Por Stella Calloni
A dos años de haber cerrado la causa por la desaparición y muerte del artesano Santiago Maldonado la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó la reapertura del expediente y dejó sin efecto el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú, defendido en todo momento por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, mientras el gobierno del presidente Mauricio Macri ejerció toda clase de presión sobre los jueces que estuvieron a cargo de la investigación y se demostró espionaje en contra de la familia Maldonado y sus abogados.
Maldonado desapareció en el marco de una dura represión de la gendarmería el 1° de agosto de 2017, contra un pequeño grupo de mapuches, que defendían el territorio recuperado de la comunidad de Cushamen en Chubut y pedían la libertad de su lonko (jefe) Facundo Jones Huala detenido ilegalmente. El cuerpo de Maldonado fue encontrado casi tres meses después en el río de Chubut hasta donde los persiguieron a tiros los gendarmes, en un lugar que había sido rastrillado por todas las fuerzas de seguridad y prefectura.
Se investigará a la gendarmería, después de la lucha de sus familiares y especialmente su hermano Sergio Maldonado, apoyado por todos los organismos de derechos humanos.
Esta decisión se tomó en momentos en que visitan Argentina funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) ante la cual recurrió la familia y los abogados que han seguido el caso desde el primer momento.
Muchas pruebas fueron dejadas de lado por la investigación judicial e incluso la familia de Maldonado demostró que había sido sometida a espionaje, y también el caso terminó ligado con la llamada Operación Huracán , montada por los carabineros chilenos en septiembre de 2017, y que se descubrió en enero de este año, al descubrir pruebas falsas contra la comunidad mapuche en Chile, que ha sido víctima de represión, muerte y persecución.
En el caso de Maldonado se descubrieron comunicaciones de altos jefes de Carabineros, imputados en esa causa con la gendarmería argentina, en los tiempos en que el joven artesano permanecía desaparecido. La Cámara Federal ordenó investigar a la gendarmería. y los medios oficialistas listas como Clarín, La Nación y otros , así como el ministerio de Seguridad, que colaboraron en desinformar sobre Maldonado, tratan de minimizar el alcance de esta orden judicial sosteniendo que no se reabre esta causa por desaparición forzada, sino por abandono de persona, ya sea de Gendarmería o de la comunidad mapuche”. Increíblemente después de todo lo conocido en estos dos años, intentan acusar otra vez a la comunidad mapuche, lo que es rechazado por todos los organismos humanitarios.
La familia de Maldonado presentó un recurso de apelación el pasado 29 de enero cuando el juez Gustavo Lleral , se apresuró a cerrar la causa por la “desaparición y muerte” del joven artesano. La familia y los abogados advierten que Maldonado “no se ahogó sólo” y se aduce que su cuerpo fue plantado en el lugar donde lo encontraron, ya que el río tiene muy poca agua y había rastrillado por prefectura, justamente en el lugar adonde fue perseguido por varios gendarmes.
“Nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos”, sostuvo la cámara en su fallo. Y determinó que corresponde que se amplíe la investigación a efectos de verificar o descartar la existencia de alguna otra hipótesis delictiva.
Así, atendiendo también a las particularidades de corte jurídico internacional y a la existencia de un cauce de investigación que no se encuentra agotado, corresponde profundizar la misma a efectos de reconstruir con la mayor exactitud y prontitud las circunstancias que rodearon al suceso”, sostienen los jueces actuantes. Existen videos de aquella brutal represión de la gendarmería que recibió una orden para actuar de esta manera, cuando se encontraba en el lugar un funcionario del Minsiterio de Seguridad de la nación.
Los querellantes celebraron la apertura de este caso, a 40 años de la histórica visita de la CIDH, porque “nos permite avanzar en pruebas no realizadas como la reconstrucción del hecho, hay un montón de vacíos que no fueron explicados en la sentencia del juez Lleral y que nos permite insistir en investigar qué le pasó a Santiago”, dijo a Página 12 el abogado Mauricio Rojas.
Fuente: La Jornada
