Un juez de distrito negó el amparo a Carlos Treviño Medina, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), con el que buscaba ordenar a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar los supuestos actos de tortura en contra de Emilio Lozoya Austin.
En julio de 2022, Treviño Medina, señalado por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, acusó al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, junto con el subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales, Juan Ramos López, de torturar a Lozoya Austin, para involucrarlo en el Caso Odebrecht.
De acuerdo con el expediente, el quejoso denunció que Lozoya Austin fue presionado, amenazado y torturado psicológicamente, “mediante coacciones, presiones, condicionamientos y recompensas frágiles –acogerse a un criterio de oportunidad–, y ya con su voluntad vencida, firmó denuncia de hechos falsos” que dio lugar a la carpeta de investigación en su contra, así como obligado a recovar a sus defensores y desistirse de juicios de amparo promovidos en su favor.
No obstante, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la FGR, a cargo de Irene Herrerías, determinó que las referencias del denunciante no son aptas para establecer que ha ocurrido un hecho relevante para el derecho penal, en razón que sus manifestaciones no precisan circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, esto es, no refiere el cómo se dieron las amenazas y/o presiones, así como la supuesta negociación entre el Fiscal General de la República y Lozoya Austin para acordar un criterio de oportunidad a cambio de declaraciones falsas, por lo que carecen de eficacia para iniciar una investigación.
Desde noviembre de 2021, con base en las declaraciones de Lozoya, la FGR obtuvo de un juez de distrito, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, una orden de aprehensión contra Treviño Medina, que permitió girar una ficha roja de Interpol, para su localización y captura en los 190 países que pertenecen a esta organización internacional.
Las autoridades lo acusan por haber recibido cuatro millones de pesos para que se aprobara un contrato multianual con la empresa Braskem, una filial de Odebrecht, y con ello se transformaría etanol en productos de polietileno, obteniendo la compañía brasileña un precio menor al 25 por ciento del precio del mercado internacional, en el insumo principal para la operación de la planta que se localiza en Nanchital, Veracruz.
