La nueva Ley General de Transparencia obligará a las Cámaras del Congreso a homologar los criterios para informar sobre el reparto de miles de millones de pesos que hoy son gastados de manera discrecional a través de subvenciones. Pero lo hará cinco meses después de su entrada en vigor.
El presidente del Senado, Miguel Barbosa, justificó así la decisión de otorgar a los legisladores federales un plazo de cinco meses para crear un “programa de organización administrativa”, que les permita cumplir con los nuevos mandatos legales en materia de rendición de cuentas.
En entrevista, el también coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) rechazó que se trate de un régimen de excepción para mantener la opacidad con la que se han manejado los recursos en el Congreso.
“El sistema de entrega de información de los grupos debe ser uniforme. El límite para construir un andamiaje legal, para que se pueda entregar la información de manera uniforme y no la que quieran los grupos o los legisladores, es el 30 de agosto”, dijo.
“No creamos ningún estado de excepción que pueda postergarse para que nunca se inicie el cumplimiento de la ley por parte de las Cámaras del Poder Legislativo”.
Barbosa explicó que, en caso de que la nueva Ley General de Transparencia sea aprobada con rapidez por la Cámara de Diputados y promulgada por el Ejecutivo, los legisladores no estarían preparados para cumplir con las nuevas obligaciones en materia de transparencia de manera homogénea.
“No hay manera de cumplir”, reconoció.
El senador detalló que por ello es necesario establecer un plazo para que las Legislaturas se preparen y establezcan los mismos criterios al abrir las finanzas de las Cámaras.
“No va a haber ningún centavo, ningún peso que hoy se gaste en las Cámaras que no pueda ser revisado o conocido por quien lo solicite y van a estar en los portales de información”, manifestó.
El Presidente del Senado adelantó que, para poder acatar las nuevas disposiciones legales, podría ser necesaria la realización de un periodo extraordinario de sesiones, sobre todo porque la Cámara de Diputados tendrá que dejar listo su “programa de organización administrativa” antes de que llegue la nueva Legislatura en septiembre próximo.
Fuente: Reforma
