La solicitud de alerta migratoria emitida por el Instituto Nacional de Migración (INM) en contra del dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, sigue vigente, luego de que un juez federal rechazó suspenderla.
El Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal le negó la suspensión definitiva al legislador contra la solicitud de alerta migratoria.
La semana pasada, la juez Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal, admitió trámite la demanda de garantías que interpuso el también diputado federal del PRI desde el 5 de agosto.
La alerta migratoria del INM se debe a que la Fiscalía General de Justicia del estado de Campeche comenzará una serie de investigaciones en contra de Alito por su supuesta participación en delitos como enriquecimiento ilícito.
Moreno Cárdenas promovió el juicio de amparo hace tres meses ante el juzgado octavo de distrito en materia administrativa, contra la solicitud de alerta migratoria que emitió en su contra. Sin embargo, se declaró incompetente.
En julio pasado, Moreno Cárdenas denunció que a su llegada a la Ciudad de México, procedente de Ginebra y Bruselas, donde se reunió con integrantes del Parlamento Europeo, las autoridades migratorias lo retuvieron más de una hora arbitrariamente.
Incluso en sus redes sociales, el dirigente priísta informó que le hicieron llenar y firmar documentación no oficial y le señalaron que había una alerta migratoria. “Estoy llegado procedente de Francia, en un vuelo aquí a la Ciudad de México, y me informan las autoridades migratorias, después de tenerme varios minutos en esa oficina ahí, llenado documentos y diciéndome que tengo que firmar documentos, que tengo una alerta migratoria. No tengo razón de qué. Estoy aquí en la Ciudad de México. A ver qué otra violación a la ley”, expresó en su momento en un video.
Ese mismo día, en respuesta a la denuncia, el Instituto Nacional de Migración sostuvo que la revisión migratoria se dio en cumplimiento a una solicitud de autoridades del estado de Campeche.
Fuente: La Jornada