Prácticamente tres meses después de las elecciones en el Estado de México, un juez autorizó finalmente ayer a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) a acceder a los datos de los dueños de las líneas telefónicas desde las cuales se realizaron llamadas amenazantes a ciudadanos mexiquenses la noche previa a la votación.
Santiago Nieto, titular de la FEPADE, calificó este avance como un “triunfo judicial”, pues permitirá a la dependencia continuar la investigación sobre estos actos de intimidación y determinar con qué recursos no declarados fueron realizadas estas llamadas.
Esta fue solo una de las prácticas empleadas para inducir el voto el día de la elección que ganó el priista Alfredo Del Mazo Maza, hijo y nieto de gobernadores de la entidad, primo del presidente y exgobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, e integrante del llamado Grupo Atlacomulco.
Durante la presentación de un informe elaborado por la organización Incide Social, Nieto subrayó que la institución a su cargo enfrentó distintos retos en las investigaciones sobre los delitos electorales perpetrados en el Estado de México.
Entre ellos, obtuvo “negativas sistemáticas” de funcionarios en entregar información, bajo el argumento de que las elecciones eran locales, mientras otros servidores públicos interpusieron amparos para frenar las indagaciones en su contra. “Es raro que servidores públicos se amparen contra actos administrativos”, señaló.
Por ello, de las 306 carpetas de investigación abiertas en torno a los comicios de la entidad mexiquense -26 de las cuales involucran a funcionarios que amenazaron con suspender el otorgamiento de programas sociales-, apenas 36 derivaron en acciones penales.
La FEPADE abrió dos líneas de investigación sobre el reparto masivo de tarjetas -la Verde, la Roja y la Rosa- por parte del PRI. La primera abarca la entrega de dinero en efectivo y la segunda tiene que ver con el acto ilegal de entregar material con la promesa de recibir dinero posteriormente.
En el informe, Incide Social documentó que el gobierno mexiquense de Eruviel Ávila Villegas violó impunemente las leyes electorales al continuar, por decreto, 66 programas sociales durante el proceso electoral.
La legislación mexiquense permite a los gobiernos que mantengan los programas sociales durante la veda electoral sólo cuando se trata de servicios educativos y de salud.
Sin embargo, 40 de los 66 programas sociales que Ávila Villegas mantuvo a partir del 31 de marzo no tenían nada que ver con esos dos rubros, algunos de ellos incluso implicaban la entrega de materiales y alimentos.
Uso discrecional
De manera más general, el informe de la organización retrata un panorama demoledor sobre el uso discrecional de los programas sociales en el Estado de México: señala que la entidad no tiene leyes para blindar o fiscalizar sus programas, que el gobierno estatal no transparenta las reglas de operación del otorgamiento de subsidios, ni fomenta la educación cívica, tanto de los servidores públicos como de los beneficiarios.
Por si fuera poco, desde 1999 la entidad no tiene ley presupuestaria, por lo que el gobierno estatal puede destinar fondos a los programas sociales de manera opaca y arbitraria y fuera de toda fiscalización.
Pamela de San Martín, consejera en el Instituto Nacional Electoral (INE), subrayó que anteriormente, las autoridades electorales concentraban sus esfuerzos en cuidar las casillas el día del voto, “pero ahora el problema ni de cerca empieza en las casillas, sino desde el principio del proceso electoral”, insistió.
En año electoral, añadió, los políticos multiplican los eventos de entrega masiva de becas, computadoras laptop, tablets o televisoras y gastan millonarios recursos en propaganda para dar visibilidad a sus informes de labores.
Fue para contrarrestar este uso discrecional de los recursos públicos que el INE aprobó las medidas de “cancha pareja”, aseveró la consejera. Apegadas a la Constitución, éstas prohíben a los gobiernos hacer un uso político de la propaganda oficial, planteó.
Y recordó que esta decisión, “un paso adelante” en la sanación de la vida democrática mexicana, atrajo más de 300 impugnaciones de senadores, diputados, gobernadores y presidentes municipales, así como de la propia oficina de la Presidencia de la República.
“Nos muestra cómo la clase política mira el servicio público y los recursos públicos”, deploró la consejera.
Clara Jusidman, fundadora y presidenta honoraria de la organización, insistió en que el uso clientelar de los programas sociales y recursos públicos se asientan sobre la “espectacular desigualdad social” que impera en el país.
Feminización de delitos electorales
Nieto reconoció que “la parte del blindaje electoral es insuficiente”, y subrayó que lo importante es “la política pública que permita controlar el uso discrecional de los programas públicos”.
El abogado indicó que durante el proceso electoral más reciente surgió un nuevo padrón en la compra de voto: la feminización de los delitos electorales. Explicó que la Fepade tiene abiertos más de 145 casos en los que vocales del programa Prospera –generalmente mujeres que no son funcionarias públicas– amenazaron a beneficiarias del programa para captar votos.
Y deploró: “la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el Estado de México tiene más funcionarios que la Fepade en todo el país”.
Bernardo Barranco, consejero de la junta local del INE en el Estado de México, se mostró más virulento que los demás participantes a la mesa de debate: sostuvo que el proceso electoral que llevó Del Mazo a la gubernatura “ha sido de las más sucias desde la de Arturo Montiel”.
Aseveró que, durante los meses previos a la elección, “se conjugaron aspectos arcaicos en la compra de votos con métodos novedosos”, todos los cuales tuvieron el mismo telón de fondo: la pobreza que arrasa en la entidad más poblada del país, donde siete de cada 10 habitantes padecen por lo menos de una carencia social.
Muestra de lo anterior fueron los 680 eventos masivos con tintes electoralistas protagonizados por altos funcionarios en la entidad a principios del año. En 90 de ellos participaron miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto, así como Angélica Rivera, la esposa del mandatario.
Barranco sostuvo que, en los municipios más pobres del Estado de México, los niveles de participación fueron particularmente altos –hasta alcanzar 70%– y en los mismos municipios los votos arrasaron a favor de Del Mazo.
Recordó además que, el día de la elección, nueve mil funcionarios de casilla eran a la vez beneficiarios de programas sociales y que seis mil de ellos participaron a la jornada ciudadana como parte de la alianza de partidos que apoyó a Del Mazo.
Bernardo Barranco deploró que los consejeros electorales tienden a banalizar la compra de votos. Tomó un ejemplo: en 2011 se viralizó un video en el que aparecía el entonces presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Bernardo García Cisneros.
En el material, se podía ver cómo éste explicaba a militantes priistas del municipio mexiquense de Chalco el esquema diseñado por el PRI para comprar votos en la entidad a favor del candidato Eruviel Ávila Villegas.
Este video, subrayó, “fue desechado como evidencia”, el caso permaneció impune y Eruviel ganó las elecciones.
Fuente: Proceso
