El secretario de Gobernación deslizó una velada advertencia a los partidos que tienen autoridades estatales y municipales, de cerrarles la llave del apoyo económico y militar si no avalan la ley de Seguridad Interior que busca dar cobijo legal a las operaciones de las fuerzas armadas
Por Jesusa Cervantes
El pasado miércoles 1, Miguel Ángel Osorio Chong acudió a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para detallar lo que, a juicio del gobierno federal, debe contener la Ley de Seguridad Interior. A ese encuentro asistieron César Camacho por el PRI, Jesús Sesma por el PVEM, Alejandro González Murillo por el PES, Alfredo Valles del Panal, Clemente Castañeda de MC, Jesús Zambrano del PRD, Rocío Nahle por Morena y Marko Cortés por el PAN.
Pero la reunión se convirtió en una velada advertencia a los partidos que tienen autoridades estatales y municipales, de cerrarles la llave del apoyo económico y militar si no avalan la ley. Ello se desprende de la grabación del encuentro, en el cual Osorio Chong centró su discurso en la “comodidad” e “inacción” de las autoridades locales, a pesar de “todo” el apoyo federal.
Osorio adelantó a los coordinadores de los ocho partidos políticos que en breve se dará a conocer el estado que guardan las policías locales.
El diagnóstico, dijo, se dará a conocer a las autoridades locales; luego se definirán metas, plazos, compromisos y consecuencias para el que no cumpla y además se les exhibirá.
De las policías locales dijo que son “parte de nuestras instituciones” y “están en riesgo” ante la presencia del crimen organizado.
A las autoridades estatales y municipales que no cumplan, sostuvo, “dejaremos de apoyarlas; iremos quitando apoyos, respaldo y señalando. Es algo que no habíamos hecho, pero creemos que la sociedad debe saber lo que está sucediendo para que entonces se logre forzar a las autoridades locales para que hagan lo que les toca”.
La comodidad llegó
El pasado 8 de noviembre, en un inédito discurso, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo que el Ejército no quiere estar en las calles haciendo labores de seguridad pública y demandó la creación de un marco jurídico que sustente su actuar.
En el sexenio pasado, luego de que Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico y sacó a las Fuerzas Armadas a las calles, el entonces titular de la Defensa, Guillermo Galván Galván, demandó reiteradamente un marco legal para su actuar.
En diciembre y enero pasados, el PRI y sus aliados (Panal, PES y PVEM) junto con el gobierno federal, agilizaron el proceso legislativo para acelerar la aprobación en paquete de la Ley de Seguridad Interior, la Minuta del Mando Mixto Policial y la reglamentación del Artículo 29 constitucional (que permite declarar el estado de excepción). Ante las diferencias con el PAN por el tema de las policías locales, decidieron empujar sólo la Ley de Seguridad Interior.
Las condiciones de PAN y PRD para legislar en una misma ruta seguridad interior y mando policial, así como el rechazo de Morena a la reglamentación del Artículo 29, llevó al titular de Gobernación hasta San Lázaro para explicar la “urgencia” de aprobar la Ley de Seguridad Interior. Pero puso un ingrediente inesperado: el diagnóstico de las policías locales.
Empezó por decir que el gobierno federal no busca la presencia permanente de los militares en las calles. “Las Fuerzas Armadas sólo deben actuar cuando las capacidades de las policías civiles estén vulneradas o resulten insuficientes”. Y agregó: “Así que la ley debe servir para que las autoridades locales asuman plenamente su obligación de dar seguridad; sólo así el Ejército podrá regresar a las funciones que le corresponden”.
Luego lanzó que a la par de la negociación política en el Poder Legislativo para sacar adelante la ley, el gobierno “trabaja con los gobiernos estatales para su fortalecimiento (…) Se está trabajando en un diagnóstico que casi está terminado”.
“No es el tema”, aclaró, “pero me dijeron que podía tocarse: el de las policías locales. No sólo tenemos el diagnóstico, lo que hoy hemos definido es que ante lo que estamos viviendo y ante el esfuerzo federal que se ha hecho en la materia –y no veíamos repercusiones en lo estatal y municipal–, tomamos nuestras propias decisiones”.
Esas decisiones fueron, a decir de Osorio Chong: crear una agencia para combatir el secuestro; impulsar “desde lo macro” a estados y municipios para que funcionen sus corporaciones policiales; destinar 5 mil 500 millones de pesos para crear cinco centros regionales de inteligencia contra la delincuencia; y respaldar espacios de vigilancia, monitoreo, escuela para mandos, capacitación. “Pero no ha resultado suficiente, porque en lo local llegó la comodidad”.
La seguridad pública corresponde, constitucionalmente, a las autoridades locales; en su análisis Osorio Chong reveló que de los 2 mil 450 municipios del país, mil 800 cuentan con corporaciones policiacas y de éstas, 900 tienen menos de 20 integrantes “y su profesionalización no existe”.
Ante esta circunstancia, dijo, hay que tomar una decisión para que cumplan con su responsabilidad. “¡Hasta aquí llegó! ¡No hay más excusas!”
“Nosotros sí estamos pensando en retirar a las fuerzas militares y federales, pero no lo podemos hacer irresponsablemente. Lo que estamos haciendo es decirle a los estados: ‘Aquí está tu diagnóstico’.
“Dentro de unos días habremos de decirle a los estados el diagnóstico y el compromiso que deben asumir. Estoy hablando de todo el esfuerzo federal, pero les toca a ellos hacer el esfuerzo en corporaciones estatales. Por eso es que diremos a cada estado que para que el apoyo federal siga fluyendo, como debe seguir siendo, tendrán que cumplir con ciertos compromisos”, advirtió.
El apoyo a los estados en materia de seguridad pública al que se refiere Osorio Chong representará este año 20 mil 569 millones de pesos.
El gasto federal que va a las entidades para que combatan la inseguridad se forma con dos fondos de aportaciones del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos: uno, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP); el otro, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).
Este año para el FASP se aprobaron 7 mil millones de pesos, lo mismo que el año pasado; y para el Fortamun, 13 mil 569 millones.
Pero eso no es todo, en acuerdos con Gobernación, la Defensa, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los estados reciben otras cantidades para seguridad. Así, del gran total que incluye el FASP y el Fortamun, el Estado de México recibirá este año 2 mil 452 millones de pesos; Jalisco, mil 291 millones; Veracruz, mil 273 millones; la Ciudad de México, mil 770 millones. Estas son las entidades que reciben el grueso de esos recursos.
Calderón a la Corte, nosotros no
La Ley de Seguridad Interior no es para perpetuar la presencia de militares en las calles, ni para que investiguen delitos, sino que hagan trabajo de inteligencia, aseguró. Y ante las dudas de si van a intervenir en movimientos sociales, respondió riendo: “¡Claro que no! Pero miren hasta dónde ha llegado el tema cuando, por circunstancias diversas, nos quieren llevar a politizarlo”.
Todos los partidos aceptaron que hay que regular la participación del Ejército en las calles, pero la oposición dijo que no está de acuerdo con la iniciativa que hoy se debate y sobre la cual Osorio Chong, veladamente, les dijo que va ligada al diagnóstico de las policías locales y sus consecuencias.
“Si ustedes no legislan en Mando Mixto Policial (o como le llamen), lo que tendremos que hacer es trabajar con los locales para que se fortalezcan; pero si ustedes no legislan en seguridad interior estamos provocando que hoy no haya una norma que regule la actuación de lo que ya está pasando (que los militares estén en las calles), ésa es la preocupación”, dijo.
De paso les aclaró que cuando llegaron al gobierno, se encontraron “con un tema llamado guerra contra la delincuencia (…) se tomó una decisión sin diagnóstico, sin coordinación federal que llevó a circunstancias que afectaban los derechos de ciudadanos comunes (…) a Felipe Calderón se le acusó ante la Corte Penal Internacional (…) la Corte declinó al respecto y seguramente lo harán con esta administración, sólo que nosotros no estamos pensando en una guerra, nosotros tenemos estrategia y objetivos”.
Fuente: Proceso
