En México existen zonas donde se registran yacimientos de recursos energéticos que son de mucho interés para la extracción del shale gas o gas de lutita con la técnica del fracking. Se pueden identificar en Chihuahua, Coahuila, Oaxaca, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, y Veracruz. Los procesos de licitaciones ya iniciaron en nuestro país, por ello es urgente continuar con la denuncia sobre el peligro que supone la implementación de la reforma energética.
Por Salomé Almaraz Reyes
La Reforma Constitucional en materia energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, parece ser la médula de lo que hasta hoy día conforman las llamadas “grandes reformas estructurales” (RE’s), las cuales son una consolidación de medidas tecnocráticas que van en detrimento de los derechos sociales protegidos en instrumentos internacionales signados por México y que en 2011 fueron consagrados en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es importante tomar en cuenta la velocidad con la que se han aprobado dichas reformas estructurales, en comparación a la reforma en materia de derechos humanos. Mientras esta última llevó meses y mesas de negociación, plazos y modificaciones, la reforma energética, junto con sus legislaciones secundarias que la respaldan (Ley de Hidrocarburos y Ley de Energía Eléctrica, la Ley General de Agua, entre otras), fueron aprobadas y adoptadas por las Cámaras y los estados en tiempo récord, con ausencia de un mecanismo de participación ciudadana, consulta o discusión pública.
Ante este panorama, especialistas, organizaciones civiles, comunidades y luchadores sociales se han pronunciado contra los cambios legislativos en la materia, pues constituyen un retroceso en política ambiental; corremos el riesgo de perder soberanía sobre el territorio y sobre un recurso energético como el petróleo; esta reforma también es un obstáculo para transitar hacía un modelo energético sostenible. Igualmente, han denunciado que su implementación representa graves violaciones a derechos humanos, como el de participación ciudadana, a la consulta, a la tierra y territorio, a la vivienda, a la salud, alimentación, medio ambiente, y los que se relacionen conforme avanza el análisis que hacemos.
Uno de los puntos más preocupantes tiene que ver con la autorización para implementar la extracción de hidrocarburos basado en el fracking (fractura del suelo para la obtención de gas). Sobre esto se ha advierte que se trata de una de las técnicas más nocivas, que no significa la obtención de un recurso energético más ecológico, por el contrario, sí representa un daño irreversible al medio ambiente, el agua y la salud de la población que habita en las inmediaciones de los territorios donde se realizará dicha práctica.
Entonces, ¿por qué se habla de un proceso nocivo? La técnica del fracking es un método de extracción, procesamiento y transporte donde diversas mezclas (agua, arena y productos químicos que pueden dañar la salud de las personas) son inyectadas al subsuelo, lo que a su vez desprende gas metano, considerado uno de los elementos más nocivos para el medio ambiente y que agudizan el cambio climático.
Sin que suene exagerado, pero es cierto que en gran parte del mundo, sobre todo donde se ha implementado el fracking, se documenta cómo la relación de la implementación de esta técnica extractiva con contaminación de mantos y pozos de agua ubicados en las zonas de explotación. Impresiona observar videos, que abundan en internet, sobre experiencias de diversas familias que ven arder su agua debido a los gases y productos químicos concentrados en los acuíferos que abastecen sus comunidades.
Esta contaminación del territorio, del agua y del aire (por la mezcla de polvo y vapores químicos) ha provocado daños severos en la producción agropecuaria de las poblaciones; más grave aún, ha causado el detrimento de las condiciones de salud de las y los habitantes de dichas comunidades; se registran afectaciones relacionadas con bajo peso y afectaciones genéticas en niños recién nacidos. Por si fuera poco, el daño al subsuelo se asocia con sismos constantes en dichas regiones. La escasez de agua debido al las grandes cantidades usadas para eta técnica generarán conflictos sociales relacionadas con el acceso a este vital elemento.
A todo esto hay que agregar que con la reforma energética, en particular con la implementación del fracking, se propicia el desplazamiento forzado de comunidades. Por ejemplo, la Ley de Hidrocarburos no pone ningún impedimento para el despojo, pues señala que si bien debe consultarse a pueblos y comunidades o ejidos sobre la implementación de proyectos de extracción de gas, privilegia la garantía para que empresas petroleras y gaseras puedan sin “obstáculo” alguno implementar sus proyectos. Las concesiones se respaldarán en la figura de “servidumbre legal” de hidrocarburos y con ello permitir que el proyecto proceda. En México se considera una actividad prioritaria nacional la producción de hidrocarburos por encima de la producción de alimentos o la conservación del medio ambiente.
La Alianza Mexicana contra el Fracking desde 2013 trabaja para difundir y generar conciencia sobre las afectaciones sociales, al medio ambiente y a la salud que están asociadas a esta técnica. Actualmente, quienes la conforman tienen demandas contundentes: prohibición del fracking, el retiro de concesiones para la explotación de hidrocarburos no convencionales, y la apertura de un espacio real y certero de discusión con amplia participación ciudadana, que realmente incorporen las opiniones de quienes se oponen a esta reforma estructural.
En México existen zonas donde se registran yacimientos de recursos energéticos que son de mucho interés para la extracción del gas con la técnica del fracking. Se pueden identificar en como Chihuahua, Coahuila, Oaxaca, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, y Veracruz. Los procesos de licitaciones ya iniciaron en nuestro país, por ello es urgente continuar con la denuncia sobre el peligro que supone la implementación de la reforma energética. No se trata de un discurso que detiene el desarrollo casi troglodita, como la han querido minimizar sus más arduos defensores. Sostenemos que contrario a lo que ellos digan, estamos en un trabajo de defensa de derechos humanos. Buscamos sensibilizarnos en el cuidado de la tierra y el territorio. Apostaremos por la protección y respeto de derechos como la salud, al medio ambiente, el agua, a la vivienda digna, y a la participación ciudadana, consulta e información.
* Salomé Reyes es colaboradora del área de investigación del @CDHVitoria
Fuente: Animal Político
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