El histórico juicio a 12 líderes independentistas por el fracasado intento de separar a Cataluña de España en 2017 ha quedado listo para sentencia, tras cuatro meses de mediatizadas audiencias que han impactado de frente a la política española.
Después de 50 sesiones de que se escuchara el testimono y la declaración de más de 500 personas -entre imputados, testigos y peritos- y de analizar todo tipo de documentos, videos y fotografías, el histórico juicio contra los 12 líderes independentistas catalanes quedó hoy visto para sentencia.
En la última jornada se escuchó de nuevo la voz de los imputados, que además de insistir en su inocencia, en el cariz “democrático y pacífico” de su movimiento y de sus reivindicaciones, también hicieron una apelación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español para que puedan “volver a la política” y encausar así el conflicto por las vías del diálogo y el entendimiento.
En la última sesión del juicio contra 12 de los 23 líderes independentistas que diseñaron e impulsaron la declaración unilateral fallida del 27 de octubre de 2017 y el referendo de autodeterminación del 1 de octubre de ese mismo sirvió para escuchar tanto los alegatos finales de las defensas como la “última palabra” de los acusados antes de que los siete magistrados que integran la Sala se retiren a deliberar.
Los plazos para la redacción de la sentencia se estima que se cumplirán en el próximo otoño, en septiembre u octubre, con la intención de que sea antes de que se cumplan los dos años de la prisión provisional, que se cumplirán el próximo 2 de noviembre. La legislación española establece como periodo máximo para un régimen de prisión cautelar precisamente los dos años.
Los imputados son algunos de los dirigentes separatistas catalanes, no todos, una vez que tanto el ex presidente catalán Carles Puigdemont como nueve más de sus ex consejeros decidieron refugiarse en otros países europeos ante el temor a ser sometidos por la justicia española a un juicio “político” y “sin garantías”. Entre los que sí se presentaron en los juzgados de la Audiencia Nacional el 2 de noviembre de 2017 -sólo una semana después de la declaración unilateral fallida- fueron el ex vicepresidente y máximo dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, así como la ex presidenta del Parlamento Carme Forcadell, los ex consejeros Jordi Turull, Joaquin Forn, Raúl Römeva, Josep Rull, Dolors Basa, Santi Vila, Carles Mundo, Meritxell Borras y los ex presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Todos ellos están acusados tanto por la Fiscalía General del Estado como por la Abogacía del Estado y la acusación popular -integrado por el partido de extrema derecha Vox- de los delitos de rebelión, malversación de caudales públicos, sedición y desobediencia. Al que más delitos se le imputan es al ex vicepresidente Junqueras, a quien le podrían llegar a condenar a hasta 25 años de cárcel.
En el alegado final de las defensas, los abogados de los imputados reconocieron que en todo caso sus defendidos habrían incurrido en un delito de “desobediencia” -que no contempla penas de prisión-, al reconocer que sus defendidos no acataron de forma sistemática y reiterada los autos y prohibiciones del Tribunal Constitucional español para no realizar ni el referendo de autodeterminación ni la aprobación de las leyes de lo que se suponía iba a ser la nueva República catalana ni, por supuesto, la aprobación de la declaración unilateral de independencia, que se celebró en el Parlamento catalán, aunque no fue votada y se hizo con el hemiciclo semivacío.
La Fiscalía y la acusación popular concluyó, al final del juicio, que lo que se había perpetrado en Cataluña esos días había sido un “golpe de Estado” con el “uso de la violencia”. Mientras que la abogacía del Estado sólo encontró indicios de un delito de “sedición”.
En todo caso serán los jueces de la Sala, presidida por el prestigioso magistrado Carlos Marchena, quienes tendrán que deliberar y dar a conocer sus conclusiones en unos meses.
En su derecho a la “última palabra”, Junqueras insistió en que “lo mejor para todos sería volver a la política, la buena política, de donde nunca debió de haber salido. La voluntad de diálogo, con respeto a los derechos humanos, jamás debería ser un delito”.
Römeva, que fungía como consejero de Asuntos Exteriores y que en el pasado fue eurodiputado por el Partido Verde, apuntó que “un referendo, incluso siendo ilegal y con el Código Penal en la mano, jamás puede ser considerado un delito”. Y añadió que “hoy en este banquillo no estamos sentadas 12 personas, estamos sentadas más de dos millones”, que fueron los que acudieron a votar el día de la consulta popular.
La controvertida “violencia”
“Se me acusa por mis ideas y no por mis hechos”, lanzó Junqueras en febrero al fustigar un juicio “político” contra un separatismo “pacífico”.
Un alegato político permitido por el magistrado Manuel Marchena, quien ha presidido el proceso equilibrando firmeza con flexibilidad a sabiendas de que los acusados recurrirán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La fiscalía ha calificado los hechos de 2017, que incluyeron el 1 de octubre un referéndum de autodeterminación ilegal y el 27 la declaración del Parlamento catalán de una república que nunca se concretó, de “golpe de Estado” en medio de un “clima insurreccional”.
A su juicio, hubo violencia, esta última una cuestión determinante ya que es indispensable para sustentar el delito de rebelión.
La noción de la violencia, muy controvertida incluso entre expertos, es negada tajantemente por las defensas, que afirman que en el peor de los casos hubo desobediencia, un delito que conlleva inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero no prisión.
La acusación parte “de un relato de hechos que no se ajusta a la realidad de lo acontecido”, abundó este miércoles Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, uno de los acusados.
“Ése es el discurso de la acusación: sesgo y exageración”, denunció un día antes Andreu Van den Eynde, abogado de Junqueras, criticando la violencia policial que marcó el referéndum de autodeterminación, imágenes que dieron la vuelta al mundo.
Posiciones antagónicas reforzadas
Los puntos de vista antagónicos reflejan la pugnaz realidad fuera del Tribunal Supremo: a más de año y medio de la tentativa independentista, el separatismo sigue dividiendo a la población catalana y remeciendo la política española.
El proceso “ha servido a la parte más dura del independentismo para mantener viva la llama” de un movimiento que se había quedado “un poco sin horizonte”, y la sentencia le brindará “un elemento al cual agarrarse para intentar de nuevo movilizar a su bloque”, señaló a la Afp Oriol Bartomeus, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona.
El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, quien inició el martes negociaciones para formar gobierno, busca evitar un nuevo apoyo de los separatistas catalanes, que desde el inicio del juicio le hicieron la vida imposible. Tanto así que precipitaron las legislativas anticipadas de abril al rechazar los presupuestos del Estado.
En esos comicios fueron electos cinco de los acusados en el juicio, pero fueron suspendidos después. Uno de ellos, Junqueras, consiguió en mayo un escaño para el Parlamento Europeo que pretende conservar.
En todo caso, “pensar que en este momento el gobierno español y el catalán se puedan sentar a dialogar es algo bastante hipotético”, con los independentistas insistiendo en una consulta de independencia y un gobierno español negado a ello, señaló el analista político Josep Ramoneda.
Fuente: AFP
