Juez resuelve que compete a Chihuahua juzgar desvíos de Duarte al PRI

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Un juez de Chihuahua resolvió que la competencia del caso de Alejandro La Coneja Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, y de los exfuncionarios duartistas Antonio Tarín y Gerardo Villegas, es del fuero común y no federal.

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El juez Alejandro Legarda negó la petición de Gerardo Moreno García, juez de control, de que los tres deben ser juzgados en el ámbito federal por la triangulación de 250 millones de pesos al PRI durante el gobierno de César Duarte.

El Ministerio Público pidió que la investigación permanezca en el fuero común con el argumento de que los delitos señalados dañaron el erario estatal y porque el ilícito se cometió en Chihuahua.

Previamente, la defensa de Gutiérrez, el operador de Manlio Fabio Beltrones, alegó ante la PGR que La Coneja había sido torturado por las autoridades de Chihuahua para que implicara al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y al propio Beltrones, pero la aplicación del Ptrocolo de Estabul demostró que tal cosa no ocurrió.

Tras la Caravana por la Dignidad protagonizada por el gobernador Javier Corral se suscribieron acuerdos con la Secretaría de Gobernación, entre ellos el traslado de La Coneja Gutiérrez a un penal federal de Ciudad Juárez, pero se pospuso luego de que la PGR intentó atraer el caso y llevárselo a la Ciudad de México, lo que por el momento ha quedado en suspenso con la resolució de competencia local emitida por un juez de Chihuahua.

A los imputados se les acusa del desvío de 250 millones de pesos de recursos públicos estatales, que fueron destinados a finales de 2015 y en el año 2016 para financiar campañas políticas del PRI a nivel nacional.

En la sala uno del Centro de Justicia, se realizó la audiencia de competencias, en donde el agente del Ministerio Público solicitó al juez Legarda Carreón continuar en el ámbito del fuero común con la competencia de la causa.

Lo anterior luego de que el juez federal, Gerardo Moreno García, con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, se pronunció en el sentido de que Alejandro Gutiérrez, Antonio Enrique Tarín y Gerardo Villegas debían ser juzgados en el ámbito federal.

Según el Ministerio Público, la causa penal debía permanecer en el ámbito local, toda vez que expuso, los delitos expuestos, significaron una afectación al erario del estado de Chihuahua, pese a que su procedencia eran federales del Ramo 23 .

Asimismo señaló que el hecho delictivo fue cometido en el estado de Chihuahua, debido a que los recursos fueron depositados en la cuenta número 4058556945 del banco HSBC perteneciente a la Secretaría de Hacienda estatal.

En contraparte, los abogados defensores de los tres imputados señalaron que los recursos provenientes del Ramo 23 están bajo tutela del Gobierno federal y que incluso, la Ley de Contabilidad Gubernamental establece que las entidades federativas con las que se celebran convenios, deben presentar avances e informes sobre la aplicación de los mismos.

Finalmente el juez Legarda Carreón señaló que como primer punto, diversos jueces de control, entre ellos Eduardo Alexis Ornelas, dictaron auto de vinculación a proceso por el delito de peculado agravado, en contra de los tres imputados, lo cual implica que afectaron los recursos públicos estatales.

Agregó Legarda que hubo una basta aportación de antecedentes y pruebas, donde esos recursos (los 250 millones de pesos) fueron depositados a una cuenta del Gobierno del Estado del banco HSBC, de donde se utilizaron algunas partidas para pagar la nómina del magisterio.

Citó además que los amparos que promovieron Tarín García  (954/2017) y Villegas Madriles (685/2017) ante el juez Primero de Distrito en contra del auto de vinculación a proceso les fue rechazado, lo cual demuestra que los jueces de Distrito consideraron que es un asunto de competencia estatal.

El juez federal Gerardo Moreno en la ciudad de México aceptó la competencia por inhibitoria, aquí hay un conflicto competencial.

“Todo lo actuado envíese al Tribunal Colegiado de Distrito en materia penal con sede en Chihuahua quien deberá dirimirlo”, señaló Legarda Carreón.

(Con información de Reforma y El Diario)

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