Integrantes de la Organización de Jubilados y Pensionados de la UNAM (OJUPE-UNAM) exigieron al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, “sacar las manos” de los fondos de pensiones de los cuales, acusaron, se ha utilizado el 50% como gasto corriente para deuda pública.
“Es urgentísimo que el gobierno saque las manos de los fondos de pensiones. Eso que ellos llaman deuda pública en realidad es gasto corriente, no nos vayamos con la finta.
“Los señores están utilizando este dinero para pagar su funcionamiento, su aparato burocrático, lo que es un desvío, un quebranto completamente ilegal”, denunció la OJUPE en un comunicado.
Con datos del tercer informe de 2015 enviado por la CONSAR al Congreso, los demandantes indicaron que la mayoría de los fondos de pensiones administrados por AFORES Y SIEFORES se usaron para comprar deuda pública y no para promover la inversión en actividades productivas.
De los dos billones 469 mil 572 millones de pesos reconocidos como activos netos, precisaron, la SHCP utilizó 50.80% para comprar deuda gubernamental, 17.10% se invirtió en valores internacionales, 6.30% en deuda variable, 5.8% en valores estructurados, sólo 4% en empresas productivas del Estado y 2.20% en Banca de Desarrollo, lo que deja sólo 13.8% para invertir en los diferentes sectores productivos de la industria nacional.
Horacio Zacarías, presidente de la OJUPE; Marco Antonio Torres, coordinador de propaganda y prensa de la organización; y los abogados Humberto Luna y Héctor Larrínaga exigieron al gobierno, a nombre de los jubilados y pensionados, que respete su propia legalidad e invierta esos fondos de pensiones para impulsar el mercado interno, para impulsar el crecimiento de la industria mexicana y convertirlo en capital productivo para impulsar el crecimiento de las empresas nacionales.
Asimismo, propusieron una reestructura de la CONSAR y su consejo para que éste no sea consultivo sino resolutivo y vinculante, y que sean obreros y empresarios quienes decidan en qué instrumentos invertir los fondos de pensiones.
Actualmente, señalaron los inconformes, existe opacidad e irregularidades en las AFORES y SIEFORES que contravienen la actual Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la CONSAR fomenta esas prácticas al no pormenorizar la información que reciben los trabajadores jubilados y en activo a través de sus estados de cuenta. Horacio Zacarías acusó a estas instituciones “garantes” de la seguridad patrimonial de los trabajadores, de ser “títeres” del secretario de Hacienda en turno, otorgando el dinero de los jubilados como “capital de especulación”.
Los demandantes criticaron que aun cuando la ley prevé que los trabajadores puedan demandar en caso de irregularidades en el manejo de sus pensiones, se encuentran “en total indefensión”, pues la información que tienen respecto a sus cuentas individuales es prácticamente nula, lo que imposibilita cualquier argumento contra los sistemas de pensiones.
“El trabajador no es informado por las sociedades de inversión sobre los riesgos, montos y movimientos de sus ahorros, por ello no puede denunciar, ni reclamar el monto del salario ni su integración, ya que dicha información no viene en los Estado de Cuenta y el trabajador no puede saber si los recursos que están entrando a su fondo de pensiones son los que le corresponden”, explicaron.
Por si fuera poco, señalaron, el secretario de Hacienda es quien preside la Junta de Gobierno de la CONSAR y quien designa a los integrantes de la misma, es decir, “son juez y parte”, además el Comité Consultivo y de Vigilancia de la CONSAR, responsable de vigilar las posibles situaciones de conflicto de interés, prácticas monopólicas o fraudes, sólo puede emitir recomendaciones y no son vinculantes. Ante esa situación, la OJUPE exigió a la SHCP que saque las manos de los sistemas de pensiones y apliquen la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, obligando a AFORES y SIEFORES a brindar información completa a los trabajadores, incluidos movimientos en estados de cuenta, historial labora así como reporte de los rendimientos que acumulan bimestralmente.
“Estamos buscando la correcta aplicación del estado de derecho y vamos por la defensa de nuestro patrimonio. Somos millones los trabajadores afectados por estas medidas y continuaremos la lucha por la vía legal para recuperar nuestros ahorros”, concluyó la OJUPE.
