatario federal. Sin saber con precisión a quién le asiste la razón política, desde el ámbito jurídico de la Secretaría de Hacienda, no han demostrado haber actuado con apego a la legalidad, ya que es a quien le imputan no transferir las partidas presupuestales acordadas”, dijo Monreal.
Fuente: Reforma
