La justicia española investigará la demanda de una ciudadana belga que asegura que el ex monarca español Juan Carlos de Borbón es su padre, una demanda que ha venido a reforzar la fama de mujeriego que persiguió al ahora Rey emérito, especialmente en los últimos años de su reinado y el descubrimiento de su “affaire” con la alemana Corinna zu-Sayn Wittgestein. Al mismo tiempo se rechazó una demanda similar al catalán Alberto Solá, quien alega también se hijo del rey emérito
Una sala civil del Tribunal Supremo, integrada por 12 jueces, acordó el miércoles admitir la demanda presentada por la belga Ingrid Sartiau. El Supremo rechazó una segunda demanda de paternidad de un español por falta de fundamento jurídico.
La Casa Real evitó valorar el fallo y manifestó su “respeto a la independencia del Poder Judicial”, dijo un portavoz que habló bajo condición de anonimato por las políticas de comunicación de la monarquía.
Sartiau sostiene que su madre tuvo una relación con el entonces príncipe Juan Carlos hasta 1966, año en el que nació ella. Juan Carlos y la reina Sofía se casaron en Atenas en 1962.
Si la justicia estima que hay pruebas suficientes, podría ordenar al ex monarca que se someta a una prueba de paternidad.
En contraposición, el Supremo rechaza tramitar la demanda del catalán Alberto Solá Jiménez, quien defendía que el rey Juan Carlos mantuvo una relación con su madre biológica, Anna María Bach Ramon, antes de ser proclamado jefe del Estado. Su demanda ha sido desestimada, pero el papel del catalán en el caso de Ingrid es trascendental.
El rey Juan Carlos abdicó en su hijo Felipe VI en junio con la esperanza de renovar la corona. La acusación por delito fiscal que pesa contra su hija la infanta Cristina y escándalos como el polémico safari para cazar elefantes en África en plena crisis económica en 2012 deterioraron la imagen del monarca.
Durante sus casi 40 años de reinado, Juan Carlos no podía ser acusado de delito alguno por el principio de “inviolabilidad” judicial del jefe del Estado que garantiza la constitución española.
Juan Carlos perdió el privilegio tras la abdicación. El Parlamento aprobó entonces un aforamiento especial para que cualquier causa civil o penal contra el antiguo rey fuera obligatoriamente juzgada por el Tribunal Supremo.
Con información de AP y Libertad Digital
