Juan Collado Mocelo, quien enfrenta cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero, fue contratado para representar legalmente al Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) en un pleito legal contra la Universidad del Carmen (Unacar), en Campeche, por la compra fantasma de equipo digital. Sin embargo, el abogado de la élite política mexicana nunca prestó el servicio.
Por Mónica Cerbón/ Proceso
La contratación, por la que Collado recibió distintos pagos por un total de 7 millones 420 mil pesos, depositados a su cuenta personal, tampoco fue justificada.
A tres años de iniciado el gobierno del panista Martín Orozco Sandoval, el IEA emprendió una batalla legal por las irregularidades señaladas. Los contratos se firmaron entre 2014 y 2015, en el sexenio del priista Carlos Lozano de la Torre, un viejo amigo que asiste regularmente a los eventos sociales de la familia Collado.
La demanda penal por peculado, cuya copia tiene Proceso, se presentó en septiembre de 2018 ante la Fiscalía General de Aguascalientes, en contra de Francisco Chávez Rangel, exdirector del IEA, y Enrique Lomas Torres, exdirector jurídico del Instituto, quienes operaron la contratación de Collado.
Entre las razones de la demanda, citadas por el actual equipo jurídico del IEA, destacan la violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y a la entonces Ley Patrimonial local; la inexistencia de dictámenes o evidencias para justificar la contratación del abogado mexicano, y la emisión de pagos por servicios no realizados.
“Derivado del contrato, del expediente de contratación y de los oficios emitidos por la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, se desprende que tanto en el ejercicio 2014 como en el ejercicio 2015 no existió proceso alguno de dictamen que justificara la contratación del licenciado Juan Ramón Collado Mocelo”, resalta la demanda con número de expediente CI/AGS/22662/09-18.
Otro fraude millonario
El asunto inició en 2011, cuando el IEA firmó un convenio con la Unacar para que, a través del programa federal Habilidades Digitales para Todos (HDT), equipara escuelas de educación básica –en su mayoría rurales– con computadoras de escritorio, laptops, pizarrones electrónicos y antenas de internet que permitieran mejorar la preparación tecnológica de los estudiantes.
El presupuesto fue de 399.1 millones de pesos, pero el dinero desapareció cuando fue entregado a tres empresas presuntamente fantasmas: Servicios Integrales en Computación RR, Prof Tech Servicios S.A. de C.V. y Multiservicios Empresariales de Telecomunicación, S.A. de C.V.
El IEA asegura que se cumplió con el 30% del convenio, pero los equipos no llegaron ni al 10% de los planteles. Y las pocas computadoras y antenas recibidas en las escuelas se descompusieron al poco tiempo de ser utilizadas. La forma en que se operó el fraude, por 283.7 millones de pesos, está documentada en una investigación realizada por Newsweek Aguascalientes en octubre de 2017.
Tras lo ocurrido y luego de observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el IEA inició un juicio contra la Unacar contenido en el expediente 0568/2013, que incluyó la contratación de Collado y posteriormente de Martín Paulo Guerra Scott, un abogado de Monterrey, Nuevo León, cercano a Chávez Rangel.
Según información de transparencia, ninguno de los dos litigantes movió un dedo en defensa del Instituto, pero en conjunto recibieron más de una decena de millones de pesos por su representación jurídica.
De acuerdo con los documentos de prueba, ambas contrataciones se realizaron sin licitación de por medio, además de que los servicios de Collado no pasaron por la autorización del Consejo Interior como órgano interno de gobierno en el IEA, encargado de aprobar contrataciones conforme a lo establecido en la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes.
Y el oficio 3340, enviado al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, destaca que en 2014 el Instituto contaba con 18 abogados en su nómina, mientras que, en 2015, 16 personas se ocupaban de los asuntos jurídicos de la dependencia estatal.
Pese a ello, Collado fue contratado bajo el concepto de honorarios; la primera vez el 29 de septiembre de 2014. El documento sin número de identificación se encuentra en la carpeta de investigación abierta en la Fiscalía estatal.
En ese entonces, Enrique Lomas Torres ocupaba el cargo de comisionado temporal en la Dirección Jurídica, sin facultades para realizar contrataciones, por lo que su firma de autorización habría sido ilegal. Su nombramiento oficial ocurrió hasta el 15 de enero de 2015.
Collado fue contratado por segunda vez el 9 de enero de 2015. El documento firmado entre las partes contiene el folio IEA.DJ.CONT 000/2015 y como fecha de conclusión señala el 30 de junio del mismo año.
La única diferencia entre el primero y el segundo contrato es la ley que citaron los funcionarios hoy demandados. Por esas fechas se abrogó la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes y entró en vigor la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Pero en ambos se solicita que el abogado trabaje el tema hasta su total resolución, a cambio de un pago por 6 millones de pesos más impuestos en cada contratación.
El acuerdo fue que Collado brindaría “consultoría, asesoría y representación jurídica al IEA, a efecto de continuar el juicio instaurado en contra de la Universidad del Carmen, así como el juicio instaurado por la empresa Mayoristas de Partes y Servicios S.A. de C.V. en contra de la empresa Inteltech S.A. de C.V., y en el cual el Instituto fue llamado a juicio. (…) por lo que se obliga a llevar los trámites judiciales por todas sus instancias, inclusive juicio de amparo, interponer y continuar los recursos e incidentes que procedan, promover y contestar las liquidaciones, ofrecer y rendir pruebas, realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa del Instituto (…) hasta su total resolución”.
El argumento para justificar la contratación, descrita en el contrato laboral, fue que el Instituto no contaba “con profesionistas especializados en la materia ni en el ámbito cualitativo ni cuantitativo, aunado a la gran ocupación de los mismos en temas inherentes al propio desarrollo de las actividades del Instituto (…), aunado a que dicho Instituto no cuenta con representación legal en la Ciudad de México, Ciudad del Carmen y otros estados de la República”.
Dicho contrato, clasificado como información reservada, señala que la cotización de Collado fue la mejor de tres propuestas, sin que se dejara constancia de esta comparación.
Según las pólizas y fichas de pago en poder de Proceso, en 2014 el abogado recibió tres pagos por un millón 272 mil pesos cada uno, depositados el 28 de agosto, el 29 de septiembre y el 28 de noviembre, y en 2015 se emitieron otros dos pagos, el primero el 22 de enero y el segundo el 19 de junio.
En suma, por su primer contrato Collado recibió 6.3 millones de pesos en pagos más impuestos. Pero incumplió con la cláusula séptima, que incluía “entregar a la Dirección Jurídica del Instituto un informe detallado sobre los servicios brindados, así como todos los documentos, expedientes y antecedentes que con motivo del asunto tenga en su poder”.
Por el segundo contrato recibió un solo pago por un millón 60 mil pesos y quedó pendiente el resto. De acuerdo con Alejandro García Gómez, actual director jurídico del IEA, no existen pruebas documentales para saber qué llevó al Instituto a firmar un tercer contrato idéntico con Collado –del que tampoco existen pruebas de pago– el 1 de julio de 2015, con conclusión hasta el 31 de diciembre del mismo año, registrado con el folio IEA.DJ.CONT 12-B/2015, sin que concluyeran los pagos de la segunda contratación, ni se entregaran informes de la labor realizada.
“Por lo tanto, existe una distracción de recursos públicos llevada a cabo por los servidores públicos obligados en los contratos de referencia, ya que no sólo se celebraron hasta por tres veces los contratos de seguimiento que desde el primero de ellos amparara la total resolución en última instancia, sino que también omitieron requerir el cumplimiento y reintegro de pago de las mismas ante su falta de actuación”, argumenta el IEA en su demanda penal.
En total, el Instituto de Educación de Aguascalientes entregó a Collado 7 millones 420 mil pesos, con impuestos incluidos.
Y aunque en los contratos firmados el Instituto asegura contar con el techo presupuestal necesario para pagarle, el oficio GAA/0625/10/2018, enviado por Juan Gaytán Mascorro, director de Planeación y Evaluación del IEA, explica que en 2014 se autorizó una reclasificación de recursos en la Dirección Jurídica por 5.8 millones de pesos. Y en 2016 fue otorgada suficiencia presupuestal por 6.3 millones.
Tras las millonarias contrataciones de abogados que no realizaron ningún trabajo, el equipo de litigantes del Instituto logró avanzar en el pleito legal contra la Unacar. En 2016 se emitió una sentencia para obligar a la institución académica a regresar los 283.7 millones del fraude en el programa HDT, pero hasta ahora el pago no se ha realizado.
En marzo pasado, el director jurídico del IEA acudió a la Universidad con la intención de embargarla, pero no tuvo éxito. Por ello, interpuso un juicio de amparo para reclamar al Congreso del estado de Campeche y al Poder Ejecutivo estatal los recursos necesarios para liquidar la deuda.
Hasta el cierre de esta edición, ni Francisco Chávez Rangel –sobre quien pesa una inhabilitación de 27 años por otras acusaciones de corrupción–, ni Lomas Torres, dieron respuesta a la petición de entrevista solicitada por la reportera.
Fuente: Proceso
