Por John M. Ackerman
El movimiento que ha surgido a raíz de la desaparición y masacre de los estudiantes de Ayotzinapa tiene enormes implicaciones globales e históricas. La batalla por los recursos naturales, la cultura milenaria y el sistema político mexicanos constituye una prueba de fuerza tanto para la oligarquía global y sus aparatos represores como para la movilización ciudadana mundial por la paz, el medio ambiente y la justicia. Es responsabilidad de todos los mexicanos dentro y fuera del país, así como de los ciudadanos conscientes en todo el mundo, poner su granito de arena para asegurar que el desenlace de la crisis actual no abra la puerta al renacimiento del fascismo global y que, por el contrario, pavimente el camino para la liberación humana.
México juega hoy un papel similar al de España durante la Guerra Civil de 1936-1939. El trágico resultado de aquel conflicto preparó el terreno para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Apenas cinco meses después de que el general Francisco Franco declarara su victoria sobre las fuerzas republicanas en 1939, alcanzada con el apoyo decidido de la Alemania nazi, Adolfo Hitler invadiría Polonia. Posteriormente se multiplicaría exponencialmente la cantidad de personas exterminadas diariamente en los “campos de concentración” del Tercer Reich.
Durante aquella Guerra Civil, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña observaron pasivos y fueron cómplices de la destrucción de la democracia en España y después en toda Europa. Hoy, de manera similar, estas mismas potencias facilitan la destrucción de la democracia mexicana al encubrir y avalar ciegamente a una clase política que ha perdido totalmente la confianza de su pueblo.
Esto ocurre porque la llegada de una democracia popular y participativa en México pondría en riesgo importantes negocios de las grandes potencias. Más allá del evidente interés de Washington en el petróleo, los recursos naturales y las drogas, México es hoy uno de los nudos críticos para la articulación del crimen organizado y de los flujos financieros, lícitos e ilícitos, a nivel internacional. Fuentes oficiales estiman que se blanquean por lo menos 50 mil millones de dólares (aproximadamente 700 mil millones de pesos mexicanos) anualmente en México, aunque probablemente el monto es mucho mayor ya que por la naturaleza del delito se esconde de la vista de las autoridades. Y la mayor parte de este dinero no se queda en México, sino que una vez “limpiado” es transferido de regreso a Estados Unidos con el apoyo de las grandes instituciones financieras de Wall Street.
De acuerdo con Antonio María Costa, anterior jefe de la oficina de combate a las drogas y el crimen organizado de las Naciones Unidas, fue precisamente por medio de un aumento en los flujos del dinero del narco que el sistema financiero de Estados Unidos pudo recuperarse de la enorme crisis de 2008. En su importante reporte sobre el tema para The Guardian (véase: http://ow.ly/FIKtm), Ed Vulliamy ha expuesto todos los detalles sobre la sangrienta complicidad entre el sector bancario formal y los peores criminales del mundo.
Por otro lado, un estudio de la Universidad de San Diego estima que un promedio de 252 mil armas estadunidenses cruzan la frontera hacia México cada año, lo cual implica ganancias de aproximadamente 127 millones de dólares anuales para fabricantes de armas en el país del norte. Asimismo, el endurecimiento militar de la frontera de Estados Unidos con México ha generado enormes ganancias para los traficantes de personas. Sus servicios delincuenciales son ahora más cotizados que nunca para quienes quieran cruzar el río Bravo.
Y la limpia parcial que se ha hecho del sistema político colombiano, erróneamente considerado por algunos como ejemplo para nuestro país, ha empeorado la situación en México. El resultado ha sido la mudanza y la concentración en territorio mexicano de cada vez más nudos de comunicación y mandos del crimen organizado internacional. Una limpia profunda en México inevitablemente obligaría a los principales mandos del crimen organizado a trasladarse a otros países, o incluso a Estados Unidos, lo cual pondría en riesgo la “seguridad nacional” de Washington.
Lo anterior explica las constantes amenazas de parte del secretario de Marina, almirante Vidal Soberón, a los normalistas de Ayotzinapa, al pueblo de Guerrero y a todos los estudiantes y activistas del país. Los cables oficiales difundidos por Wikileaks han demostrado que la Marina es la institución de “seguridad” mexicana más cercana a Washington. La inédita agresividad y protagonismo del secretario solamente se explica porque se siente protegido por el gobierno de Barack Obama, o incluso está recibiendo órdenes de él.
De acuerdo con el INEGI, los ciudadanos denuncian solamente 3 millones de los 33 millones de delitos que se cometen al año en el país. En consecuencia, el único camino para acabar con la impunidad será generar un contexto en el que los ciudadanos se sientan suficientemente empoderados para que puedan denunciar las violaciones sistemáticas a sus derechos, su vida y su patrimonio. Pero este resultado solamente se podría alcanzar a partir de una transformación radical en la orientación del gobierno. En lugar de ser adversarios y obstáculos para el libre desarrollo del pueblo, las autoridades tendrían que fungir como sus aliados.
Así pues, la raíz de los problemas actuales en el país no es el disfuncionamiento institucional ni siquiera la corrupción, sino la total falta de legitimidad del sistema político y de la clase política que lo controla. Solamente un nuevo gobierno participativo y popular podría empezar a resolver los graves problemas actuales. Trabajemos todos para hacerlo realidad y de paso ponerle un alto histórico al proceso de expansión mundial de represión, exclusión e injusticia.
Twitter: @JohnMAckerman
(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados
Publicado en Revista Proceso No. 1989
