El Juzgado Primero de Distrito dejó la vía libre para la bursatilización de remanentes de ingresos carreteros por 6 mil millones de pesos, al negar ayer la suspensión definitiva en las demandas de amparo promovidas para frenar la contratación de más deuda pública por el Gobierno del Estado de Chihuahua, reporta El Diario.
El fallo “fue por temas de forma, no de fondo: el juez consideró que no está demostrado nuestro interés legítimo y que, en caso de otorgarse la suspensión, como hay recursos considerados para nómina, se pondría en jaque a los empleados”, dijo Jesús Manuel Soledad, abogado demandante.
La resolución no desecha las demandas de amparo interpuestas, pero permitirá al Gobierno estatal continuar con el trámite de contratación de créditos, procedimiento que se había detenido con el otorgamiento de la suspensión provisional el 1 de agosto.
El juicio de amparo continuará con la siguiente etapa del proceso, es decir, la realización de la audiencia constitucional programada para el 5 de septiembre, a partir de la cual el juez analizará el fondo de la demanda y desahogará las pruebas presentadas, explicó el abogado.
“Según el Consejo de la Judicatura Federal, el promedio para que se resuelva un juicio de amparo es de seis meses aunque puede tardar más”, indicó.
La determinación de ayer favorece a la administración estatal porque, debido a los tiempos del juicio, ya no se podrá frenar la contratación del crédito en la gestión del gobernador César Duarte Jáquez como era el propósito, señaló.
El Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, A.C. (DILE), brazo jurídico de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, con sede en la Ciudad de México, promovió dos juicios bajo la figura de “interés legítimo” para demandar la protección de la justicia federal contra actos del Congreso y del Gobierno del Estado.
El pasado 1 de agosto, al admitir las demandas, el juez federal Juan Antonio Trejo Espinoza concedió una suspensión provisional en contra del decreto del Congreso local mediante el cual “se autoriza al Ejecutivo del Estado, para llevar a cabo la monetización de los recursos, presentes y futuros, que le correspondan y que tenga derecho a recibir la empresa de participación estatal mayoritaria Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V.”
Sin embargo, ayer lunes emitió los fallos que corresponden a los expedientes 1078/2016 y 1078/2016, en los cuales notifica que “se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas”.
Según los demandantes, el aval del Congreso a la contratación de nuevos créditos es inconstitucional, porque la fracción octava del artículo 117 de la Constitución prohíbe a estados y municipios contratar deuda en los últimos tres meses de gobierno.
No obstante, el juez optó por no conceder la suspensión definitiva (que implicaba impedir que el Gobierno del Estado continuara con la contratación de nuevos créditos) mientras determina si otorga o no el amparo federal.
El abogado de DILE expresó que respetan la decisión del juez y que analizarán la resolución. No obstante, “analizaremos la presentación de un recurso en contra del fallo”, dijo.
Agregó que son conscientes de que, por las particularidades y tiempos de un juicio de amparo y que a la actual administración estatal le quedan menos de dos meses de gestión, se perderá la intención de evitar que las autoridades actuales contraten más deuda pública.
Fuente: El Diario/ José Pérez-Espino
