Los indígenas otomíes insisten en que súper autopista no cruce por ‘el gran bosque de agua’. Cientos de policías entran constantemente en el pueblo de Xochicuautla para imponer la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.
El pueblo indígena otomí-ñätho de Xochicuautla, ubicado en las montañas del muncipio de Lerma (Estado de México), lucha contra la construcción de una súper autopista que los dejaría prácticamente separados del gran ecosistema conocido como ‘bosque de agua’ que cuidan desde tiempos inmemoriales.
El propio Gobierno estatal reconoce esta sierra como Parque Estatal Bosque Otomí-Mexica, le otorga la categoría de Santuario del Agua y prohíbe “construcciones que dificulten su buen funcionamiento”. Y es que de este bosque sale el agua que se incorpora al sistema Lerma-Cutzamala que abastece a la Ciudad de México.
Sin embargo, desde 2006 esta comunidad se enfrenta a embates oficiales y empresariales para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a la empresa Grupo Higa cuando el hoy presidente del país, Enrique Peña Nieto, era gobernador del Estado de México, como explica la revista ‘Proceso’.
En 2014, el dueño de Grupo Higa, Armando Hinojosa Cantú, se vio envuelto en un escándalo con la primera dama de México, Angélica Rivera, por un supuesto conflicto de interés por una propiedad que en los medios de comunicación fue conocida como ‘La Casa Blanca’.
Una investigación del equipo de la periodista mexicana Carmen Aristegui mostró que la ruta que atravesaría los bosques de Xochicuautla solo es uno más de los proyectos que, durante el mandato de Peña Nieto en el Estado de México, se concedieron a Hinojosa Cantú.
Durante un discurso que pronunció en la ciudad de Toluca a mediados de este año, el mandatario recordó que durante su Administración programó 52 autopistas con una extensión de más de 1.200 kilómetros, de las cuales han concluido 21 vías, con una inversión de más de 75.000 millones de pesos.
El proyecto de autopista de cuota Toluca-Naucalpan tiene 39 kilómetros de longitud y atravesaría los municipios de Toluca, Lerma, Huixquilucan y Naucalpan. Esta construcción solo reduciría el tiempo de traslado en 25 minutos y pasaría por humedales, bosques, ojos de agua y ciertos lugares sagrados.
El año pasado el Gobierno estimó que ya se había realizado la mitad de una construcción por la que esperan que circulen 7.400 vehículos diarios, mientras que el actual gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, definió 2016 como “el año de la infraestructura, de las grandes obras”.
Hace dos años, en un video institucional Ávila indicó que aún tenían que superar “retos de tipo legal y técnico”. Meses después, fuerzas de granaderos realizaron diversas incursiones en Xochicuautla y comenzaron la tala de árboles.
El panorama es desolador. RT visitó el lugar para realizar un reportaje sobre un amparo interpuesto por los niños de la comunidad y constató la destrucción del bosque, con una enorme franja y del derribo del hogar de Armando García, un delegado indígena que aún no ha recibido ningún pago tras la destrucción de su hogar con maquinaria del Grupo Higa y esos granaderos.
Este 21 de diciembre, García se manifiestará frente al Palacio de Gobierno de Toluca, pues vive desde hace 254 días al lado de su casa demolida. Este video del colectivo de comunicación Másde131 ofrece el testimonio de otomíes agredidos y el relato de la demolición de ese hogar.
Para entonces, Enrique Peña Nieto ya había expropiado seis hectáreas de terrenos que conectan a la comunidad con el bosque con el argumento de que “la consolidación, ampliación y modernización de la red de autopistas de altas especificaciones” haga “más segura, económica y confortable la interconexión de polos de desarrollo industrial, turístico, comercial” y “el transporte de bienes y personas”.
En el decreto expropiatorio que firmó este político el 9 de julio del 2015 no aparecen Xochicuautla, el bosque ni los pueblos de la montaña.
Tras ganar diversos amparos, interponer el primer amparo de niños indígenas en México y solicitar la ayuda de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) —el máximo órgano estatal en ese ámbito—, las leyes mexicanas no han respondido a la exigencia primordial de Xochicuautla: la cancelación total del proyecto.
Desde hace casi dos años, los indígenas acudrn a la CNDH para aportar documentación sobre las constantes incursiones de cientos de policías regionales en su territorio. Ese organismo emitió una recomendación que, si bien reconoció las violaciones de derechos humanos, no sugiere la cancelación del proyecto.
“Consideramos que es insuficiente”, con lo cual “pedimos que se emitiera de acuerdo a la ley”; entonces, “se tendría que cancelar el proyecto carretero”, cuenta a RT el vocero del pueblo, José Luis Fernández.
Este portavoz insiste en que “creemos que se acreditaba para la cancelación, ya que ellos reconocen que no hubo una consulta previa, libre e informada” y que el decreto expropiatorio se formalizó del mismo modo.
En su recomendación, la CNDH solicita crear un fondo comunitario de infraestructura y apoyo para resarcir el daño a la comunidad. Sin embargo, tras 10 años de lucha, los indígenas otomíes no pretenden aceptar dádivas ni una consulta tardía.
“No estamos de acuerdo con la división del pueblo y el desmembramiento social, no estamos preparados para una consulta en este momento”, subraya José Luis Fernández.
En 2017, habrá elecciones en el Estado de México. Ante una posible incursión de Policía para que la obra se concluya antes de los comicios, los indígenas van a “acordar acciones”. El siguiente paso que valoran sus abogados es acudir “a tribunales internacionales”.
Fuente: RT/ Al-Dabi Olvera
