El rey emérito Juan Carlos I, exiliado en Abu Dabi y cercado por investigaciones judiciales, abonó de forma voluntaria al fisco español casi 4.4 millones de euros (5.3 millones de dólares) para regularizar su situación, informó este viernes su abogado.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que al igual que sus compatriotas siente “rechazo” ante las “conductas incívicas” del rey emérito Juan Carlos I.
De todas maneras, el líder socialista dejó claro que lo que se pone en cuestión tras conocerse los problemas fiscales del ex jefe de Estado es “el comportamiento de una persona” y no la institución de la Casa Real, agregando que el actual rey, Felipe VI, quien ha marcado distancia con su padre, tiene “todo [su]apoyo”.
“Juan Carlos me ha dado instrucciones para que haga público que ha procedido a presentar (…) una declaración sin requerimiento previo de clase alguna, de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha” de 4.395 millones de euros, indicó su abogado en un comunicado, confirmando reportes de prensa.
Este pago busca liquidar impuestos que debió haber pagado el ex jefe de Estado (1975-2014) por vuelos en jets privados que le fueron costeados por una fundación con sede en Liechtenstein perteneciente a uno de sus primos.
Es la segunda vez que el rey emérito, de 83 años, abona dinero para saldar sus deudas fiscales.
En diciembre, pagó 680 mil euros (unos 820 mil dólares) al fisco, una regularización ligada a una investigación anticorrupción vinculada al uso del rey emérito de tarjetas de crédito pagadas por cuentas de terceros: un empresario mexicano y un coronel del ejército del aire español.
De no haberlo hecho, podría haber cometido blanqueo, en hechos que además habrían ocurrido después de 2014, fecha a partir de la cual perdió su inmunidad como jefe de Estado al haber abdicado.
Partido en exilio en agosto pasado a Emiratos Árabes en medio de crecientes sospechas sobre el origen opaco de su fortuna, Juan Carlos está concernido por tres investigaciones judiciales.
La principal, abierta por la justicia española luego de una investigación lanzada por su homóloga suiza, busca determinar si el entonces monarca cobró una comisión por la adjudicación a un consorcio de empresas españolas en 2011 de un contrato de un tren de alta velocidad en Arabia Saudita.
Otra indaga un presunto blanqueo de capitales, ligado, según la prensa española, a una estructura opaca con millones de euros en paraísos fiscales.
