La Procuraduría General de Justicia de esta ciudad deberá citar a declarar a 39 vecinos del periodista Joaquín López Dóriga, como parte de la denuncia por presunta extorsión que interpuso contra su esposa Adriana Pérez Romo, la empresaria María Asunción Aramburuzabala.
Así lo establece la resolución del Juez Segundo de Distrito en Amparo Penal, José Díaz de León Cruz, quien otorgó un amparo a la empresa Abilia, propiedad de Aramburuzabala, cuya consecuencia es que sean llamados a declarar los condóminos del edificio Rubén Darío 223, incluido López Dóriga, informó el diario Reforma.
La inmobiliaria Abilia, interpuso una denuncia penal en agosto de 2015 contra Pérez Romo por intento de extorsión por cinco millones de dólares en el proceso de construcción de un inmueble en Rubén Darío 225, en la exclusiva zona de Polanco.
“Lo procedente es conceder a la quejosa el amparo y la protección de la justicia para el efecto de que (la PGJ capitalina) ordene citar a los testigos que se mencionaron”, dice la sentencia del juez en el amparo 172/2016 del pasado 29 de junio.
La resolución de Díaz de León establece que la Procuraduría debe cumplir con la emisión de los citatorios a los condóminos pese a que la dependencia a cargo de Rodolfo Ríos Garza notificó el pasado 8 de julio el no ejercicio de la acción penal.
Mediante un escrito manifestó que esta última sentencia de amparo sólo debía cumplirla cuando causara estado, es decir, cuando la confirmara un tribunal colegiado.
PGJ niega “carpetazo”
El miércoles pasado se informó que la PGJ capitalina archivó el expediente de investigación contra la esposa de López-Dóriga, pese a que una disposición judicial le impedía proponer un “carpetazo” y consumarlo.
Al respecto, la PGJ capitalina consideró que el fallo en el que se le atribuye desacatar una suspensión por archivar la denuncia de Abilia fue “incorrecto” y “equivocado”.
El subprocurador Jurídico de la Procuraduría, Jorge Mirón Reyes, dijo a Reforma que la dependencia no violó esa suspensión definitiva y que ya recurrieron a un tribunal colegiado para revertir el resolutivo.
“Creemos que el análisis hecho por el juzgador fue incorrecto, al considerar que una propuesta de no ejercicio es equivalente a una determinación final, lo cual no es así. Porque la violación hubiese incurrido si hubiésemos determinado la averiguación en ese momento y no lo hicimos.
“Por eso creemos que hay una apreciación equivocada y la Procuraduría quiere mostrar que evidentemente no incurrió en ninguna violación a la suspensión”, señaló Mirón.
La PGJ capitalina, dijo, presentó una queja ante el Octavo Tribunal Colegiado Penal con dos argumentos que pretenden revertir el fallo del juez y demostrar que es legal haber archivado la indagatoria contra la esposa de Joaquín López Dóriga.
Además Mirón aseguró que aun si el Colegiado confirma que la procuraduría violó la suspensión, esa determinación no tendrá ninguna consecuencia ni habrá responsabilidad administrativa o penal sobre algún MP, porque así se estableció desde la primera instancia.
Y afirmó que si impugnó el fallo fue sólo para dejar constancia de que la PGJ “no violenta ninguna decisión judicial”.
En tanto, la defensa Aramburuzabala presentó un recurso de inconformidad ante la Procuraduría capitalina contra la decisión de archivar la denuncia contra Adriana Pérez Romo y con el propósito de que la dependencia reconsidere el no ejercicio de la acción penal, dictado en la averiguación previa FMH/MH-5/T3/517/15-08.
Fuente: Proceso
