La justicia federal ordenó al gobierno de la Ciudad de México retirar el bloqueo en la avenida Bucareli, a la altura de la Secretaría de Gobernación (Segob), sin afectar el derecho a la libre manifestación y con “absoluto respeto” a la vida e integridad de los manifestantes.
El Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México otorgó un amparo al sacerdote jesuita de origen holandés John Andrew Auping Birch, vecino de la zona, para que la Secretaría de Seguridad Pública de la capital retire el bloqueo impuesto desde hace cinco meses.
El gobierno de la Ciudad de México decidió cerrar la vialidad ante un plantón de campesinos en marzo pasado y lo ha mantenido por la presencia de los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudadela, muy cerca de la Segob.
En su resolución, sin precedente inmediato en la capital del país, el juez ordenó a la Secretaría “respeto absoluto a la vida e integridad de los manifestantes, así como su derecho a expresarse libremente”.
En declaraciones a Apro, el sacerdote radicado en México desde 1977 e inmigrado desde hace 27 años, aclaró que su amparo no fue dirigido contra los manifestantes, sino contra la decisión de las autoridades de colocar vallas para cerrar la vialidad.
“Los manifestantes tienen el derecho humano a manifestarse, pero también los ciudadanos el derecho del libre tránsito”, por lo que la autoridad no puede cerrar la calle sin considerar las consecuencias. Hay muchos negocios que han tenido pérdidas millonarias”, añadió.
En su solicitud de amparo Auping Birch, que acreditó ser vecino de la zona, reclamó la omisión del jefe de Gobierno y de sus secretarios de Movilidad y de Seguridad Pública de aplicar la Ley de Movilidad en la capital del país, respecto a la obligación de asegurar a sus habitantes el uso de las vialidades, en particular en el tramo que va de la calle Morelos a la Secretaría de Gobernación.
En su resolución, el juez estableció que ante el conflicto entre el derecho a la manifestación pública y el derecho a la libre circulación el gobierno de Miguel Ángel Mancera no tomó las medidas más adecuadas para hacer compatibles ambos derechos, debido a que su decisión de cerrar la vialidad fue desproporcionada.
La medida “generó una obstrucción significativa a la circulación de vehículos, pues se trata del cierre definido de una vía primaria, cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular, además de la fuerte incidencia en la productividad de la zona y la afectación que representa al derecho humano a un medio ambiente sano”, señaló el juez.
También aclaró que la obligación de garantizar el derecho a la manifestación pública no significa que se deba proteger el bloqueo deliberado de las vías de circulación, lo que afectaría los derechos de la colectividad.
Fuente: Apro
