Luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) anunció en junio pasado la reapertura del caso de la guardería ABC, donde 49 niños perdieron la vida, un juez federal revocó la exoneración a favor de Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam, Eduardo Bours Castelo y Ernesto Vargas Gaytán.
En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Molinar Horcasitas –a quien hace más de tres años la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deslindó de toda responsabilidad por la tragedia–, señaló que la PGR deberá revisar nuevamente todas las evidencias del caso, y aseguró que él aportará la información que se le requiera.
El mensaje coincide con la versión del portal de internet Dossier Político, que consigna que junto con Daniel Karam (también exdirector del IMSS); Eduardo Bours, exgobernador de Sonora, y el exsecretario de Hacienda de la entidad, Ernesto Vargas Gaytán, Molinar Horcasitas podría enfrentar cargos por la muerte de 25 niñas y 24 niños en la guardería ABC, debido a que “para acreditar los elementos de tipo penal y la probable responsabilidad” de los funcionarios, no se tomaron en cuenta distintos elementos.
Entre ellos, según el portal, destaca la declaración preparatoria rendida por el exdelegado federal del IMSS en Sonora, Arturo César Leyva Lizárraga, quien señaló que la renovación del contrato de subrogación de la guardería ABC habría ocurrido como consecuencia de una “instrucción directa” de Molinar Horcasitas.
El pasado 5 de junio, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Renato Sales Heredia, dijo que se estaban revisando los dictámenes sobre el incendio en la guardería y se volvería a investigar lo ya investigado.
“La instrucción del señor procurador es investigar la investigación, rehacer la investigación, ir de principio a fin”.
En aquella ocasión, la dependencia solicitó al gobierno de Sonora que detallara qué documentos había en la bodega que estaba a un lado de la guardería ABC de Hermosillo, donde un incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 provocó la muerte de 49 niños e hirió a otros 70.
Sales Heredia dijo que se había girado la solicitud, puesto que una hipótesis —apoyada por una denuncia de los padres de familia— señalaba que funcionarios cercanos al exgobernador priista Eduardo Bours Castelo provocaron el fuego para destruir documentación relacionada con la deuda de 10 mil millones de pesos del programa Plan Sonora Proyecta.
Esos recursos están “relacionados con infraestructura carretera y otros temas. Lo que se plantea aquí es que el incendio es doloso, provocado para eliminar esta documentación, pruebas de un presunto fraude”, puntualizó.
Carlos Villalobos Organista, secretario de Hacienda estatal, confirmó que su dependencia recibió la solicitud para conocer el tipo de archivos que se quemaron. No obstante, “nos meten en un problema muy serio porque no hay evidencia de qué clase de documentos hayan estado archivados ahí”, dijo entonces.
El funcionario estatal indicó que el gobierno sonorense rentaba un centenar de bodegas en el que eran archivados documentos de diferentes dependencias.
Ese día, Sales Heredia también anunció que el 5 de julio la PGR definiría el origen —y la presunta intencionalidad— del siniestro.
Paralelamente, apuntó, se realizará “una investigación de la investigación” del caso. La indagatoria ha sido fuertemente criticada, ya que a cuatro años del siniestro no se ha concluido ni ha implicado despidos o sanciones a funcionarios de primer nivel”.
Añadió:
“(La investigación) nunca se ha cerrado, están en proceso 22 personas por delitos diversos (…), pero las averiguaciones, hasta que no se ejecuten, pueden mantenerse vivas. El punto es que el 23 de abril de 2013, el licenciado Gabriel Alvarado Serrano, representante de Manos Unidas por Nuestros Niños presenta (una denuncia), se inicia una averiguación previa, una acusación relacionada con una línea de investigación vinculada con la posibilidad de que el incendio fuera provocado para eliminar la documentación”.
Insistió:
“Hay que indagar precisamente en relación con esta afirmación, ver si contamos con el material suficiente para probar que el incendio fue doloso y revisar todo el material que existe en la indagatoria. Hay un dictamen pericial, por ejemplo, en materia de incendios y explosivos que señala que éste fue provocado, que se provocó directamente con algún encendedor o con algún cerillo a partir de la presencia de turbosina”.
Posteriormente, el pasado 15 de julio, la PGR informó en un comunicado que se habían practicado más de 50 nuevas diligencias en el caso de la guardería ABC y se había retomado para su investigación el homicidio de quien fuera chofer de Juan Carlos Lam, exfuncionario del gobierno de Eduardo Bours.
Fuente: Apro
