La estrategia de seguridad del gobierno federal falló en su objetivo de abatir los índices de violencia, prevenir y combatir el crimen y fortalecer a las instituciones encargadas de proteger a la población, señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Como parte de la revisión de la Cuenta Pública de 2015, la ASF —órgano del Poder Legislativo— realizó una auditoría de desempeño a estas responsabilidades de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), en la que concluyó que persisten las debilidades en la lucha contra la delincuencia, una de las mayores urgencias en los últimos dos sexenios debido al fortalecimiento del crimen organizado y al agravamiento de sus acciones.
“En opinión de la ASF, persiste el problema público relacionado con las debilidades en las capacidades institucionales para prevenir y combatir la comisión de delitos de manera efectiva. La CNS no fungió como actor que incida en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, debido a las deficiencias en la generación de información y en el análisis del comportamiento del fenómeno delictivo para la definición y mejoramiento de estrategias en materia de prevención del delito, y en la coordinación de las instancias de seguridad pública”, indicó el documento publicado este miércoles.
El análisis encontró falta de “avances significativos en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de prevenir y combatir la comisión de delitos”, carencia de estudios sobre actos delictivos no denunciados —conocidos como “cifra negra”—, además de que los estudios que sí realizó sobre otros fenómenos no fueron utilizados para definir estrategias y proyectos.
“El CNS no contó con evidencia para acreditar que, en ese año, los documentos mencionados sirvieron para el diseño de estrategias en materia de prevención de la comisión de delitos, o que en sus estudios se establecieran acciones para su redireccionamiento”, abundó la revisión.
La ASF también indicó deficiencias en la información para demostrar los resultados de sus acuerdos de colaboración y de la supervisión a las evaluaciones de control de confianza de policías.
La CNS, encabezada por Renato Sales desde agosto de 2015 —el anterior titular era Monte Alejandro Rubido—, fue creada en la actual administración federal, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, y está adscrita a la Secretaría de Gobernación (Segob). En 2013, asumió las funciones de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Este cambio institucional y la creación de un programa que buscaba prevenir la delincuencia a través de acciones sociales han sido las apuestas de este gobierno para enfrentar al crimen organizado y la violencia asociada a este problema. Sin embargo, los índices delictivos han repuntado, según ha reconocido el propio jefe del Poder Ejecutivo.
CON LA MILITARIZACIÓN, MÁS VIOLENCIA
La Auditoría apuntó que el envío de las Fuerzas Armadas al combate a la delincuencia organizada resultó contraproducente, pues se desató un aumento en los niveles de violencia.
El análisis realizó un recuento de la política en materia de seguridad en México en los últimos 20 años, en el que recordó que, desde que se tomó la decisión de lanzar esta ofensiva —en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012)—, los niveles de violencia crecieron.
Entre ese año y 2012, abunda el documento, el total anual de denuncias por homicidio doloso se duplicó de 10,253 a 20,548; por secuestro, los casos se triplicaron de 438 a 1,268, y por extorsión, también se duplicaron de 3,123 a 6,045.
“En 2007, los estándares de violencia que se presentaron en algunos lugares de la República mexicana eran comparables a los escenarios de guerra que se vivían en otros países del orbe, e incluso mayores; ante esta situación, el gobierno federal respondió con el apoyo de militares, sin un resultado real y contundente más allá del incremento en los índices de la violencia”, indicó.
El gobierno de Peña Nieto dio continuidad a esta política, e incluso impulsa en estos momentos una Ley de Seguridad Interior que dé certidumbre legal y regule la participación del Ejército y la Marina en este tipo de funciones.
“La falta de resultados positivos en la seguridad pública exigía adoptar un enfoque de inteligencia para prevenir la comisión de delitos antes que perseguirlos, e instrumentar sistemas que garantizaran el adecuado intercambio de información en la materia”, añade la ASF.
Para revisar la Cuenta Pública de 2015, la Auditoría realizó 1,643 informes individuales sobre diversos rubros del gasto y si el uso que se da al dinero brinda o no resultados. El órgano fiscalizador detectó irregularidades que representan subejercicios o posibles daños al erario por 165,000 millones de pesos: 100,000 del orden federal y 65,000 en los estados.
Fuente: Expansion.mx
